El Gobierno asume que deberá revalorizar las pensiones un 6% en enero

El Gobierno debe aumentar las pensiones cada mes de enero en base a cuánto haya subido la inflación durante el año anterior. Es así desde que aprobó la reforma de las pensiones, que el verano pasado Escrivá acordó con los sindicatos y empresarios y que en diciembre convalidó el Congreso de los Diputados.

Pero la incógnita ahora, cada año, es cuánto se incrementarán los precios durante el ejercicio para poder despejar cuánto aumentará el gasto público, a consecuencia de este nuevo compromiso. Y este viernes se ha conocido al menos parte de esa respuesta, ya que el Gobierno ha presentado su cuadro económico en la víspera de que termine el plazo para enviar su Programa de Estabilidad a Bruselas, como cada 30 de abril.

En él, el Ejecutivo asume que el deflactor de consumo va a incrementarse un 6,1% este año. El deflactor de consumo es un índice de precios diferente al índice de precios al consumo (IPC), el que se utiliza en España para hablar de inflación, pero es el dato más aproximado que el Gobierno facilita y que permite hacerse una idea de cuánto estima en sus cuentas que van a encarecerse los productos y servicios del país durante el ejercicio, ya que no facilita ninguna previsión de inflación.

Ni Montero ni Calviño han concretado cuánto aumentará el gasto en pensiones a consecuencia de su previsión de subida de precios, argumentando que no afecta a las cuentas de 2022 ya que el desembolso tendrá lugar a partir de enero, mes que forma parte del próximo ejercicio. Pero sí es posible calcularlo. Varios servicios de estudios estiman que por cada punto extra de inflación el gasto en pensiones sube en 1.700 millones, por tanto, el Estado deberá gastar unos 10.200 millones más en pensiones a partir de enero.

El Independiente ya explicó que la alta inflación de este 2022 llevará a que el Estado suba las pensiones más que nunca en la historia. El Banco de España espera que se sitúe en el 7,5%, lo que duplicaría la subida que experimentaron los precios el año pasado, del 3,1%, de media anual. Durante los últimos 20 años la mayor revalorización que han experimentado las pensiones fue en 2008, cuando el Gobierno las subió un 4,1% -un 2% por la inflación prevista para 2008 más un 2,1% por la desviación de los precios el año anterior-.

Evolución del IPC y de las pensiones

En ese sentido, el Gobierno ha recalcado ya en diferentes ocasiones que los pensionistas pueden estar tranquilos, puesto que no pretende modificar la ley para conseguir rebajar el gasto en pensiones que la tan elevada inflación supondría para las cuentas públicas. «Los pensionistas pueden estar tranquilos», ha asegurado recientemente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, preguntada al respecto.

«Mandamos un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que, a pesar de la guerra, no van a ver menguadas sus pensiones», ha afirmado también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ambas han reaccionado así a las publicaciones de varios medios de comunicación que señalaban que el Ejecutivo estaría trabajando en cómo conseguir no subir las pensiones con el IPC, porque sería algo «imposible».

En este contexto de altos precios, los pensionistas serán los únicos que por ahora no perderán poder adquisitivo, puesto que los sueldos de los funcionarios no está previsto que suban y tampoco los de los trabajadores del sector privado.

En ese sentido, los sindicatos están alertando de la pérdida de poder adquisitivo que suponen estas fuertes subidas de los precios mientras los salarios no se actualizan. CCOO y UGT están actualmente negociando con las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme qué subida deberían experimentar los sueldos en convenio este año, pero no han encontrado un punto de acuerdo.

Tampoco hay noticias del pacto de rentas que Sánchez pretendía impulsar para controlar la inflación. Al mismo tiempo, el sindicato CSIF ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda para abordar un aumento de los sueldos de los empleados públicos.