La Asociación Española de Entidades Cotizadas (AEMEC), que representa a más de 7.000 antiguos accionistas del Banco Popular y al 4% del capital, ha pedido más pruebas sobre la quiebra de la entidad en 2017. La AEMEC señala que hay “evidencias más que acreditadas de una maliciosa gestión llevada a cabo por Emilio Saracho (presidente de Banco Popular en el momento de la quiebra)”.

Asimismo, los accionistas de la entidad explican que esa “maliciosa gestión” determinó la resolución del banco, lo que según han comunicado evidenció “la deslealtad en la gestión del señor Saracho”. Por todo ello, la asociación considera que existen indicios “más que racionales” de la comisión de un “posible delito de administración desleal”.

De esta manera, la asociación accionista ha presentado un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, sobre “hitos probatorios relevantes sobre la desleal gestión del investigado”. Así, aseguran que en la declaración que presentó Saracho se aprecia “la precipitación e irregularidad de su nombramiento y las incomprensibles actuaciones que realizó u omitió desde su llegada al banco”.

Consideran, además, que Saracho se situó “deliberadamente fuera de lo que debía hacer”. Los accionistas destacan el "abandono" del 'Proyecto Sunrise', el "banco malo" ideado por Ángel Ron, ex presidente de Banco Popular, en 2016 como parte del plan de saneamiento de la entidad. Según sostienen, este plan "fue deliberadamente postergado", bajo el argumento de que se estaba a la espera de la creación de un "banco malo europeo" que nunca se llegó a constituir, pero en verdad se hizo porque "su ejecución era la única forma de gestionar adecuadamente el patrimonio inmobiliario improductivo en balance, y eso era contrario a su voluntad de transmitir el banco a corto plazo a un tercero a bajo precio".

La AEMEC también hace alusión a las declaraciones de los peritos del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE), que en los últimos meses han ratificado sus informes. En esta línea, subrayan que los expertos del primer organismo concluyeron que Popular "era solvente y viable en el momento de su resolución", en junio de 2017.

Por ello, los accionistas recuerdan que Saracho viajó en marzo de 2017 a Frankfurt para tratar la situación en la que se encontraba la entidad y que, "de manera inaudita, acabó planteando tres escenarios posibles" que pasaban desde una ampliación de capital, a la venta del banco y la resolución, que finalmente tuvo lugar.

Con todo esto, los accionistas insisten en que es un “hecho objetivo que dicha gestión malintencionada ha generado la destrucción del valor del accionista, que, a postre, era el titular del banco” . Por ello, explican que la reexpresión de las cuentas del banco y señalan que fue el primer paso en la generación de una escalada de desconfianza hacia la entidad y sus directivos.

Según explican los accionistas, en tal reexpresión se ocultó el superávit de 184 millones de euros en las provisiones para créditos. Además, la asociación de accionistas explica que Saracho ocultó al Consejo el contenido de su conversación en el BCE en marzo de 2017.