El Gobierno se enfrenta a un fin de semana de movilizaciones en medio del paro del sector del transporte de mercancía por carretera que está vaciando ya estanterías en los supermercados. Tras la pandemia, la guerra de Ucrania ha provocado un alza desbocado de los precios del combustible y de la energía que pone contra las cuerdas a muchos sectores clave y dispara el coste de llenar el depósito de los coches particulares.

Pero ante la tormenta perfecta que se cierne sobre la economía, el Gobierno aún no ha tomado medidas de calado que otros países sí están adoptando para frenar el impacto del conflicto bélico y la escalada en los costes de producción y en la factura de la luz de los hogares. Moncloa prefiere aguardar hasta ver si consigue ahormar un consenso europeo antes de actuar.

Y a la espera de que el Ejecutivo concrete su plan, los sectores más afectados se están echando a la calle para reclamar medidas que garanticen la viabilidad de sus negocios. Al menos, para no irse a pique. Unas protestas que en ocasiones se han saldado con incidentes, con agresiones a transportistas que no han secundado los paros. Los últimos datos hechos públicos por Interior cifran en 29 los detenidos hasta primera hora de este sábado y en 332 las personas investigadas/denunciadas. Además, un total de 714 convoyes de camiones de transportes han sido escoltados desde el inicio de las protestas.

Al calor de estas reivindicaciones, ya hay actores políticos que buscan capitalizar el malestar social provocado por los precios de la energía y los combustibles. Un malestar que ahora puede verse reforzado ante la escasez de productos básicos como la leche en los lineales, tras el paro de los transportistas que el Gobierno ha vinculado a grupos de la ultraderecha.

Tras las palabras pronunciadas el jueves por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este viernes que "no está siendo un paro, sino un boicot" y advertía de que "quienes están impidiendo que los productos lleguen" a su destino, "le están haciendo el juego a Putin", que no busca otra cosa que "la inestabilidad en el conjunto de los países europeos".

Precios de la energía

Vox, en este contexto, ha querido alimentar el descontento de gran parte de la población española contra el Gobierno por su inacción en medidas concretas para abaratar los costes energéticos de millones de hogares y de empresas. Si bien desde hace varios meses la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido una de las principales defensoras en la Comisión Europea por desligar el precio del gas en el mercado eléctrico y lanzar mensajes de liderazgo en los cambios que necesita el sector energético en Europa, lo cierto y verdad es que las declaraciones han sido más de cara a la galería.

Tanto Ribera como Sánchez han dicho en reiteradas ocasiones que no dudarían en acometer reformas dentro del sistema energético para abaratar los costes a los usuarios y empresas. Algo que no ha sucedido y no va a suceder. Como se mencionaba anteriormente, el presidente del Gobierno echó el freno de mano este mismo viernes y aseguró que no anunciará ninguna medida antes de que la Unión Europea finalice su reunión la próxima semana en la que se debatirá cómo rebajar el precio del gas, la gasolina o la electricidad.

Esta espera ha sido la gota que ha colmado el vaso para que partidos políticos como Vox y asociaciones de diversos sectores empresariales se lancen a las calles. Santiago Abascal será el encargado de encabezar este sábado la manifestación convocada a las 12 de la mañana en la madrileña plaza de Cibeles contra la subida generalizada de precios. Una marcha promovida por el sindicato Solidaridad, impulsado por el propio partido político. "El Gobierno de Pedro Sánchez es sin duda el responsable de la situación de desesperación", exclamaba hace unos días su vicepresidente político, Jorge Buxadé.

El Gobierno, como pronto, esperará hasta el 29 de marzo para anunciar sus medidas para relajar la crisis energética. Esta fecha, según entienden las asociaciones, es demasiado tarde después de que se iniciara el conflicto bélico hace más de tres semanas de guerra y más de un año con el mercado energético tensionado.

Más aún cuando otros países ya han anunciado rebajas de impuestos o ayudas directas para paliar los efectos de la crisis. Por ejemplo, el Gobierno francés completó este miércoles un plan de choque contra el alza de los precios energéticos y agroalimentarios derivado de la guerra en Ucrania que está dotado con más de 28.000 millones de euros y dirigido a empresas y hogares más expuestos. Su objetivo, según detalló en conferencia de prensa el primer ministro, Jean Castex, es afrontar a corto plazo las consecuencias económicas directas y a largo plazo preparar al país para reducir su dependencia energética y aumentar su soberanía.

Italia ha optado por la rebaja fiscal en los impuestos especiales de hidrocarburos. Aunque no es oficial, se espera que este mismo lunes el Ejecutivo transalpino dé luz verde a una reducción de gravámenes que podría abaratar entre 15 y 20 céntimos los carburantes.

Portugal, por su parte, ha puesto en marcha la concesión de vales descuentos de hasta 20 euros en su consumo y espera que llenar un depósito de 50 litros pueda suponer un ahorro de unos 25 euros. Más allá fue el gobierno polaco, que creó un "escudo antiinflacionista" que consistió en rebajar el IVA de los combustibles del 23% al 8% y el IVA sobre el gas natural y los fertilizantes lo redujeron al 0%.

