La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha comunicado que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, gratuita para los usuarios y cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha explicado que el anteproyecto, que se somete ahora a audiencia pública, supone la creación de la autoridad que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.

La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.

Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos. Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro.

Según ha detallado Calviño, "salvo en casos excepcionales", la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolverá las reclamaciones en un periodo máximo de 90 días y su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. "Este es un cambio muy importante con respecto a la situación actual, en la que los servicios de reclamaciones de estos supervisores financieros no tenían carácter vinculante para las entidades", ha destacado la ministra.

El sistema de reclamaciones será gratuito para los clientes financieros, que podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador.

Además, Calviño ha anunciado que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos "de manera ágil".

Las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.