El tiempo es un bien preciado y a menudo escaso. En la crisis de suministro y paralización económica que vive España a una parte se le ha agotado, al sector productivo, y la otra, el Gobierno, lo busca desesperadamente. Una angustia ante la deriva de la situación que ha dejado al Ejecutivo de Pedro Sánchez en fase de parálisis, desbordado e incapaz de encontrar medidas urgentes que permitan paliar la emergencia energética y productiva.

Mientras las estanterías de los supermercados se vacían, industrias y empresas detienen sus producciones por falta de suministros, el presidente del Gobierno sigue estirando el reloj en busca de apoyos que le permitan dar con la clave energética que necesita. No parece sencillo, menos aún hacerlo de modo urgente con la profunda grieta que atraviesa todo el tejido productivo de nuestro país.

Lo ha intentado incluso precipitando una gira europea que le ha llevado por Roma, Francia y Bruselas en busca de aliados a su pretensión de romper el vínculo que ata la fijación de precios de gas y electricidad. La frialdad del canciller alemán Olaf Scholz a su propuesta a intervenir los precios ha sido un jarro de agua fría a su intento por frenar el precio desbocado de la energía.

De la ausencia de plan y alternativas para resolver la crisis da muestra el viraje de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Si el pasado jueves anunciaba que España propondría volver topar el precio del MWh en 180 euros, -como lo estuvo hasta 2019- sólo cinco días después, tras constatar la falta de apoyo comunitario, anunció que retiraba la propuesta.

Por si este problema no fuera suficiente, la situación también ha tensado las relaciones en el seno del Gobierno. La crisis del Sáhara amenaza con complicar la crisis energética. Argelia está molesta con España por su viraje con el Sáhara y a la ministra Ribera no le ha sentado bien que su Gobierno no cuidara mejor el posible impacto energético de una decisión de tal calado. Con Podemos, las diferencias han vuelto a aflorar por enésima vez, esta vez en torno a la necesidad de topar el gas... en 75 euros por MWh, menos de la mitad de lo que planteaba la ministra de Energía.

Ni siquiera los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora han mantenido un perfil bajo pese a la crisis, han podido seguir al margen. UGT y CCOO han dejado a un lado su sintonía con este Gobierno y llevarán a cabo hoy movilizaciones por el alza de precios.

Por el momento, no hay ‘plan b’. El lunes, la paralización se manifestó en una suerte de precipitación o improvisación. La cita con el sector del transporte de mercancías que debía poner fin al foco principal, que no el único, de la situación más apremiante, tampoco dio resultado. El anuncio somero de una partida de 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo profesional no ha servido para nada. Los transportistas carecen de tiempo y el Gobierno les pide que esperen al viernes, cuando conocerán el cómo, el a quién y el cuánto de las subvenciones.

Más transportistas secundan el paro

Parecía evidente que una reunión para resolver el paro sin incluir a los convocantes del mismo pudiera dar resultado. No tanto que el resultado del encuentro fuera que lejos de resolver la situación la enquistara más. Desde ayer nuevas patronales, algunas no tan pequeñas como la que inicio el paro –Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera-, se han pasado al lado de quienes están sacando sus camiones por todas las ciudades de España. Fenadismer, Fetransa y Feintra son algunas de las patronales que han pasado de la mesa a la protesta tras la imprecisa oferta del Gobierno.  

Otra de las puertas en busca de salida ha sido pasar la factura al sector energético. La cita celebrada ayer tampoco arrojó medidas concretas. El intento para que las grandes energéticas ‘carguen’ con parte del coste de paliar el precio desorbitado, vía a un impuesto específico, es por ahora más un slogan que una realidad. El ‘mantra’ que desde el Gobierno, en particular desde Unidas Podemos, se repite para subrayar que parte de sus beneficios vienen “caídos del cielo” no se ha traducido en nuevos gravámenes. El Ejecutivo reconoció ayer que por ahora lo que se explora con las energéticas es cómo lograr comprar más barata la energía.

