La Comisión Europea no ha emitido una opinión sobre el importante gasto que el año que viene supondrá para las arcas públicas españolas el haber ligado las pensiones a la inflación, que de media este 2022 podría alcanzar el 7%. Ni tiene previsto hacerlo. El Ejecutivo comunitario se limitará a evaluar uno a uno los hitos que España le ha prometido cumplir a cambio de recibir miles de millones de fondos europeos, y el próximo relacionado con las pensiones se examinará en 2023.

En su último informe de recomendaciones para España, Bruselas pasa por encima de la reforma de las pensiones, prácticamente como si no hubiese tenido lugar. De forma muy diferente a como sí han hecho el Banco de España, el FMI o la AIReF, que han criticado el peligro que supone la medida, la Comisión no entra a valorar si la decisión es más o menos adecuada ni le pone adjetivos.

La palabra "pensiones" no aparece en las recomendaciones para España del Consejo de la Unión Europea, un documento de 12 páginas emitido esta semana y que forma parte del semestre europeo. En el otro informe, el análisis del país, sí deja claro, aunque de forma escueta, que España deberá tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones después de haberlas ligado al IPC.

Según ha podido saber este medio, se debe a que la reforma de las pensiones forma parte, en el caso de España, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se envió a Europa a cambio de fondos europeos Next Generation -los que Bruselas puso en marcha para ayudar a los países a salir de la crisis del coronavirus-, por lo que se evalúa por separado. En el caso de Francia, cuya reforma de pensiones no forma parte de su Plan de Recuperación, sí se ha evaluado dentro de las recomendaciones para el semestre.

"Al ligar las pensiones a los precios al consumo, se espera que la reforma apoye el poder de compra. Se está en proceso de implementar otras medidas como parte de un paquete para apoyar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones", sostiene el documento en el único párrafo que habla de la unión de estas prestaciones al IPC, acordada por los sindicatos, empresarios y el Gobierno en julio y aprobada por el Congreso en diciembre.

Y da algunos ejemplos. "Estas incluyen: medidas para aumentar la edad de jubilación, ligar más las contribuciones y las prestaciones, reducir la brecha de género de las pensiones, cambiar los incentivos fiscales, modificar la contribución al sistema de los autónomos, ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, y un mecanismo de equidad intergeneracional". El Ministerio de Seguridad Social está negociando actualmente un nuevo sistema de cotización para los autónomos, que deberá entrar en vigor en 2023 y es el siguiente hito más señalable ligado a las pensiones.

Esta semana también se está negociando el apoyo de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para el proyecto de planes de pensiones de empresa -o, formalmente, de empleo- de Escrivá. Pero en este caso se trata de una medida que contribuirá, en todo caso, a que los españoles cuenten con otro sistema de pensión complementaria que ahora apenas utilizan, por lo que la medida no repercutirá en la sostenibilidad del sistema y, de la misma manera, tampoco ayudará a ahorrar en el gasto en pensiones.

Así, y hasta 2023 Europa no emitirá dictamen alguno sobre las medidas que España está tomando en materia de pensiones. Las mismas fuentes recuerdan que la llegada del próximo paquete de fondos europeos no está ligado a ninguna medida en pensiones. En 2023 es cuando Bruselas evaluará la reforma del sistema de los autónomos y el posible aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, posiblemente permitiendo escoger que el trabajador escoja los años en el caso de las carreras más largas, ya que el Gobierno le ha prometido aprobar ambas medidas este año, en el Plan de Recuperación.