El Gobierno reacciona al fallo del Tribunal Superior de Justicia del pasado febrero respecto al bono social eléctrico. Las grandes empresas del sector llevaron hasta los tribunales el sistema actual por el cual se tenían que hacer cargo del montante total correspondiente a las ayudas a las familias con menos recursos.

Las grandes corporaciones como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP -cada una por separado- pedían a la Justicia que el reparto fuera más equitativo y que no solo tuvieran que hacer frente a este bono social las comercializadoras. Según datos oficiales, el 88% de los recibos los emiten estas empresas por lo que casi todo el total tenían que soportarlo estas compañías.

Pero el Tribunal Superior dijo que o bien se tenía que cargar a todo el sector energético (generadoras, transportistas, distribuidoras) o bien deberían salir de los Presupuestos Generales del Estado. Y el Ejecutivo, a través del Real Decreto aprobado este mismo martes, ha decidido la segunda opción. Una obligación que, tal y como revelan fuentes del sector eléctrico, podría acabar en los tribunales ya que algunas de las compañías abogan porque el “bono social debería salir de los Presupuestos Generales”, tal y como ocurre con el bono social térmico. De acuerdo al real decreto aprobado, las empresas pagarán de acuerdo a su facturación.

De hecho, las mismas voces recuerdan que en otros países de la Unión Europea prevén que ese coste se financie con cargo a sus presupuestos generales, pero España optó desde un principio por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.

De acuerdo a las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, en el año 2021, la cantidad destinada por el bono social eléctrico ascendió hasta los 159,3 millones de euros, unos números que se verán ampliados este presente año. Estos números se van a ampliar considerablemente este 2022 puesto que el Ejecutivo ha ampliado las condiciones para acceder a dichas ayudas.

El Gobierno prorrogó, de esta manera, hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente, y refuerza su protección social, con varias medidas relevantes, como la renovación automática en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos para percibirlo.

Así, de acuerdo a la información que maneja el sector energético, la cantidad se ampliará hasta los 232 millones de euros. Se trata de una cuantía a la que tendrá que hacer frente el sector energético en esta ampliación de condiciones del bono social eléctrico.

Cabe recordar, en este sentido, que los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico, que cubren los PGE; en consecuencia, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono térmico hasta los 228 millones.

Beneficios caídos del cielo

La otra gran propuesta con la que espera rebajar el precio del gas es la de la reducción de los beneficios caídos del cielo que se puedan producir por el incremento en los precios del gas a los nuevos contratos bilaterales que se firmen a partir de que salga adelante el real decreto. Así, el precio máximo que van a poder ofrecer las plantas de cogeneración, hidráulica, renovables y nuclear es de 67 euros. Este precio, que es el que ya se fijó el pasado otoño, se basa en la cotización del mercado ibérico (Mibgas) desde su creación: 20 euros/MWh.

Dicha medida ya se aprobó el pasado mes de septiembre si bien es cierto que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás ante el empuje de las eléctricas que amenazaron al Ejecutivo con parar sus producción. De hecho, el Ministerio tuvo que corregir y no incluir a los contratos bilaterales, algo que sí se incluye en este nuevo. Este hecho provocó una merma en su recaudación, que se estimó en los 2.600 millones de euros.

Para darle empaque a su decisión, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recalcan que en esta ocasión “cuentan con el respaldo de Bruselas”, tras la reunión mantenida la semana pasada en el Consejo de Europa. Esta medida servirá para que lo recaudado se destinará a costear la bajada de la factura de los consumidores, aunque el Gobierno aún no ha especificado cómo.

La medida ha caído como un jarro de agua fría a las eléctricas, que tal y como recalcan fuentes del sector, “ya viene siendo habitual”, puesto que durante las últimas semanas, el Ejecutivo se comprometió a “no revisar la fiscalidad de las empresas del sector eléctrico”. En este sentido, lamentan que, “una vez más”, se haya aprobado una normativa sin conocer de primera mano la posición de las compañías.

Por otra parte, el Gobierno ultima la documentación que tendrá que remitir a Bruselas para poder desacoplar el precio del gas en el mercado eléctrico español. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “a finales de semana” se mandará toda la información necesaria a la Comisión Europea en el que se fijará un precio al gas en las centrales de ciclo combinado en la horquilla de 30 y 50 euros.