Mientras, el Ejecutivo español aún sigue debatiendo cuáles son las mejores herramientas para estabilizar el precio de la energía. Pero, lejos de tenerlo todo más definido, las dudas en Moncloa siguen creciendo en torno a de qué manera atajar el incremento de los costes.

En un principio, Teresa Ribera prefería topar el precio del gas, si bien las últimas intenciones es poner un tope en el coste del megavatio a la hora en el mercado eléctrico. Por otra parte, el Gobierno aún no ha aclarado si, para rebajar los dígitos en los paneles de las estaciones de servicio, eliminará gravámenes o preferirá dar ayudas a ciertos colectivos, una idea que ha ido ganando fuerza durante las últimas jornadas.

Esta posibilidad ha propiciado que diversos sectores empresariales vean posible quedar al margen de las ayudas prometidas hace semanas por parte del Gobierno, dejando una situación insostenible a corto y medio plazo que ha desembocado en los paros y las manifestaciones programadas.

Transportistas, agricultores y ganaderos

A pesar del despliegue de 25.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, el Gobierno sigue sin ser capaz de frenar los efectos de un paro de camioneros convocado por una asociación minoritaria sin representación en los órganos oficiales de interlocución del sector con el Ministerio de Transportes.

Sus reivindicaciones pasan fundamentalmente por paliar el alza del precio de los carburantes, pero también reclaman otras mediadas como la jubilación a los 60 para los transportistas o la prohibición de la carga y descarga sin excepciones.

Dicen no sentirse representados por las grandes organizaciones del sector como la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que no apoyan el paro aunque comparten reivindicaciones. De hecho, estas últimas creen que no es el momento de paralizar el país y generar riesgo de desabastecimiento.

Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez, declina reunirse con ellos por no considerarles interlocutores válidos. "Ni este Gobierno ni esta sociedad acepta chantajes, amedrentamientos y amenazas por parte de un grupo minoritario, alentado por la ultraderecha y por grupos antidemocráticos, que lo que están haciendo es impedir que los transportistas puedan trabajar y que se realicen servicios esenciales para toda la ciudadanía. Estamos ante una enorme irresponsabilidad", aseveran fuentes de Transportes.

Efecto en cascada

"Esta no es una situación en la que el sector del transporte ponga en jaque al Gobierno. Es una situación en el que un grupo de transportistas radicalizados están poniendo en jaque al sector del transporte y el normal funcionamiento del tejido productivo del país", prosiguen.

En efecto, el paro de los camioneros no hace sino agravar la crisis en la que viven sumidos agricultores y ganaderos. En algunas explotaciones ya están teniendo que tirar la leche porque los camiones no pasan a recogerla y la industria láctea se ha visto obligada a paralizar fábricas por falta de materiales.

En este contexto, el malestar del campo pretende quedar patente este domingo ante el panorama inasumible que tienen por delante muchos agricultores y ganaderos del país, que ven cómo sus costes no han parado de subir en el último año. Y Vox también se sumará a la marcha en la que participarán miembros del PP como Cuca Gamarra y Esteban González Pons.

La preocupación de los ganaderos es clara. "La subida de los piensos ha venido para quedarse. Hemos hablado con muchas fábricas de piensos que ya tienen previsiones para un trimestre y cada vez sube más", revela el presidente de la mayor asociación de productores de leche de España (Agaprol), Francisco Fernández. En el caso de las vacas, los 14 kilos de media diarios que comen "representan un 60% del coste total" de explotación. "En los últimos 15 días, los piensos han subido un 30%, pero antes ya habían crecido otro 40 o 50%", se queja.

Los ganaderos se verán abocados a bajar la producción de leche en un país deficitario y sacrificar animales para pagar facturas

Para hacer un dibujo de la situación no hay más que fijarse en el coste de materias primas muy básicas para el alimento del ganado. A finales de 2020, el maíz estaba a 180 euros la tonelada y ahora está a 420 euros. La soja, la proteína más usada, estaba en 360 euros y hoy ha pasado a 620. La cebada ha crecido de 180 euros a 420 y la colza ha escalado de 200 a 500 euros. Si no se toman medidas -añaden en el sector- los ganaderos se verán abocados a bajar la producción de leche en un país actualmente deficitario y sacrificar animales para pagar facturas.

Pero el sector pesquero tampoco se libra de la tormenta del gasoil. De hecho, parte de la flota debe permanecer amarrada en puerto por los inasumibles costes de producción. El Gobierno quiere llevar a Bruselas junto a otros países medidas que permitan hacer frente a la escalada de los precios. De momento, la situación en los puertos donde sí hay pescado ya capturado es crítica, ante el bloqueo de la mercancía por el paro de los camioneros.

Según los cálculos realizados por la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged), los cinco días de protestas han ocasionado ya pérdidas de 600 millones de euros al sector primario, industria y distribución alimentaria y ponen en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.

De hecho el cese de actividad en el transporte afecta también a otras industrias que ya venían arrastrando problemas de rentabilidad por el precio disparado del gas. "Si no se resuelve la situación inmediatamente pueden llegar a forzar la parada de hornos por falta de suministros de ciertas materias primas, incluso provocando más ERTE en el sector de los que ya se están registrando", lamentan desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).