Los 2,7 millones de funcionarios españoles desconocen a día de hoy si sus salarios subirán este año para compensar la desbordada inflación a la que se enfrentan sus bolsillos. El índice de precios al consumo (IPC), que mide cuánto suben o bajan los precios de los productos y servicios que más consumen los españoles, se disparó este marzo un 9,8%, su subida más alta en 37 años. Y de media este 2022 se espera que alcance el 7%, muy por encima de la tasa registrada en 2021, del 3,1%, lo que está suponiendo una gran pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ligó esta semana el posible incremento del sueldo de los funcionarios al resultado que ofrezca la negociación que está desarrollándose entre los sindicatos y empresarios... del sector privado. Los agentes sociales actualmente intentan renovar el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2021, un documento que fija cuánto deberían subir los sueldos en los convenios futuros que se pacten.

"Ahora mismo sindicatos y empresarios están negociando ese acuerdo de rentas, donde no solamente se tiene que hablar de salarios, también se tiene que hablar de dividendos, de reparto de beneficios por parte de grandes empresas, y en función de ello veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula respecto a los trabajadores públicos", afirmó en una entrevista en Antena 3.

Estas declaraciones del presidente soliviantaron a los funcionarios, que le recordaron que los salarios de los empleados públicos se revisan en una negociación aparte en la que intervienen, directamente, los sindicatos del sector y el Ministerio de Hacienda y Función Pública -ahora los funcionarios forman parte de la cartera de Montero, mientras que antes dependían del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que en julio perdió su segundo nombre-. Y que no es objeto de las reuniones que ahora están manteniendo CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

"Nuestra estructura retributiva no tiene nada que ver con la del sector privado. Funcionarios y personal laboral tienen sus propias mesas y su ámbito de negociación específico", recordó la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

En la misma línea, el presidente de CSIF, Miguel Borra, acusó a Sánchez de estar "muy mal informado" sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de fijación de sus salarios. "No se puede hurtar la negociación salarial a los representantes sindicales de la Función Pública", advirtió.

Una pérdida de poder adquisitivo del 12%

CSIF cifra la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en el 12% desde 2010, aunque dependiendo de la categoría profesional. Como puede observarse en el siguiente gráfico, los empleados públicos de la Administración no han visto compensado su sueldo a pesar de las fuertes subidas de los precios durante años, y, cuando sí ha sido así, lo han hecho por detrás del IPC.

Variación del sueldo de los funcionarios anual en comparación con el IPC

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, CSIF

Ahora, con los precios disparados en máximos no alcanzados desde 1985, CSIF quiere que se celebre una reunión con urgencia con el Ministerio de Montero para abordar los efectos de la crisis en las administraciones públicas, para negociar un refuerzo de los servicios públicos y la recuperación del poder adquisitivo perdido a medio plazo. A principios de 2021 el Gobierno decretó una subida salarial del 0,9% para los trabajadores públicos, en línea con el alza de las pensiones, para compensar algo de la inflación del año previo (3,1%).

El Banco de España prevé que la inflación media se sitúe este año en el 7,5%, muy por encima del 3,1%, ya elevado, que subieron los precios el año pasado. En 2023, el organismo espera que los precios se relajen y suban un 2%, y un 1,6% más en 2024. Esta elevada previsión complica la posible revisión de sus salarios, con los economistas advirtiendo de que incrementos de sueldos acordes con la inflación, o cercanos a esta, provocarían aún más inflación.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2020, el sueldo medio de un trabajador del sector público en 2020 (últimos datos disponibles) era de 2.885 euros al mes, frente a los 1.819 del sector privado. El 64% de los empleados públicos ganan más de 2.295 euros al mes.

Cómo recuperar el poder adquisitivo perdido

Entonces, si los economistas recomiendan no subir los sueldos en línea con la inflación para no provocar más inflación, y el Gobierno se agarra al mismo argumento... ¿Cómo recuperar el poder adquisitivo perdido por los funcionarios por la subida de los precios?

UGT Servicios Públicos aboga por un pacto a varios años que permita a los empleados públicos recuperar poder adquisitivo aunque sea a medio plazo, aunque insiste en que antes de que se firmara el anterior acuerdo los empleados públicos habían perdido más de 13 puntos de poder de compra. El sindicato ha instado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a empezar a negociar ya un pacto de subida salarial plurianual para el colectivo, en línea con lo que UGT y CCOO están pidiendo a los empresarios para el sector privado.

Las reuniones de la mesa del AENC ahora mismo están paradas, por la dificultad de negociar subidas de sueldo con una inflación tan elevada, pero ambas partes están intercambiando propuestas para intentar llegar a un acuerdo que posiblemente buscará que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido este año a lo largo de los próximos.

Los empresarios han propuesto una subida salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% en 2024, pero los sindicatos no están dispuestos a aceptarlo a menos que los empresarios accedan a fijar las llamadas cláusulas de garantía salarial, algo en lo que no hay acuerdo. Estas cláusulas permitirían revisar los sueldos al final de cada año en línea con la inflación para conseguir que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. No se trataría de incrementar los sueldos lo mismo que haya subido los precios, pero permitirían cierta protección ante un aumento inesperado.

Si efectivamente la subida salarial de los funcionarios estuviese ligada a la del sector público, estos probablemente perderían poder adquisitivo, puesto que el año pasado la subida salarial media pactada en convenio fue del 1,47%, muy por debajo de la inflación media anual, del 3,1%.