El Banco de España ahora estima que la economía española crecerá este año un 4,1%, cuatro décimas por debajo de su proyección de abril (4,5%) y dos por debajo de la del Gobierno (4,3%). También recorta ligeramente su previsión de crecimiento para 2023, pero solo una décima, del 2,9% al 2,8%, al tiempo que revisa al alza la de 2024, del 2,5% al 2,6%.

Son algunas de las conclusiones de su nuevo Informe trimestral de la economía española, donde el banco actualiza sus previsiones macroeconómicas, que ha publicado y presentado este viernes. En él, constata que la guerra de Ucrania sigue generando incertidumbre sobre cómo avanzará la economía, tres meses y medio después de iniciarse, porque afecta a los precios y a las cadenas de suministro internacionales.

En ese sentido, la mencionada ralentización en el crecimiento previsto se debe sobre todo a que la economía española avanzó menos de lo esperado en el primer trimestre: en ese periodo, el Banco preveía que sumaría un 0,9% y solo lo hizo un 0,3%, por la huelga de transportistas y también por la guerra de Ucrania. Es preciso recordar que en 2021 el PIB español creció un 5,1%, después de desplomarse un 10,8% en 2020, el año de la pandemia.

El supervisor español también cree que este año los precios estarán un poco por debajo de lo que había pronosticado en abril gracias al mecanismo del gas recién aprobado para bajar la factura de la electricidad. Según sus cálculos, la inflación media este año quedaría en el 7,2%, frente al 7,5% por el que apostaba en abril. Con un matiz: si el Gobierno prorroga hasta septiembre su paquete de medidas de apoyo a la economía, la inflación anual sería 3 décimas inferior. A la vez, cree que los precios subirán más de lo previsto en 2023 y 2024, un 2,6% y un 1,8%. En abril hablaba de un 2% y de un 1,6%.

Sin tener en cuenta el precio de la energía ni los alimentos (inflación subyacente), los precios subirán un 3,2% este año, prevé el Banco. Es cuatro décimas más que el 2,8% de abril, pero después este indicador se relajará, incrementándose algo menos en los próximos años: un 2,2% y un 2% en 2023 y 2024, respectivamente. Por aportar contexto, en 2021 los precios aumentaron un 3,1% de media, tras caer un 0,3% en 2020.

Asimismo, el banco estima que la tasa de paro este año estará en el 13%, frente al 14,8% registrado en 2021, y que seguirá bajando al 12,8% en 2023 y al 12,7% en 2024. Del lado del déficit, espera que se reduzca en 2022 hasta el 4,6% del PIB, algo mejor que el 5% estimado en abril, y que continúe disminuyendo hasta el 2,9% del PIB en 2025. Ahora mismo el Gobierno prevé que se sitúe en el 5% del PIB. En 2020 el déficit se situó en el 6,9% tras dispararse en 2020 al 10,9%.

Por parte de la deuda, prevé que sea del 114,9% del PIB este año, 2,3 décimas más que en abril, para reducirse hasta el 113,2% en 2023 y el 112,5% en 2024. En abril abogaba por un 112,6% en 2022, un 112,8% en 2023 y 113,5% en 2024.

Cree que la subida de precios no se está trasladando a los salarios

Además, el efecto de la guerra en los precios está obligando a los bancos centrales a empezar a retirar sus estímulos antes de lo previsto, obligándoles a tomar decisiones en base a sus análisis sobre "aspectos muy inciertos". La parte positiva es que la pandemia ya no afecta tanto a la economía a nivel mundial, aunque hay partes del mundo que están registrando nuevos brotes, como en China. Allí, las nuevas restricciones han provocado problemas de suministro a nivel internacional.

Otra buena noticia para el supervisor es que por el momento los altos precios no se están trasladando a los salarios, lo que por ahora hace descartar que la inflación esté provocando más inflación -lo que los economistas llaman efectos de segunda ronda-. Así lo expresó también el gobernador del Banco, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados.

El supervisor advierte de que próximamente publicará información más detallada sobre cómo está evolucionando la negociación colectiva, pero por ahora insiste en que ve un riesgo que los convenios incluyan cláusulas que liguen los salarios a la inflación, aunque sea a lo largo de varios años. Ahora mismo, el 25% de los trabajadores con convenio colectivo están protegidos por estas cláusulas.