Los pensionistas también deberían ajustarse el cinturón. En este contexto de altísima inflación -9,8% en marzo, cifra no vista desde hace casi 40 años, 8,3% en abril-, los trabajadores no deberían ser los únicos que asumiesen pérdidas en su poder de compra cada mes. Y al revés: en este momento de altos precios, excluir a los jubilados de este tipo de ajustes es injusto, puesto que lleva a que los asalariados tengan que asumir el coste de la revalorización de las pensiones con ese alto IPC, incluso los que tienen rentas más bajas.

Es lo que afirma el Banco de España en su último informe anual, publicado este miércoles. En él, el supervisor explica cómo en la práctica ya se ha alcanzado un pacto de rentas entre empresas y trabajadores para contener la inflación. A pesar de que las partes no han llegado a un acuerdo al respecto -las negociaciones están rotas-, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y las empresas están perdiendo márgenes, y, de continuar en esta línea, es descartable que los sueldos y los beneficios empresariales puedan provocar más alzas de precios. Pero estima que no es suficiente y que los pensionistas también deberían entrar en este pacto de rentas.

En el informe el banco no actualiza sus previsiones macroeconómicas, algo que hará a mediados de junio, pero sí constata que España está aún 3,4 puntos de PIB por debajo del nivel prepandemia, cuando la media de la zona euro ya está por encima. "De las grandes economías de la zona euro, somos la que peor lo ha hecho", ha afirmado el nuevo director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, en la presentación del documento. Tampoco aporta nuevas cifras sobre cuánto aumentarán los precios, de media, este 2022, algo que en su anterior informe -de abril- cifraba en el 7,5%.

Sin embargo, sí llama la atención sobre que habría que incorporar a los pensionistas a este pacto de rentas con el que el Estado quiere controlar los precios. Lo pide porque, de lo contrario, serán los trabajadores los que tengan que asumir los 10.000 millones de euros que aumentará el gasto en pensiones en 2023 para compensar la subida de los precios de este año, ya que desde el año pasado las pensiones deben revalorizarse anualmente con el IPC medio anual.

"Un factor que debe ser considerado a la hora de diseñar el pacto de rentas es la incorporación a este de los perceptores de transferencias públicas. En particular, el compromiso de revalorización de las pensiones con el IAPC tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual", dice textualmente el informe anual 2021.

"El mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto de la perturbación actual de pérdida de rentas respecto al resto del mundo. Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes —el conjunto de los pensionistas— a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes", expone.

Recomienda subir el IVA y redistribuir vía IRPF

El organismo se ha mostrado muy crítico con la subvención de 20 céntimos al combustible que aprobó el Gobierno, puesto que supone una ayuda económica para bolsillos que no lo necesitan, e insiste en la necesidad de tomar más medidas para proteger a los colectivos más vulnerables. En este sentido, propone excluirlos del pacto de rentas, dado que no deberían sufrir una pérdida adicional de ingresos.

El nuevo director director general de Economía y Estadística del Banco lo ha explicado así: "Lo que queremos decir es que el impacto pandemia está siendo muy desigual por sectores, hogares y empresas, la economía en su conjunto está perdiendo renta, entonces: no impongas una pérdida adicional sobre los colectivos más desfavorables", ha expresado.

Una de las propuestas banco es revisar el sistema tributario para gravar más el consumo a través del IVA. "Sería deseable redistribuir el peso tributario en nuestro país desde la renta al consumo", ha expuesto Gavilán, recordado que tenemos una gran brecha en la recaudación tributaria en comparación con Europa, sobre todo en materia de IVA. Es por eso que también se muestra contrario a las rebajas generalizadas de impuestos, que considera "un desperdicio de recursos".

Esta subida de IVA no consistiría en cargar más a los hogares más vulnerables, aunque en un primer momento sí sucedería así, sino en utilizar esos ingresos extra para reducir el IRPF de estos, compensando así a los que entren en una situación más comprometida al aumentarse estos impuestos al consumo. A la vez, el banco se muestra partidario de reducir los beneficios fiscales que suponen el IVA reducido y superreducido, como por otro lado también propuso el comité de expertos para la reforma fiscal -que designó el Ministerio de Hacienda- en su libro blanco.

Pide más medidas en materia de pensiones para contener el gasto

El Banco tiene muy claro que es necesario adoptar nuevas medidas en materia de pensiones, ya sea por el lado de los ingresos, de los gastos, o de ambos. Pese a que en julio sindicatos, empresarios y el Gobierno llegaron a un pacto sobre este tema, el supervisor insiste en que son necesarias más actuaciones para hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones.

No se puede castigar en exceso a los pensionistas, pero tampoco a los jóvenes que son quienes pagan las pensiones"

Ángel gavilán, bde

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales en julio, que el Congreso convalidó en diciembre, liga estas prestaciones al índice de precios al consumo. Según la nueva ley, cada enero las pensiones deben subir lo mismo que hayan aumentado los precios el año anterior: si este año de media el IPC sube un 7,5%, como a día de hoy estima el supervisor, así deberán actualizarse las pensiones.

En ese sentido el Banco de España cree que será necesario contraponer la derogación del factor de sostenibilidad de Rajoy con otras medidas que aporten transparencia a los agentes económicos: "Sería deseable introducir mecanismos automáticos que den mayor certidumbre a la evolución de las pensiones en el futuro", expone. Según su informe sobre el envejecimiento y el gasto en pensiones, este subirá entre 2019 y 2050 unos 4 puntos de PIB, dato que podría verse reducido dependiendo de cómo de efectivos resulten los incentivos a retrasar la edad de jubilación, o las nuevas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas.

Y aunque no recoge qué tipo de mecanismos habrían de aprobarse, desde el organismo sí citan como ejemplo que en otros países se vincula la edad de jubilación a la esperanza de vida, medidas que "aportan transparencia y son bastante útiles". Gavilán lo ha resumido así: "No se puede castigar en exceso a pensionistas, pero tampoco a las generaciones de jóvenes que son quienes pagan las pensiones".