Las previsiones del crecimiento español del Gobierno pecan, año tras año, de optimistas. El cuadro macroeconómico de María Jesús Montero y Calviño tiende a estimar un avance del PIB que termina quedando muy por delante del real. Pero con el déficit está ocurriendo lo contrario: los pronósticos del Ejecutivo están siendo pesimistas, indican que cerrará el año con un déficit mayor de la cifra que finalmente resulta.

La clave está en la inflación. Existe déficit cuando los gastos de un Estado superan a los ingresos, por tanto, a mayores ingresos, menor déficit. Y la subida generalizada de los precios, que el año pasado en España fue de un 3,1% frente al anterior, ayudó al Gobierno a recaudar más en impuestos de lo que inicialmente pensaba.

Por eso, mientras que el Gobierno preveía que el déficit de 2021 se situase en el 8,4%, ahora mismo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta a que quedará más bien en el 7%, o incluso por debajo de esa cifra. Aun no hay datos oficiales sobre cómo ha terminado el déficit el 2021.

Del lado del crecimiento ha sucedido al contrario: el pasado año el Gobierno estimaba que España crecería en 2021 un 9,8% -luego se corrigió y apuntó a un 6,5%- y finalmente el PIB avanzó un 5%, casi 5 puntos por debajo de lo inicialmente planteado. Organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea venían advirtiendo durante todo el año de que las cifras del Ejecutivo español no eran realistas. Con el déficit es al revés, pero además la realidad está superando incluso a las previsiones más optimistas.

"La recaudación por ingresos nos ha sorprendido", expresó esta semana la presidenta de este organismo, Cristina Herrero. La inflación está llevando a que el Estado recaude más por IVA, el impuesto indirecto que grava el consumo, ya que los ciudadanos continúan adquiriendo muchos productos independientemente de estos suban de precio.

Esa misma razón podría llevar a un efecto similar este año, cuando posiblemente los precios aumentarán el doble de lo que lo hicieron en 2021. El centro de estudios Funcas, que recoge todas las previsiones económicas de los distintos organismos y casas de análisis, ha calculado que la media entre todos aquellos que ya han actualizado sus pronósticos con el impacto de la guerra en Ucrania, y el resultado es que la inflación crecerá un 5,8% este año.

La AIReF cree que esta inflación desbocada dará lugar a que el Gobierno ingrese entre 3.000 y 3.500 euros más de lo esperado por IVA este ejercicio. Eso tiene varias ramificaciones: por un lado, permitirá terminar el año con menos déficit del previsto, si los ingresos son mayores y los gastos se mantienen constantes.

Pero también dará al Gobierno la oportunidad de utilizar esos ingresos inesperados para combatir el alza de la inflación, por ejemplo, a través de cheques para los más vulnerables, o limitando el IVA de la gasolina, como se ha planteado. En ese sentido, el Banco de España ha advertido al Gobierno de que las medidas que tome para hacer frente a la escalada de precios deben ser temporales, para no aumentar el déficit.

Para este año, la previsión de déficit de Funcas es del 5,7% del PIB con el efecto de la guerra, de nuevo según la media de los panelistas que ha analizado, 5,5% sin los efectos del conflicto. El Gobierno, por su lado, estima que el déficit se situará en el 5% en 2022, en el 4% en 2023 y en el 3,2% en 2024, según el cuadro macroeconómico que publicó en abril del año pasado y que no ha actualizado -sí reafirmó estas cifras en octubre-. Ese cálculo no incluye el impacto de la reforma fiscal que el Gobierno está planteando.

Desde la AIReF recuerdan que el Gobierno debe definir un marco fiscal que incorpore el nuevo escenario que se plantea, con la guerra de Ucrania. También el Banco de España ha pedido esta semana un programa que permita reducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos. Está pendiente además que la Comisión Europea reforme el marco comunitario.

Ahora mismo, la suspensión de las normas fiscales de la Comisión Europea, una de las primeras medidas que el organismo tomó en relación a la pandemia, sigue vigente, permitiendo a los estados sobrepasar sus objetivos de déficit y deuda sin multarlos por ello. Dichas normas establecen que nuestro país no puede sobrepasar el tope de déficit del 3%.

En 2020, el déficit se disparó hasta el 10,09% del PIB, sin incluir las pérdidas de Sareb (con ellas se elevó al 10,97%), por el mayor gasto que llevó a cabo el Estado para hacer frente a la pandemia. Supuso la segunda cifra más alta desde que se tienen registros, solo por detrás de la de 2012 (cuando fue del 10,6%).