En España decenas de miles de puestos se quedan sin cubrir cada año, cada temporada. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea reformar la normativa de extranjería y flexibilizar requisitos que se exigen para poder contratar a personas dispuestos a trabajar en nuestro país y cubrir esas plazas que quedan vacantes en sectores como la hostelería o el campo. Actualmente para conseguir papeles de residencia y trabajo, con el fin de cubrir las crecientes vacantes en el mercado laboral español.

Preguntado por la reforma, cuyos detalles había adelantado El País, el ministro José Luis Escrivá rechazó dar detalles y se limitó a señalar que "hay margen de mejora y de perfección en el procedimiento".

El borrador del real decreto que ha diseñado, colgado en su página web para someterlo a audiencia y consulta pública, propone mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo a quienes ya están en el país, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para trabajar por cuenta ajena. Entre las propuestas más novedosas está la creación del "arraigo por formación", siguiendo el modelo alemán, según explica en su borrador.

Se abriría así la vía a que las personas que se encuentren en España en situación irregular y asuman un compromiso efectivo de formación puedan obtener una autorización de residencia una vez acreditada la formación.

La argumentación para plantear esta reforma es eminentemente económica, ya que la legislación de extranjería española se caracteriza por procedimientos lentos y grandes cuellos de botella que no permiten cubrir las necesidades de los empresarios y que acaban generando grandes bolsas de economía sumergida.

Catálogo de difícil cobertura

Según destaca el Ministerio, además del envejecimiento de la población, la transición ecológica y la digitalización hacen augurar una auténtica competición global por el talento y el capital humano y numerosos estudios alertan también de la dificultad de atraer personal a ocupaciones menos atractivas y con cualificaciones bajas.

La normativa que se pretende reformar exige, en el caso del arraigo laboral, que el extranjero haya permanecido en España durante dos años y haya trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses. En el caso del arraigo social, se exige acreditar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad, pero también un contrato con una duración mínima de un año.

El año pasado se concedieron por razones de arraigo laboral 5.902 autorizaciones y por arraigo social 47.877, a las que se suman 19.051 por arraigo familiar.

Deduce Migraciones que muchos de ellos han trabajado de forma irregular para subsistir mientras no tenían papeles y plantea aminorar algunos requisitos. Se propone también conceder autorizaciones de trabajo a personas reagrupadas y se abre la vía a conseguir papeles a quienes acrediten ante los servicios de inspección que han trabajado de forma irregular al menos seis meses en el último año.

Entre los objetivos está también contar con un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que permita una fotografía más exacta de las necesidades del mercado de trabajo y mejorar los procedimientos para la contratación en origen.

Estudiantes extranjeros

Respecto a los estudiantes extranjeros, se plantea que puedan simultanear los estudios con un trabajo (con un máximo de 30 horas semanales), algo que ahora tienen vedado salvo excepciones.

Migraciones calcula que un porcentaje elevado de los alrededor de 50.000 estudiantes no comunitarios matriculados en España podrían incorporarse al mercado laboral en perfiles con alta cualificación. Junto a esta medida, se quiere facilitar el trabajo por cuenta propia de los extranjeros, sometido ahora a múltiples requisitos y a fuertes inversiones. En 2021 solo se concedieron 285 autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia.

Migraciones subraya también la necesidad de reforzar las oficinas de extranjería para ganar en agilidad, ya que se tarda hasta nueve meses en tramitar los papeles de residencia y trabajo. Fuentes del Ministerio destacan que se trata de un borrador inicial, abierto a las aportaciones de las personas y entidades afectadas hasta el 13 de junio.