Es una espiral mucho más frecuente de lo que se cree. A menudo el dolor por la muerte de un ser querido no sólo se convierte en un compañero de vida sino también en el desencadenante de patologías psicológicas, dificultades sociales o dramas personales que marcarán el resto de una vida. Más aún cuando el origen es un atentado terrorista, la amenaza constante o el temor a ser asesinado. Es la realidad de no pocas víctimas del terrorismo que han visto cómo el azote de la violencia les arrebató algo más que un ser querido o una vida normalizada, les sumió para siempre en un pozo del que no siempre han podido o sabido salir.

En Euskadi se cuentan por decenas de miles -la mayoría de las estimaciones las sitúan por encima de las 100.000- las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco a consecuencia de la violencia de ETA. En muchos casos lo hicieron en situaciones de precariedad, más aún tras haber sido asesinado quien sustentaba económicamente a la familia o forzando a tener que abandonar un puesto de trabajo para buscar fortuna, volver a readaptarse, en otro entorno social y laboral.

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión que fija el marco para la concesión de ayudas sociales a los colectivos más necesitados. En ella se integra tanto el Ingreso Mínimo Vital como la ayuda vasca, la Renta de Garantía de Ingresos. Entre las novedades que incorpora el proyecto legal -pendiente de aprobación parlamentaria- figura la inclusión de las víctimas del terrorismo como uno de los grupos que podrán acceder a las ayudas.

Una 'reparación historica'

En la propuesta legal se reconoce que su inclusión entre los colectivos beneficiarios responde a una "reparación histórica" hacia las víctimas. Entre los posibles beneficiarios se incluye a las víctimas del terrorismo, sus cónyuges o análogos y los hijos que puedan verse en circunstancias de necesidad recogidas en la ley.

Además de a las víctimas y sus familias residentes en Euskadi también se conciben las ayudas como una fórmula que permita regresar a Euskadi a aquellas que se vieron forzadas a abandonar el País Vasco a consecuencia de la violencia. En estos casos se facilitará poder acceder a estas prestaciones -que podrían complementarse con las ayudas de 275 euros mensuales para el pago de vivienda- con la supresión de la antigüedad en el empadronamiento que sí se exige en otros casos. Para las víctimas del terrorismo sólo se reclamará tener que estar empadronado en algún municipio vasco en el momento de solicitar la ayuda, además del resto de requisitos generales: ser mayor de 23 años, encontrarse en situación de necesidad económica y haber agotado todas las pensiones y prestaciones públicas a las que se tenía derecho.

Junto a ellas, la medida incorpora en el mismo apartado a las personas que abandonaron Euskadi por otras razones, en la mayoría de los casos a consecuencia de la Guerra Civil y que hoy conforman las llamadas 'colectividades vascas' en el extranjero y a las que también se ofrece la ayuda social -en caso de que la requirieran- para su retorno.

Desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se asegura que con este tipo de prestaciones se confía en poder facilitar el retorno de aquellas víctimas que por dificultades económicas no hubieran podido regresar pese a desearlo.

Problemas severos de salud

En el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) confían en que estas ayudas por fin puedan resolver una situación de desamparo en la que se han encontrado muchas víctimas del terrorismo aquejadas de problemas de salud y económicas derivadas de su condición de víctima. "Hay muchas víctimas que se encuentran en situaciones muy difíciles, sin recursos y con muchos problemas. Son situaciones muy difíciles generadas por ruptura de una familia, de un entorno que ha derivado en otro tipo de dificultades", asegura la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

"A muchas personas no se les ha ayudado desde las instituciones, hemos tenido que ser muchas veces las asociaciones las que hemos acudido en su ayuda, las que hemos tenido que llenar la nevera de personas que no tienen ni para comer", recuerda Ordóñez. Asegura que el proceso se ha repetido en muchos casos tras el mazazo de un atentado terrorista que rompe una familia: "En algunos casos de ahí no sólo se desestructura una familia sino que vienen graves problemas mentales, depresiones o de otro tipo. Eso se traduce en dificultades severas en muchas ocasiones para poder salir adelante".

Ordóñez considera que puede ser un paso positivo pero se muestra expectante, "en muchas leyes para víctimas se habla de ayudas similares, de facilidades para encontrar empleo o de otro tipo y después no se aplican. Veremos si esta vez por fin se da una solución a todas estas personas que lo están pasando muy mal a consecuencia del mazazo, del drama que supuso en sus vidas el terrorismo".