Yolanda Díaz no dio por finalizada la modernización de la legislación laboral española una vez que consiguió aprobar su famosa reforma. El real decreto ley, que se pactó con los empresarios y sindicatos en diciembre y apareció publicada en el BOE antes de que terminase el año, como se había prometido a Bruselas, no era el final del camino.

Desde entonces, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha venido proclamando una extensa serie de anuncios en materia laboral. Y lo ha hecho al mismo tiempo que anunciaba su propio proyecto político, Sumar, con el que todavía no es oficial si irá a las elecciones de 2023 fuera de Unidas Podemos. Estas son las medidas que ha comunicado.

El estatuto del becario

El Gobierno ya se está reuniendo con representantes de los empresarios (de CEOE y Cepyme) y de los sindicatos (CCOO y UGT) para negociar un estatuto del becario. Es uno de los mandatos que recogía la reforma laboral. Los encuentros comenzaron a finales de abril y en Trabajo pretenden cerrar la negociación en unas semanas, de manera que entre en vigor para el próximo curso.

La idea es que todos los becarios coticen a la Seguridad Social y que así puedan acumular derecho a paro, así como que reciban algún tipo de compensación por los gastos que les suponen las prácticas. No se está contemplando, en cambio, establecer un salario mínimo para este tipo de puestos, como confirman desde el Ministerio.

"El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las practicas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales", es todo lo que aparecía en el decreto ley de la reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de 2021).

"No se puede pagar por ser becario y esto pasa", ha criticado Díaz. Unidas Podemos ya impulsó un estatuto del becario en 2017, y lo llevó al Congreso. También en 2018 Pedro Sánchez anunció que crearía un estatuto del becario y que eliminaría las prácticas extracurriculares, pero ninguno de los dos anuncios vieron la luz. Esta parece que será la definitiva.

La estrategia del autónomo

La palabra "autónomo" no aparece en la reforma laboral y "trabajo por cuenta propia" figura solo una vez, para explicar que la prestación por ERTE es incompatible con este tipo de empleo a tiempo completo. Pero la ministra opina que los derechos laborales del colectivo son «absolutamente mejorables», y por eso a principios de mayo avanzó la Estrategia del Trabajo Autónomo.

La iniciativa se ha abordado con las principales asociaciones de autónomos (ATA, adscrita a la CEOE; UPTA, a UGT, y Uatae, a CCOO) y próximamente se llevará al Consejo de Ministros, aseguran en el Ministerio. El proyecto incluye un plan de emprendimiento con asesoramiento y microcréditos para los autónomos, así como políticas activas de empleo, auditorías de viabilidad, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación. También busca impulsar la digitalización del trabajo autónomo a través de la formación.

En paralelo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está negociando con las mismas asociaciones de trabajadores por cuenta propia un nuevo sistema de cuotas. Se trata de una reforma que España se ha comprometido a llevar a cabo a cambio de recibir fondos europeos y que debería estar aprobada antes de que termine junio, aunque las discrepancias entre las organizaciones están dificultando el acuerdo.

La indemnización por despido

A pesar de que la recién aprobada reforma laboral no tocaba la indemnización por despido que impuso la de Rajoy, de 2012, este junio Díaz se ha mostrado este mes a favor de recuperar los 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente. Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.

Pero al mismo tiempo reconoció que sería preferible avanzar hacia un "despido restaurativo y disuasorio", alejado de la "formulación clásica", más en línea con el estilo europeo. "El despido tiene que tener una intención disuasoria y una mirada más ambiciosa en la indemnización (…). Un trabajador que tenga 58 años y no mucho tiempo de cotización, el debate que tenemos es ¿este trabajador no merecería que su indemnización sea mayor por la razón de la edad que tiene?", planteó la ministra, pidiendo una mirada "más ambiciosa en la indemnización".

