Ponerse al volante de un camión en los tiempos que corren es una aventura de alto riesgo. Y no por los peligros de la carretera. Las subida del precio del carburante ha hecho que una parte del sector se haya sublevado durante doce días para reivindicar no sólo una compensación del alza de costes, sino una mejora de condiciones con las empresas que contratan sus servicios.

El transporte de mercancías por carretera es un sector particularmente dividido entre unas pocas empresas con grandes flotas de camiones y conductores asalariados, y una gran cantidad de pequeñas compañías y camioneros autónomos que deben competir en un mercado donde la competición de precios es voraz.

No hay datos oficiales de cuántos transportistas hay en España. La cifra más aproximada son los 260.000 vehículos de transporte pesado que se mueven por nuestras carreteras y los 105.000 ligeros. En total, 365.000 que pueden llevar la cifra de conductores hasta el entorno de los 390.000. "El 50% de las empresas son autónomos y otro 30% tienen menos de cinco camiones", explican fuentes del sector.

Según datos recopilados por Iberinform, el tejido empresarial del sector está muy atomizado. "Apenas un 4% está compuesto por grandes y medianas empresas. El 27% está formado por pequeñas empresas y la dimensión del 69% es de microempresa", explican desde la filial de Crédito y Caución. Además, el 53% de las empresas del sector se ha fundado en la última década.

Déficit de conductores

Al margen de eso, el acceso a la profesión se erige como un verdadero problema y cada vez hay mayor déficit de conductores. El actual escenario tampoco es muy incentivador. Al elevado coste de la licencia y de la adquisición de un vehículo, se suman otros factores que frenan la entrada de los más jóvenes a un oficio donde cada vez se gana menos dinero. "El transporte local por el crecimiento del comercio electrónico está ganando mucho terreno", explica el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Diaz.

Aunque en este segmento el salario es inferior, permite dormir en casa a diario a unas nuevas generaciones que tienen cada vez más en cuenta el factor de la conciliación. Además, los conductores de rutas de larga distancia se siguen teniendo que enfrentar a la inseguridad y a unas estaciones de servicio que no están en condiciones óptimas. La obligación de la carga y descarga de la mercancía o las largas horas de espera para realizarla añaden más argumentos para que cada vez menos jóvenes quieran dedicarse a ello.

Parte de estos problemas históricos del sector trataron de ser resueltos en los acuerdos que el Gobierno alcanzó el pasado mes de diciembre con los representantes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el mismo órgano con el que este viernes logró un pacto para bonificar con 20 céntimos cada litro de gasóleo y ayudas directas de 450 millones de euros para el sector.

Al margen de otras medidas, el acuerdo alcanzado de madrugada contempla duplicar la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasarán de 10 a 20 millones de euros en 2022. Según reconoce el propio Ministerio que dirige Raquel Sánchez, el sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. De hecho, la medida de edad supera los 50 años.

Cada año, el Ministerio destina una importante partida presupuestaria que contempla ayudas por autónomo de 30.000 euros. Ahora, tras el pacto alcanzado en medio del paro de transportistas organizado por una plataforma independiente, se duplicarán las cuantías para "ayudar a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad".

Por otro lado, una de las grandes reivindicaciones de la plataforma convocante de los paros en el sector es que se legisle para prohibir que se pueda trabajar a pérdidas y que las empresas no puedan contratar a transportistas a un precio que se sitúe por debajo de sus costes.

En el acuerdo alcanzado, el Gobierno se ha comprometido a acelerar uno de los compromisos adoptados en diciembre y presentar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector.

También habrá 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

Riesgo de impago

De acuerdo con los datos ofrecidos por Iberinform, "el 30% de las empresas de transporte de mercancías por carreteras se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago". La filial de Crédito y Caución explica que el análisis de las cuentas agregadas del sector "muestra márgenes muy ajustados, ligeramente por debajo del 2%". Esto incrementa el impacto de las crecientes tensiones sufridas por este eslabón clave de la cadena logística ante el significativo incremento de los carburantes.

"El retrato robot del sector es el de una empresa sin plantilla y con menos de 300.000 euros de facturación que soporta en las actuales circunstancias niveles de riesgo de crédito relativamente elevados por el estrechamiento de sus márgenes", afirman.

Respecto a su distribución territorial, un 17% de las empresas de transporte de mercancías por carretera se concentran en Andalucía; otro 16% en Cataluña; un 12% más en Madrid; y otro 11% en la Comunidad Valenciana (11%).