Más funciones para el personal de la Inspección de Trabajo… pero sin ningún refuerzo de la plantilla. Ni siquiera el firmado y por tanto prometido el pasado mes de julio. La ministra Yolanda Díaz anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados una nueva campaña para detectar fraude con los contratos fijos discontinuos, un modelo impulsado por la reforma laboral. Pero no prevé ampliar el cuerpo para ello, y tampoco sabe cuándo podrá empezar a cumplirse el acuerdo al que su departamento llegó con los sindicatos del colectivo el pasado 7 de julio para suplir algunas de las deficiencias del organismo.

"Me preocupa mucho el fraude. Y por eso le anuncio que la semana que viene vamos a lanzar una campaña desde la Inspección de Trabajo para investigar el posible fraude en los fijos discontinuos", aseguró Díaz en el Congreso, en respuesta a una pregunta del Partido Popular en referencia a este tipo de contrato indefinido, cuyo uso se ha disparado al eliminarse varios tipos de temporales. Tras el anuncio, fuentes de su Ministerio aseguraron a este medio que no se contempla un refuerzo de la plantilla para tal fin, argumentando que lo habitual es que no se incremente el cuerpo con cada campaña que se lanza.

Las mismas voces tampoco pudieron concretar qué parte de la Inspección va a dedicarse a estas funciones o cómo va a perseguirse el fraude; si se ha detectado un aumento de las infracciones en los contratos temporales, tras la aprobación de la reforma laboral, o si por el contrario se están utilizando fijos discontinuos de forma fraudulenta. Sí aseguraron que la campaña consistirá en un envío de cartas.

En respuesta, y preguntados por este medio, los sindicatos de inspectores y subinspectores de Trabajo han recordado que dentro de un mes y medio hará un año desde que firmaron un acuerdo con el departamento de Díaz para reforzar toda la Inspección, y que todavía no tienen noticias de que vaya a cumplirse antes de llegar al aniversario, a primeros de julio.

En protesta, el colectivo convocó una huelga hace unos meses, que estaba previsto que tuviese lugar el día 30 de marzo, pero finalmente terminó desconvocándola tras obtener tres promesas del Ministerio. En primer lugar, que se contrataría a 200 administrativos interinos para aliviar la carga de trabajo de la plantilla; en segundo, que invertiría 6 millones de euros en primas de productividad -con cuotas de entre 2.100 y 1.100 euros-, y en tercero, que pronto cumpliría el acuerdo suscrito el pasado julio.

El parón y las movilizaciones convocadas para unos días antes estaba respaldado por ocho organizaciones sindicales de la Inspección, en concreto, CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato de Inspectores de Trabajo, la Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (USESS, antes FESESS), el Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud (SISLASS) y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). El Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), en cambio, no quedó satisfecho con lo contempla el acuerdo relativo a los subinspectores y no secundó la huelga.

Preparan una nueva huelga si no se cumple el acuerdo antes de julio

Dos meses después, los sindicatos se han fijado de plazo hasta el 30 de junio. Si entonces no se ha dado resolución al mencionado acuerdo, volverán a movilizarse. "A día de hoy no tenemos ni garantías, ni seguridad, ni certezas de en qué sentido está yendo... pero los sindicatos que no estuvimos a favor de desconvocar la huelga estamos de nuevo preparando el terreno", señala un portavoz del sindicato USESS.

En España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que tendría que haber un funcionario por cada 10.000 trabajadores activos en el país. Pero el equipo no llega a los 3.000 trabajadores: 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 efectivos de personal administrativo. Por centros de trabajo, hay 1.459 centros por cada inspector de trabajo y 1.491 centros de trabajo por subinspector.

Las organizaciones sindicales no tienen noticias de cuándo llegará el prometido refuerzo de 200 administrativos, que formaba parte del pacto al que llegaron con el Ministerio para desconvocar la huelga. Aun así, lo consideran un mero parche: "No van a solucionar las carencias de la plantilla", apuntan desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss). Lo mismo ocurre con la promesa de emplear 6 millones de euros en primas de productividad. "Si estamos sobrepasados, ¿cómo nos ofreces trabajar más a cambio de productividad?", recalcan.

Y mientras, critican, la ministra Yolanda Díaz anuncia más nuevas funciones para los inspectores, subinspectores y administrativos del organismo, como vigilar el cumplimiento de la legislación relativa a los ERTE -desde que estalló la pandemia y estos se flexibilizaron-, velar por la aplicación de la reforma laboral -desde el pasado diciembre- o regularizar la situación de las empleadas de hogar que trabajan en negro.

El pasado mes de julio, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo llegaron a un acuerdo que implicaba un refuerzo de la plantilla y el material con el que cuenta. Pero el pacto, relativo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lleva casi un año bloqueado. Trabajo argumenta que es Hacienda quien bloquea que salga adelante, ya que no da la autorización presupuestaria. Y esta es la razón por la que el colectivo convocó una huelga en marzo, la única de funcionarios a la que el Gobierno se ha enfrentado este año -aunque finalmente no se llevó a cabo- junto con la del personal de las embajadas y consulados de España en Reino Unido, de la que también ha informado este medio.