El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expuso este miércoles el plan económico que trasladará al Gobierno esta semana y que incluye, entre otros, una importante bajada en el IVA del gas y la electricidad y ajustar la tarifa del IRPF de las rentas más bajas con la inflación. La presentación llevaba el eslogan Menos impuestos y busca inyectar liquidez a los españoles que se están enfrentando a la fuerte subida de los precios -del 9,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior-, precisamente, utilizando el dinero que el Gobierno está ingresando "de más" vía impuestos gracias a la inflación. "Devolvámosle a los ciudadanos lo que han pagado de más. Parece razonable, es su dinero", aseguró el líder popular.

Pero los economistas consultados por este medio opinan que no es el momento de bajar los impuestos, como supondría la rebaja del IVA del gas y de la electricidad y establecer un régimen especial para los sectores especialmente afectados por el encarecimiento de los costes, como también ha propuesto el partido. Por varias razones: porque podría provocar aún más inflación al incentivar el consumo, porque ya existe un problema recaudatorio y porque el déficit y la deuda están desbocados después del aumento del gasto que ha provocado la pandemia, de los ERTE a las ayudas a empresas.

"No es momento de bajadas generalizadas de impuestos", asegura Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), al ser consultado al respecto por El Independiente. "Nos parece que no es el momento de reducir los ingresos del Estado y las comunidades autónomas que tienen que hacer frente a este aumento del gasto por la crisis... además de que no ayudaría precisamente a contener la inflación", expone.

"Ante un shock negativo de oferta, que es el principal origen de la actual inflación, la solución no es una bajada masiva de impuestos, que podría agravar más el problema, sino anclar las expectativas de inflación en niveles lo más bajos posible. Esto es, un pacto de rentas amplio y general, que incluya a pensionistas", opina Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador asociado del centro de estudios Fedea.

"Ya tenemos un problema con la deuda pública, y vamos a tener un problema muy grave con las cuentas públicas el año que viene si revalorizamos las pensiones con el IPC", expone Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. "Desde la crisis de 2008 prácticamente hemos multiplicado por tres la deuda, y esto acabará más pronto o más temprano hablando de prima de riesgo, de coste de financiación de la deuda...", asegura.

El Partido Popular toma el cálculo que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en unos 12.000 millones el aumento de recaudación que experimentará el Estado este año por la alta inflación. Si los precios son mayores, las arcas públicas recaudan más a través de impuestos indirectos como el IVA, sin necesidad de introducir nuevos tributos.

Con unos 10.000 millones de ese "exceso de recaudación" el PP propone tomar este conjunto de medidas económicas, que incluye, además de rebajar el IVA del gas natural y la electricidad hasta el 4-5% (ahora está en el 10%, de forma temporal), disminuirlo a los sectores especialmente afectados por el encarecimiento de costes como la ganadería, transporte, industria y agricultura. El partido también sugiere introducir "reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento" y hacer cambios en el impuesto de sociedades dando "libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital", aunque no entra a profundizar ninguno de estos dos aspectos.

Pero los economistas recuerdan que el gasto al que se ha hecho frente durante toda la crisis del coronavirus no es baladí. La Unión Europea suspendió las reglas fiscales para permitir un desembolso extraordinario que sostuviese las economías. A él se unen las recientes medidas tomadas para rebajar los precios de la electricidad -el IVA de la electricidad se bajó del 21 al 10% en septiembre, y la medida estará en vigor hasta junio, con lo que el Estado dejará de recaudar 7.000 millones solo este año- y el plan recién aprobado para luchar contra la inflación -de 6.000 millones-. Todo esto, en un contexto en el que España debe recuperar la senda de corrección del déficit para cumplir con Bruselas cuando se reinstauren las reglas fiscales. Ahora mismo, el FMI prevé que el déficit continúe alrededor del 4% al menos hasta 2027, muy por encima del máximo del 3% que exige la Comisión Europea.

A la vez, todos apuntan que la información disponible hasta el momento sobre el plan de Feijóo es aún escasa y "eminentemente política", valora Diego Martínez López, ya que, por ejemplo, no precisa el coste de las rebajas fiscales en términos de recaudación. "Es algo clave dado el importante déficit público estructural y volúmenes de deuda pública al que se enfrentan las administraciones públicas españolas". Por ahora el equipo de Feijóo solo ha hecho pública una breve nota de prensa con las líneas generales de estas medidas.

Feijóo ha hablado también de ajustar la tarifa del IRPF de forma temporal a las rentas inferiores a 40.000 euros, para que las (posibles) subidas de sueldos en convenios derivadas de la inflación no lleven a los trabajadores a pagar más impuestos. Otra ayuda a los más vulnerables sería un cheque de hasta 300 euros para aquellos que no tienen que presentar la declaración de la renta, quienes ingresan menos de 17.000 euros anuales, pero el PP no ha especificado qué presupuesto utilizaría o a cuántos españoles beneficiaría. La propuesta es similar a otra de Unidas Podemos, que planteó en marzo una ayuda directa a rentas bajas de hasta 300 euros anuales para 19 millones de familias españolas, y calculó que tendría un coste de unos 5.700 millones de euros.