Sin apoyos en Europa, sin medidas suficientes para encauzar al transporte, ni corregir el precio de la energía, el tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno. Lo hace, además, empeorando cada día que pasa la situación. En apenas diez días, al Gobierno la calle se le ha incendiado y lo ha hecho con una propagación inusitada. El suelo parecía propicio para hacerlo desde hace meses. Las subidas imparables de luz y gas y una inflación desconocida en décadas llevaban meses tensionando mercados y empresas. El impacto económico mundial de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones posteriores han terminado por complicar el tablero económico al Gobierno en esta segunda mitad de legislatura.

Reducir el IVA es una opción que Sánchez ya ha exprimido. Lo ha hecho para contener el precio de la luz. Medida que ha prorrogado hasta abril con un coste en pérdida de ingresos en tributos para el Estado de casi 12.000 millones de euros. Ahora, el Ejecutivo ya ha recordado que es demasiado coste para seguir por esa senda.

Sucesión de movilizaciones en la calle

La incertidumbre que este contexto genera no ayuda. La revisión de las proyecciones económicas se impone y los ajustes en las estimaciones de recaudación impositiva, y por tanto de recursos disponibles, también. El Gobierno sigue fiando gran parte de su oxígeno financiero a Europa, por ello, su apuesta principal pasa por la cumbre del próximo 25 y 26 de marzo. No llegar excesivamente maltrecho es, hoy por hoy, una prioridad. Sánchez anunció que sus medidas llegarían el día 29. En este contexto con una fotografía social que empeora día a día, una semana puede ser una eternidad.

Las movilizaciones que comenzaron con los camioneros hace diez días, y a las que el Gobierno no prestó atención –incluso llegó a menospreciar-, tienen hoy más seguidores. A las protestas del sector del transporte de mercancías se sumará pronto el transporte de viajeros, que ha convocado una manifestación para este domingo. El campo ya demostró el domingo pasado en Madrid, y días antes en numerosas ciudades españolas, que tampoco puede más. Lo hizo acreditando una gran capacidad de movilización sacando a la calle a más de 100.000 agricultores y ganaderos.

Y hoy, el sector pesquero hará lo propio. Hace días que sus flotas están amarradas a puerto, que salir a faenar es más caro que quedarse en casa. Más aún cuando sus mercancías no encuentran transporte con el que distribuirlas y se pudren en las lonjas. Hoy el sector reclamará ayudas “contundentes, urgentes e inmediatas”, asegura a ‘El Independiente’ el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, Basilio Otero. También advierte de que la escasez de género en las pescaderías que ya se percibe se agravará y el pescado se encarecerá.

Un problema de suministro y encarecimiento que en los últimos días ha sido evidente en la mayoría de los supermercados del país. El sector lácteo es uno de los más afectados. Los estantes sin leche o con escasez de productos lácteos son la consecuencia de los problemas de suministro que está ocasionando el paro del transporte. La compañía Danone anunció ayer que cierra sus siete plantas en España –en las que produce agua mineral y lácteos-. Poco después llegó el anunció de otro gigante del sector, Lactalis (Puleva, President, La Lechera…) que reconocía su situación “crítica” por no disponer de materiales necesarios para producir; cartones, plásticos, palés… La lista es larga, casi interminable. Las cerveceras como Heineken o Estrella Galicia se encuentran en una situación similar. O incluso cadenas como Inditex o Amazón se resienten ya de modo importante.     

Problemas de suministro

A todo ello se suman los problemas de suministro que la guerra en Ucrania está provocando y que también se ha notado en la escasez de algunos productos. El problema del aceite de girasol fue el primero y más mediático, no el único. Las organizaciones del gran consumo, que agrupa al sector primario, industria y distribución lanzaron ayer la voz de alarma asegurando que la situación requiere de una solución inmediata. “Esto es ya un problema de Estado”, afirmaron, que pone en peligro 160.000 empleos. La patronal de la industria alimentaria cifró en más de 600 millones de euros las pérdidas hasta el pasado viernes.

El impacto en el sector alimentario es el más cotidiano, pero las grandes industrias, en particular las electrointensivas, llevan semanas sobreviviendo. La factura energética de acerías, papeleras y grandes industrias se ha disparado de tal manera que muchas se han visto obligadas a para sus producciones. A muchas, el problema se ha agravado aún más con los problemas de suministro de los últimos días.

Entretanto, el tiempo avanza. Lo hace agotando la capacidad de resistencia de muchos sectores y con la necesidad de las soluciones se impongan. De Europa o de La Moncloa.