Es el debate más incómodo para un Gobierno. Las pensiones se han convertido en territorio vedado en el que pocos Ejecutivos están dispuestos a irrumpir con malas noticias. Cualquier cambio afecta a una población que supera los 9 millones de perceptores, de votantes. En caso de cambios al alza, el altavoz adquiere muchos decibelios. En los escenarios opuestos, los de los ajustes, la discreción o incluso el silencio suele imponerse.
La semana pasada llegó la última advertencia de Europa, que exige a España acreditar la sostenibilidad del sistema. Ayer, desde el BBVA incluso se alertaba del riesgo que para su pervivencia supondrá la jubilación de las generaciones del ‘baby boom’ y del bajo nivel de ahorro que muchos de ellos se registran. Una situación que podría obligarles a tener que vender sus viviendas para poder compensar las bajas pensiones que percibirán para poder hacer frente a sus gastos en el último tramo de vida.
Otra de las vías que el Gobierno ahora quiere promover es la apuesta de los planes de pensiones de empresa. Esta opción permitiría a los trabajadores, a los futuros pensionistas, contar con un complemento a su pensión. Por el momento son pocos los españoles que cuentan con una pensión de empresa o incluso que han optado por abrirse un plan de pensiones privado.
Falta de incentivos
El caso del País Vasco, donde constan 1,1 millones de planes de pensiones -tanto de empresa como particulares- en una población de apenas 2,2 millones de habitantes, es el referente en el que se mira el Gobierno de Sánchez. El objetivo que se ha marcado es que en el plazo de dos décadas se puedan alcanzar esos porcentajes de casi la mitad de los trabajadores con alguna modalidad de prestación complementaria. En el conjunto del Estado, apenas un 10% de los trabajadores cuenta con una pensión sufragada a partes iguales con su empresa.
En nuestro país la apuesta por los planes de pensiones hace tiempo que comenzó a desinflarse. Los expertos aseguran que la falta de incentivos fiscales suficientes, las rentabilidades limitadas o la priorización del ahorro hacia la vivienda o la falta de información pueden estar detrás de este retroceso y apuesta por otras vías de ahorro.
Lo ha hecho tanto en el caso de los planes individuales como los de empleo. En los últimos doce años en España el número de titulares de planes de pensiones complementarias se ha reducido en 1,43 millones de personas, según datos de Inverco. De ellos, 1,17 millones corresponde al ajuste en el número de planes individuales y algo más de 235.000 en los de empresas.
Rentabilidades del 1,8% al 3%
Hasta el año 2010, el aumento de esta modalidad que permite completar las pensiones, y que facilita obtener rendimientos a las aportaciones periódicas, fue en aumento. Ese año en España había 10,8 millones de titulares de planes pensiones, tanto individuales como de empleo. A partir de entonces, el descenso ha sido imparable, hasta registrar el pasado mes de abril la cifra más baja desde hace más de tres lustros con 9,39 millones de planes de pensiones activas. La tributación en el IRPF de los fondos aportados durante tantos años en el momento de retirarlos es una de las principales barreras para la promoción de esta modalidad da ahorro.
Lo único que crece es el volumen acumulado de estos fondos. En gran medida lo hace por las rentabilidades acumuladas en los últimos años. En los últimos años las rentabilidades medias anuales han oscilado entre el 1,8% y el 3%.
A finales de primer trimestre de este año los planes individuales acumulaban un montante de 86.130 millones de euros, lo que supone que de media cada titular de un plan de estas características acumula cerca de 11.500 euros de media. En comunidades como Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid la media es algo más elevada, con una horquilla que oscila entre los 15.500 y los 13.500 euros. En el caso de los planes de empresa el importe es mayor, algo más de 19.000 euros de media. Las aportaciones anuales media que los titulares de las mismas realizan rondan los 2.000 euros, si bien el máximo permitido es de 8.000 euros.
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