El Gobierno se prepara para una batalla judicial. Apenas dos horas después de que el Ejecutivo aprobara en consejo de ministros topar el precio del gas para su utilización en los ciclos combinados, el Ministerio de Transición Ecológica se prepara para la enésima disputa legal entre sector energético y Moncloa.

Tal y como reconocen fuentes ministeriales, la probabilidad que las empresas eléctricas acudan a los tribunales para "dirimir aquellos puntos legislativos es lo que no están de acuerdo es alta". A su vez, destacan que el Gobierno de Pedro Sánchez "ya está acostumbrado" a que las medidas que tienen que ver con el ámbito energético acabe por judicializarse.

No obstante, y a diferencia que en otras ocasiones, el Ministerio de Transición Ecológica se siente amparado por la Comisión Europea. "Hemos trabajado durante meses con Bruselas y han dado el visto bueno a la nueva regulación que permitirá rebajar el recibo eléctrico considerablemente", trasladan las fuentes consultadas.

Mientras, en el otro lado, las eléctricas "esperan a conocer la letra pequeña del real decreto" para poder iniciar un proceso judicial que, a todas luces, va a suponer un nuevo enfrentamiento. No obstante, fuentes del sector explican a este periódico que desde hace semanas llevan preparándose para llevar a los tribunales el nuevo real decreto.

"El mercado está claramente manipulado y los operadores quedan dañados, es normal que se recurra. Vamos a ser cautos, pero vamos a diseñar una defensa acorde a nuestros intereses", puntualizan desde el sector energético.

Duros mensajes del Gobierno

En la misma intervención, Teresa Ribera fue dura con las eléctricas, asegurando que "esperaba mucho más" del sector para ayudar a aliviar los precios eléctricos que soportan los usuarios.

Además, no dudó en cargar contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tras la polémica de llamar tontos a millones de clientes. "Me pasó como a la gran mayoría de los españoles, me produjo un profundo bochorno por muchos motivos", reconoció Ribera durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinadrio, donde destacó que Iberdrola es una "compañía particularmente importante" en España.

La ministra precisó que Galán sabe que los consumidores vulnerables "necesariamente" tienen que tener la tarifa PVPC para ser beneficiarios del bono social, además de que conoce que la "media histórica del precio que han pagado los consumidores de esta tarifa frente a los que han pagado la del mercado libre ha jugado siempre a favor de un mayor ahorro de los consumidores que tienen tarifa PVPC".

Los consumidores pagarán

Por otra parte, fuentes ministeriales confirman que serán los propios consumidores los que se tengan que hacer cargo de los sobrecostes generados por limitar el precio del gas en la electricidad.

El mecanismo aprobado por el Ejecutivo contempla una suerte de derrama vecinal. Los clientes acogidos a la tarifa regulada y los que renegocien sus contratos tendrán un recargo hasta mayo de 2024, fecha en la que permanecerá el mecanismo de compensación.

Los consumidores extranjeros también pagarán la factura. Debido a las peculiaridades que tiene el sistema eléctrico europeo, España está obligada a vender electricidad a sus socios comunitarios. El Ministerio de Transición Ecológica espera que "aumenten las exportaciones energéticas" ya que el precio será inferior al del resto de países.

El flujo eléctrico provocará que las infraestructuras sufran cierta congestión, pero la UE contempla una especie de canon que pagan los consumidores. La renta de congestión, como así es llamado este impuesto, está destinado para mejorar la calidad de las redes. Sin embargo, a modo de excepción, la cantidad que España reciba por exportar electricidad podrá ir destinada a pagar la factura del tope del gas, que el sector energético cifra en 6.000 millones.