Precisamente la negativa del Gobierno a incluir la indemnización por despido en las negociaciones de la reforma laboral fue lo que llevó a ERC, Bildu y el BNG a votar en contra de la nueva ley, que finalmente salió adelante gracias al error de un diputado del PP, Alberto Casero. La iniciativa había conseguido los apoyos necesarios pero dos diputados de UPN terminaron votando contra la disciplina de su partido, que era votar a favor. No se trata de que la ministra ahora esté negociando cambiar eso, pero lo que quedó claro esta semana es que no cierra la puerta totalmente.

El problema de las vacantes

Otro asunto que Trabajo está abordando en el problema de los vacantes en España: no se entiende que en un país de 3 millones de parados, existan 100.000 puestos de trabajo que no consiguen cubrirse. Para analizar el fenómeno y ponerle solución, a finales de mayo el Ministerio reunió a los agentes sociales y acordaron monitorizar el mercado de trabajo, localizar las zonas y sectores con más vacantes y actuar al respecto. No está muy claro cómo lo harán. Por ahora el Ministerio ha conseguido enfadar a los empresarios atribuyendo el problema a que los puestos no se pagan lo suficientemente bien.

"No se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad de trabajar, sino de que las posiciones no son lo suficientemente adecuadas y ventajosas para que los trabajadores puedan vivir en esas localidades turísticas, muchas sometidas al problema de la tensión del precio de la vivienda", aseguró en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey. Para él, tiene "fácil solución": "pagar adecuadamente, cumplir con los descansos y la jornada y permitir conciliar. Cuando suceda, las vacantes se esfumarán como ola espuma", vaticinó.

Los agentes sociales volverán a reunirse para analizar la situación el día 21 de junio. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo puntualizan que más que buscar elaborar un real decreto, se trata de hacer un ejercicio de prospectiva que pueda ayudar a llenar estos puestos de trabajo con los parados ahora existentes en el mercado de trabajo español.

El estatuto del trabajo del siglo XXI

En la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, Díaz anunció que en los "próximos días" empezaría a elaborar "la gran reforma del derecho español, el Estatuto del Trabajo del siglo XXI". "Ahora toca abrir las puertas del derecho laboral del siglo XXI, cambiar la realidad de arriba a abajo", afirmó.

Desde Trabajo aseguran que se trataría de una norma que sustituiría al actual Estatuto de los Trabajadores, pero también matizan que se está cocinando a fuego lento. Para elaborarlo, Díaz convocará a una comisión de expertos, que por ahora no ha designado. Por ahora esta iniciativa no se ha concretado más.

Un algoritmo para detectar horas extra fraudulentas

La semana pasada, Díaz anunció que impulsaría la creación de un algoritmo para detectar las horas extra fraudulentas, un mecanismo de inteligencia artificial que permita contabilizar las horas extraordinarias que realizan los trabajadores por encima de las limitaciones legales que establece el Estatuto de los Trabajadores, que son 80 anuales, y las que simplemente no se declaran. Para ello, Trabajo haría cálculos y comparativas con el registro horario y la dimensión de la plantilla, buscando dónde pueden estarse produciendo un exceso de horas por encima de los límites.

Es otra medida que está muy poco concretada, pero el secretario de Estado de Empleo aseguró en rueda de prensa que se busca poder "enviar actas automatizadas a esas empresas involucradas". "Se podrá en marcha lo antes posible y de alguna manera ya se pueden hacer ya algunos ensayos con las mismas", aseguró.

El derecho a paro para empleadas del hogar

La ministra también venía anunciando que conseguiría que las empleadas del hogar dejasen de ser la única profesión excluida del derecho a una prestación por desempleo. Finalmente, este jueves España ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2011, que amplía sus derechos laborales. Ahora, es el Ministerio el que debe regular este derecho a paro. Díaz ha asegurado que su Ministerio presentará el texto legislativo en los próximos días.

Al mismo tiempo, ha avanzado que está preparando una ley completa para "reformular" el trabajo doméstico en España y "extender" los derechos de estas trabajadoras. "El planteamiento va a ser más extenso que el propio convenio 189 de la OIT", aseguró Díaz en la Comisión del Congreso, subrayando que será "una norma ambiciosa".