El paro nacional indefinido de transportistas convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera se agrava. La escalada de tensión y los actos violentos contra los camioneros que deciden trabajar ha provocado un clamor unánime entre las asociaciones empresariales para que el Gobierno tome medidas urgentes que frenen el desabastecimiento en fábricas y mercados. Muchas empresas de transportes han decidido cancelar su actividad para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

A la paralización de la industria láctea se ha sumado este jueves los paros por falta de suministros en diferentes fábricas de toda España. La falta de materia prima ha obligado a detener la actividad en la planta de Azucarera en Jerez de la Frontera (Cádiz). "Este cierre supondrá un elevado coste para la compañía debido a la complejidad que supone la parada de una fábrica de este tipo", asegura la compañía.

Por su parte, la dirección de ArcelorMittal en Asturias ha decidido detener parte de su producción en las instalaciones acabadoras de Finishing "debido a la falta de suministros" provocada por el paro de los transportistas. Esta situación "viene a agravar un escenario ya de por sí muy complicado debido a los desorbitados precios de la energía eléctrica y la incertidumbre económica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania", ha señalado la compañía.

En el sector de la automoción, fuertemente afectado por la crisis de los microchips, también se han producido los primeros problemas de producción por el paro de los transportistas. La planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) cancelará el turno de mañana de este viernes en la línea de fabricación del Opel Corsa, debido a la falta de "componentes críticos".

24.000 agentes

Ante el devenir de los acontecimientos en un sector que mueve el 80% de las mercancías en España, el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para estar presentes en todos los puntos de la red viaria donde se registren incidentes e identificar a los piquetes que los generen.

El miércoles se constituyó un Centro de Seguimiento y Coordinación (CECOR) que se reúne tres veces al día bajo el mando del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Y casi 24.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participan en los dispositivos previstos para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas.

Ante la escalada de violencia por parte de algunos piquetes movilizados por una organización que no cuenta con el respaldo de las asociaciones mayoritarias del sector, patronales como Anfac (automoción), Aop (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) han reconocido este jueves "graves problemas en el funcionamiento de las industrias".

"La imposibilidad material de acceso a puertos y fábricas, acciones de sabotaje que están teniendo lugar pueden conducir a la paralización de la industria y de la distribución de productos esenciales a los ciudadanos", han alertado. En este sentido, insisten en que Interior debe intervenir para "garantizar el respeto a la actividad empresarial voluntaria y a la libre circulación de mercancías".

Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot"

raquel sánchez, ministra de transportes

El Gobierno ha respondido vinculando a los organizadores de los paros con la ultraderecha. "No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar. Estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot", ha añadido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En este sentido, ha declinado de momento reunirse con la plataforma convocante de los paros, que reclama medidas de mejora del sector que se ha visto especialmente golpeado por la escalada de los precios del carburante. Con quien sí se ha visto ya es con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), donde están las grandes patronales del sector pero no la plataforma organizadora de los paros.

El presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), Francisco Aranda, ha denunciado actos de “violencia desmedida” así como “la ausencia de medidas por parte del Gobierno que garanticen la seguridad de quienes quieren ejercer su derecho a trabajar para garantizar el abastecimiento".

Pescado fresco bloqueado

Por su parte, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas como Mercadona, Dia o Lidl, ha reclamado que "cesen ya las acciones violentas" contra los trabajadores del transporte. Y desde Fiab han asegurado que "la industria de alimentación y bebidas ha reportado numerosos incidentes y acciones violentas contra camiones, así como contra centros logísticos y de producción, que atentan contra la integridad y seguridad de los conductores y otros trabajadores".

Desde el Comité de Productos del Mar de la patronal de productores y distribuidores Aecoc han exigido también el "cese de las coacciones y acciones violentas que se están produciendo contra los transportistas no adheridos al paro del transporte, especialmente en el Norte de España y en Andalucía, y que dificultan el suministro de pescado fresco en todo el país".

Según denuncian, hay cientos de toneladas de pescado bloqueadas en puertos y lonjas de toda España. "Especialmente preocupante es la situación en Galicia donde los buques de altura están descargando sus capturas en los puertos y ahora no pueden redistribuir una mercancía destinada al conjunto del país. En el caso de Andalucía, la flota de bajura se ha visto obligada a amarrar los buques en muchos puertos pesqueros al no tener garantizada la venta de las capturas diarias", han explicado.

Por su parte, la Organización Interprofesional Láctea ha alertado de que "la interrupción en la circulación de camiones está poniendo en peligro el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche hacia los supermercados".