De la misma manera, la nueva dirección del PP pretende racionalizar el gasto burocrático del Gobierno, porque es "excesivo e injustificable". "Estamos ante el Gobierno más caro de la democracia", ha afirmado. Rediseñar los fondos europeos para que los autónomos y las pymes sean "los actores principales de la gestión", dar más agilidad de los trámites y a la ejecución de los fondos mediante incentivos fiscales y llevar a cabo reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento son otras de las líneas a seguir expuestas, pero el PP no ha concretado ninguno de estos puntos.

Deflactar el IRPF

Algunos economistas sí ven con mejores ojos la deflactación del IRPF que propone Feijóo, aunque prefieren llevarla a cabo de forma diferente. El PP ha propuesto rebajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, algo que técnicamente tampoco supone ajustar el impuesto, sino que es más bien una ayuda a esos hogares a través de la declaración de la renta. En Gestha ya venían planteando ajustar las tarifas del IRPF teniendo en cuenta la inflación de este año y del pasado, pero no de forma temporal, como plantea el PP, sino generalizada y para todos los tramos.

"Pero si se aborda tiene que ser en el marco de una reforma fiscal como la que hay planteada", advierte el portavoz de los inspectores de Hacienda Carlos Cruzado, recordando que esta medida ya aparece en el libro blanco que un grupo de expertos elaboró para el Gobierno, presentado hace un mes. La reforma fiscal que España ha prometido a Bruselas a cambio de fondos europeos debería entrar en vigor en el primer trimestre de 2023.

Además, en Gestha plantean establecer tramos intermedios entre el más alto actual y el anterior, y tarifas y tramos más altos para las rentas y patrimonio más altos, en línea con lo planteado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Si planteamos la deflactación, debería ir acompañada de medidas tributarias que supongan una mayor aportación de los patrimonios más altos y también de las grandes empresas que han obtenido beneficios extraordinarios durante estos meses", explica Cruzado.

También advierten sobre algunas de las afirmaciones del líder del PP, que ha criticado en repetidas ocasiones que no se haya actualizado la tarifa del IRPF desde 2008, como aseguró cuando primeramente anunció su propuesta económica. La tarifa estatal se cambió hace más de 10 años, recuerdan, desde 2015 hay una nueva tarifa y en 2020 se modificó, incrementándose para rentas altas.

Por otro lado, Martínez López recuerda que solo podría deflactarse el tramo estatal del IRPF, puesto que el autonómico (50%) "no se puede tocar desde el Gobierno central salvo que se modifiquen de manera exprés las leyes de financiación autonómica y se compense a las comunidades autónomas". Asimismo, percibe esta como una "medida desenfocada" que solo tiene sentido "si las rentas se han revalorizado conforme al IPC, y de momento no hay indicios de ello". La subida salarial media pactada en convenio colectivo el año pasado fue del 1,47%, frente a un IPC medio del 3,1%, y en lo que va de año las subidas pactadas no han llegado al 3%. Este año, la inflación media se prevé que ronde el 7%. El profesor de la Universidad Pablo de Olavide también se pregunta cuánto se deflactaría, si la capacidad adquisitiva perdida desde la última vez que se deflactó, o si solo el último año, cuestiones que el PP no ha aclarado.

En ese sentido, desde el Registro de Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, han recordado que este "efecto pernicioso" del IRPF se deriva de la subida de los salarios pero no de la inflación, por lo que el ajuste de la tarifa debería realizarse conforme al incremento retributivo de los contribuyentes y no conforme al IPC. Por su parte, el Consejo General de Economistas de España ha manifestado que es "razonable" tener en cuenta la subida nominal de rentas y la inflación en un impuesto progresivo como el de la renta.

Otras medidas

Con respecto al resto de medidas anunciadas por Feijóo, aunque no concretadas, Martínez López ve positiva la ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables, aquellos que ganan por debajo del umbral que obliga a realizar declaración renta (17.000 euros). Pero anima a llevarla a cabo utilizando el ingreso mínimo vital mejor que a través del IRPF. Sobre la reducción del IVA para el gas natural y electricidad, el profesor indica que es posible, tras consultar al comité IVA de la Comisión Europea, pero recuerda que España ha sido amonestada varias veces por utilizar demasiados tipos reducidos.

Por último, sobre la reducción de gasto del Estado, desde Gestha apuntan que debería prestarse más atención a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como en el control de la eficiencia del gasto público. En ese sentido Martínez López considera que la estimación de un posible ahorro de 60.000 millones de euros reduciendo "gasto burocrático" que hace el PP no está basada en ningún estudio metodológicamente riguroso como los de la AIReF.