El paro del transporte de mercancías por carretera que comenzó el pasado lunes está provocando un fuerte impacto en la cadena de suministro, desde el sector primario, la industria, el transporte y la distribución. Pero, ¿quién organiza este paro nacional indefinido?

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera. Al frente de la misma está Manuel Hernández, que se define como un "autónomo arruinado" que se ha lanzado a la lucha por un sector que sufre las condiciones impuestas por las empresas cargadoras.

En diciembre, las grandes organizaciones del sector -la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer)- amenazaron con un paro nacional en plena campaña navideña.

Sin embargo, la negociación con el Gobierno dio sus frutos y se tradujo en un Real Decreto que, según fuentes de Transportes, recoge varias de sus reclamaciones como prohibir la carga y descarga por parte de los conductores o la introducción obligatoria en los contratos de una clausula de revisión de precios en función del coste del combustible.

Las que no están dentro del acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano reglado de interlocución del sector con el Ministerio, "son de muy difícil cumplimiento y encaje en el marco normativo actual", explican desde el Departamento que dirige Raquel Sánchez. "Por tanto, desde un punto de vista racional no parece tener un fundamento muy sólido la convocatoria de paro pues la mayoría de los puntos ya se acordaron con el CNTC en diciembre", agregan.

Pero la organización que preside Hernández dice no sentirse representada por las dos grandes organizaciones que tienen presencia en el órgano oficial de interlocución con el Ministerio de Transportes, que es la sección de Mercancías del CNTC. Su composición ha sido recientemente reelegida hasta 2025, con un 53% de CETM y un 26% de Fenadismer. El resto, corresponde a otras organizaciones como Fetransa, Feintra y Astic.

El pasado 5 de marzo, la organización convocante del paro nacional indefinido celebró una asamblea en el madrileño Palacio de Vistalegre, con la asistencia de unos 600 participantes. Se trata de una asociación en teoría minoritaria, pero que ha conseguido movilizar a autónomos y pymes y obligar a muchas empresas a dejar los camiones guardados por miedo a los actos violentos de algunos piquetes, que incluyen pinchazos en las ruedas, vuelco de remolques, rotura de lonas y pedradas en los cristales.

En cualquier caso, no se trata de una asociación de nuevo cuño, sino que en 2008 protagonizó bajo la misma denominación otro gran paro del sector del transporte de mercancías por carretera, también al margen de las asociaciones en teoría más representativas.

"La situación del sector se veía fuertemente agravada por la incesante subida del combustible, lo que también aceleró las decisiones que este pequeño grupo de transportistas que lideraban 'Plataforma' iban a tener que tomar. No podíamos imaginar el aluvión de transportistas que mostrarían su apoyo a Plataforma y que de manera incondicional eran partidarios de parar de forma rotunda la actividad por la imposibilidad de rentabilizar sus camiones frente a los precios del gasoil", recuerdan en su página web.

En aquella ocasión, añaden, "hicieron falta 2 días nada más para que el Gobierno se diera cuenta de que tenía un gran problema de desabastecimiento y que esa nueva Organización de Transportistas a la que había despreciado, le tenía parado el transporte casi en su totalidad".

Ahora, el Ejecutivo ha movilizado a más de 20.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y se niega a reunirse con los representantes de la citada plataforma. Además, ha vinculado la organización de los paros con la ultraderecha.

"Ni este Gobierno ni esta sociedad acepta chantajes, amedrentamientos y amenazas por parte de un grupo minoritario, alentado por la ultraderecha y por grupos antidemocráticos, que lo que están haciendo es impedir que los transportistas puedan trabajar y que se realicen servicios esenciales para toda la ciudadanía. Estamos ante una enorme irresponsabilidad", explican fuentes del Ministerio de Transportes.

Este extremo es rechazado de plano por los responsables de la asociación. "Se está intentando criminalizar y colgar etiquetas ideológicas a un sector que solo busca poder vivir de su trabajo y que se siente marginado y despreciado por sus gobernantes", alegan.

Desde Transportes rebaten que "esta no es una situación en la que el sector del transporte ponga en jaque al Gobierno". "Es una situación en el que un grupo de transportistas radicalizados están poniendo en jaque al sector del transporte y el normal funcionamiento del tejido productivo del país", abundan.

Además, recuerdan que la Plataforma se arroga la representación de las empresas pequeñas, autónomos y conductores asalariados, mientras que "en el CNTC están representadas todo tipo de empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas".

Francia o Portugal toman otras medidas

En otros países como Francia, el Gobierno ha alcanzado este viernes un acuerdo con las asociaciones de transportistas para poner en marcha un plan de ayudas de 400 millones de euros que sirva para paliar la subida de los combustibles. Gracias a ello, el Ejecutivo de Emmanuel Macron ha conseguido que se desconvoquen las huelgas previstas el próximo lunes.

Asimismo, el Gobierno portugués ha alcanzado un acuerdo con las asociaciones de transportistas lusas comprometiéndose a bonificar con hasta 30 céntimos por litro el gasóleo durante los tres próximos meses, así como facilitar el aplazamiento del pago de sus impuestos.

Aquí en España, la cadena alimentaria calcula que la primera semana del paro les provocará unas pérdidas de 600 millones de euros, según las patronales del sector del consumo. Los problemas de abastecimiento se han dejado notar ya en los principales mercados del país, con especial incidencia en productos frescos como fruta, verdura y pescado.

Pero la posición del Ejecutivo es firme ante la escalada por parte de los piquetes. "Esto no es una huelga, ni es un paro secundado por el Comité Nacional del Trasportes por Carretera, que representa al 90% del sector. Son movilizaciones violentas. Son delitos y agresiones a ciudadanos. No vamos a transigir con quienes sustituyen la palabra por los palos, las piedras y los clavos. Los radicales no están protegidos de ninguna forma por el derecho a huelga, que el Gobierno respeta y respetará siempre", concluyen las citadas fuentes de Transportes.