El plan fiscal que el PP va a entregar este viernes al Gobierno como propuesta para ayudar a las familias ante la alta inflación solo contempla gastar los alrededor de 7.000 millones que prevé que se recauden de más este año por el alza de los precios. Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, y ahora vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, a los periodistas.
Como ya publicó este periódico, la propuesta incluye medidas como un cheque anual de entre 200 y 300 euros para los hogares más vulnerables, ajustar las tarifas del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, o bajar el IVA a la electricidad y al gas hasta el 4%, para así hacer frente a la alta inflación, disparada ahora por la guerra en Ucrania -en marzo se situó en el 9,8%, una cifra no vista desde 1985-. Pero estas ayudas y rebajas de impuestos estarán limitadas, puesto que la iniciativa contempla utilizar tan solo el "exceso de recaudación" que han provocado los elevados precios.
La cantidad a utilizar podría alcanzar los 10.000 millones de euros, dependiendo del cálculo que se tome para aproximarse a cuánto recaudará de más el Estado este año. La AIReF calcula que cada punto de IPC arroja 2.000 millones más de impuestos, aunque también advierte de que este exceso de recaudación se verá anulado en 2023 por el alza de las pensiones, según publicó Expansión.
"El planteamiento es el siguiente: Gobierno, tú has recaudado de más 9.000 millones, o 7.500 ya, ¿tú no tienes que hacer un esfuerzo? Pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo y gestos", ha explicado Bravo. El PP también pide que se recorte en gasto burocrático, que considera excesivo, y cita un estudio del Instituto de Estudios Económicos que calcula que hay un exceso de gasto de unos 60.000 millones de euros. Sin embargo, no concreta en qué áreas del Estado considera que habría que llevar a cabo estos recortes, limitándose a señalar que, en general, hay "capacidad de ahorro en las administraciones".
El PP tampoco especifica cuánto deflactaría -ajustaría para adaptarse a la inflación- la tarifa del IRPF, argumentando que no tiene acceso a los datos de la Agencia Tributaria para poder calcular el gasto que esta medida supondría. Sí concreta que rebajaría la tarifa a las rentas menores a 40.000 euros, es decir, a tres tramos de los existentes actualmente. Tampoco explican en base a qué la ajustarían, si teniendo en cuenta la inflación existente este año, durante los últimos años o si por el contrario se basarían en la subida que han experimentado los salarios.
"En la Agencia Tributaria tenemos todos los datos pero aquí no los tenemos. Hemos hecho un análisis pero no podemos llegar hasta ahí. Yo no tengo la base de datos de la agencia", ha dicho Bravo. Por eso, ven imposible dar una estimación de cuánto podrían ajustar la tarifa del IRPF, a cuántos españoles beneficiaría y en qué medida, y, de la misma manera, a cuántos llegaría su cheque de 200 euros o la rebaja del IVA.
El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó hace dos semanas su propuesta de plan fiscal contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania, cuando se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de trasladárselas. Este viernes, el PP hará llegar al Ejecutivo un documento más completo con el detalle de su plan, al que los periodistas no habían podido acceder cuando se terminó de redactar este artículo.
Feijóo quiere "facilitar un acuerdo"
El vicesecretario de Economía Bravo afirma que, pese a las críticas respecto a que el PP está "renunciando a sus criterios", el horizonte del partido es siempre el "de bajar impuestos". Apunta a que Feijóo no está cambiando los principios doctrinales de la formación hacia un 'liberalismo social', sino que "lo que quiere" es "facilitar el acuerdo" con el Gobierno y Pedro Sánchez intentando buscar "un punto de consenso". "Tenemos capacidad de simplificar y agilizar la administración, y coordinarnos mejor", por lo tanto, dice Bravo, "pongámonos a trabajar"; "la gente no puede esperar".
El encargado de la materia económica popular defiende que detrás del documento preparado por Génova, así como exministros, antiguos altos cargos y otros expertos, "hay mucho análisis y trabajo para que, si Sánchez las quiere aplicar, lo haga". Porque el propósito de la nueva directiva no es "culpar a nadie, solo proponer". Eso sí, el también consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha recalcado que "cada vez que el Ejecutivo hace una previsión, el FMI nos la rebaja".
Bravo apela a que "esto no va de ideologías", sino de "buenos o malos gestores". Como ejemplo pone que el Gobierno "subió los impuestos en 2019, y el déficit se incrementó"; durante la pandemia del coronavirus "mantuvo esa línea con la excusa del respaldo social", y, ahora, "tampoco" lo quiere contemplar. Por eso, indica, proponen sobre papel medidas "coherentes" y "que se pueden hacer".
El decreto 'anticrisis', en el aire
Desde el PP no consideran que la falta de cifras concretas que manejan, más allá de las referencias obtenidas a través de la Agencia Tributaria y del margen de 7.500 y 10.000 millones de euros, vaya a ser un problema de cara a unas hipotéticas negociaciones. Bravo detalla que tanto él como Feijóo son conscientes de que "el Gobierno no va a 'comprar' todas nuestras propuestas", pero, si Sánchez da el paso y les escucha, entiende que podrá profundizarse más. "Consideramos que hemos hecho un buen trabajo, que ni siquiera el Gobierno ha planteado", explica.
Preguntado por la condición de dar luz verde al real decreto 'anticrisis' del PSOE a cambio de aprobar este plan económico manifestada por, entre otros, la secretaria general Cuca Gamarra, Bravo insiste en que pelearán "hasta el último momento" para lograr que el jefe del Ejecutivo de salida a las propuestas. "Cuando llegue el momento de aprobar el decreto, ya se verá", pero "si no se cumple" lo básico, "la bajada de impuestos", Sánchez "estará faltando a la palabra dada a los presidentes regionales en la conferencia de La Palma y a Feijóo, a quien pidió "preparar un amplio escrito" detallado.
Los populares no descartan un nuevo encuentro en La Moncloa como el que protagonizaron Sánchez y Feijóo el 7 de abril en las próximas semanas.
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