Es la espada de Damocles que pesa sobre muchos trabajadores públicos. En particular, sobre aquellos que no tienen aún la plaza en ‘propiedad’ y no han logrado acreditar uno de los requisitos que en Euskadi viene asignada a cada plaza pública, además de la cualificación y los méritos: la capacitación lingüística.

Acreditar los perfiles de euskera asignados a las plazas es una exigencia a cumplir para poder ocupar de modo definitivo, no interino, una plaza. Ahora, en pleno periodo de convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo, muchos de ellos ven peligrar su puesto de trabajo pese a sumar más de una década ocupando el puesto. El sindicato UGT Euskadi ha denunciado que son alrededor de 1.000 los trabajadores del Gobierno vasco con más de 50 años que podrían perder su puesto al no tener acreditado su perfil lingüístico.

Por ello, la central reclama que se retrase el proceso de euskaldunización entre 10 y 15 años para que todos ellos alcancen la edad de jubilación y no se vean obligados a abandonar la labor que vienen ejerciendo. Recuerdan que se trata de una generación que cuando accedió a la Administración no se les exigió la acreditación de euskera y que, además, la mayor parte de ellos, por su edad, no tuvieron la oportunidad de estudiar euskera.

El 18%, sin perfil acreditado

El pasado 7 de abril el viceconsejero de Función Pública del Gobierno vasco aseguró que la acreditación de perfiles lingüísticos sigue sin completarse en el 18% de los empleados públicos. En algunos casos por dificultades para obtener el PL3, que requiere un alto nivel de conocimiento, o por dificultades para conciliar su situación familiar con el aprendizaje o por haber carecido de medios para llevar a cabo el estudio de euskera.

Para UGT, mantener la exigencia de acreditación para seguir ocupando su plaza supone situarles ante un “atropello” por la “excesiva velocidad que este Gobierno quiere imprimir a la completa euskaldunización de la plantilla”. Por ello, consideran que no es necesario “expulsar a nadie” para avanzar en ese objetivo, que la central respalda pero que considera que puede alcanzarse “sin medidas traumáticas” para nadie. Recuerda que para modular el proceso contaría con el respaldo de la mayoría sindical.

UGT defiende que por una vez y de modo excepcional se posibilite seguir ocupando el puesto de trabajo “atendiendo por una única vez a criterios de antigüedad”. Subrayan que precisamente su situación de interinidad prolongada responde a un abuso de la temporalidad en la Administración pública vasca.

Ampliar plazos

Por todo ello, pide que no se reclame la acreditación de perfiles, o que al menos se retrase los plazos de preceptividad. Además, llama a reforzar los planes de aprendizaje y apoyo. El Gobierno vasco ya ha mostrado su disposición a ser “más flexible” con esta cuestión, si bien por el momento no ha detallado qué medidas está dispuesto a adoptar. Recuerda que se deberá analizar cada caso en función del área de la función pública que se trate. Actualmente sólo en la Administración central, recuerdan, están en marcha hasta 49 procesos de OPE.

La denuncia hecha por UGT la secundan en términos generales el resto de centrales sindicales, si bien difieren en su análisis y dimensión. Así, mientras UGT cifra en cerca de un millar los trabajadores afectados, el sindicato CCOO habla de varios cientos y la central abertzale, LAB, de apenas decenas.

Una de las medidas que plantean las centrales pasa, en el caso de CCOO y UGT, por eximir de cumplir el requisito de acreditación a los mayores de 45 años. Por su parte ELA propone extender los plazos para obtener la cualificación lingüística requerida. Por su parte desde LAB se habla de buscar soluciones pero se muestran contrarios a rebajar o relajar los requisitos de conocimiento de euskera en la Administración.