Es una escena que ya no ocupa mucho espacio en los medios. No, al menos, como lo hizo durante años. Pero la realidad sigue ahí, como entonces. Cada día en muchos hogares la preocupación por no poder hacer frente a los pagos comprometidos escala un peldaño más de angustia. Sin duda en tiempos de apretura económica, de inflación desbocada y de carestía de la vida ordinaria el escenario se complica sobremanera. Desde que irrumpió la pandemia, los nubarrones se han ido agolpando en cada vez un mayor número de hogares. A finales del año pasado las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales activadas por las entidades financieras rozaron las 12.000, más del doble de las que llevaron a cabo en 2019.

La situación económica ya era compleja al cierre del pasado año pero se ha agudizado aún más el inicio de este 2022 a consecuencia de la guerra en Ucrania y su impacto en la economía internacional. Las Ejecuciones hipotecarias, que en muchos casos pueden terminar en procesos de desahucios, siguen pese a todo lejos de los niveles de hace unos años. Sólo en 2014 en nuestro país 34.879 viviendas habituales se vieron implicadas en estos procesos por no pagar la hipoteca, casi el triple de las 11.947 con las que se cerró el año pasado.

Aquella cifra desbocada se logró ir reduciendo por la movilización social que permitió presionar sobre las entidades financieras y que estas flexibilizaran los procesos de ejecución, además de cambios normativos. La cifra de Ejecuciones acumulaba una serie de descenso imparable hasta 2019. Desde entonces, la tendencia se ha revertido.

El desenlace más dramático de estos procesos es el de desahucio. En el cuarto trimestre de 2021 en España contaban más de 9.500 casos, en su mayor parte por inquilinos que no pagaban el alquiler y debían ser desalojados de la vivienda que ocupaban. Sólo en el 25% de los procesos el desahucio afectaba a un caso de impago de hipoteca.

Andalucía, a la cabeza

Las Ejecuciones hipotecarias pueden afectar no sólo a viviendas habituales, sino también a segundas vivendas. También a viviendas propiedad de empresas, de personas jurídicas o a otro tipo de fincas. En total, sumadas todas las tipologías el año pasado las ejecuciones iniciadas superaron las 32.000. En términos globales suponen una reducción pero no así en lo relativo a las viviendas habituales que aumentaron los procedimientos de un año a otro un 53% en el caso de las viviendas habituales.

Por comunidades autónomas, Andalucía está a la cabeza de casos con 3.472 procedimientos de viviendas de personas físicas, seguida por Cataluña con 2.917 y la Comunidad Valenciana con 2.832. Navarra con 84 casos, La Rioja con 118 y Cantabria con 139 son las que cuentan con menos casos.

Es una de las caras de los momentos de dificultad económica, de crisis. La otra, es la de quienes buscan refugio de sus ahorros en la vivienda. Muestra de ellos es el repunte que el pasado mes de febrero se produjo en la compraventa de viviendas. Sólo ese mes se hicieron compras y ventas en 106.307 inmuebles, en tres de cada cuatro casos sobre viviendas de segunda mano. Y todo pese al incremento del 6% en el precio que se ha producido en el sector.