El proyecto de Ley referente a la Sostenibilidad del Sistema eléctrico (Fnsse), aprobado por el Consejo de Ministros, podría implicar una rebaja en la factura de la luz pero también, un encarecimiento de los usos energéticos no eléctricos en España.

Un análisis del impacto que tendrá en los consumidores realizado por Sedigas concluye que la medida afectaría principalmente a las zonas más despobladas y a los consumidores más vulnerables. Además, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha advertido del impacto negativo que tendrá la industria nacional si no se modifica el proyecto de ley.

Estos análisis apunta que la reforma puede bajar el precio de la luz, pero generará una subida de los carburantes y de la factura de gas tanto a ciudadanos como a empresas. De este modo, el Fnsse actuaría, según estos análisis, como un nuevo impuesto tanto a carburantes como al gas natural, lo que implica una transferencia de rentas de los consumidores eléctricos a los ciudadanos, agricultores, taxistas y empresarios que utilizan carburantes o usan gas natural en su producción.

El fondo beneficiaría a consumidores domésticos eléctricos y perjudicaría a los consumidores de gas y a todos por el gasóleo y gasolina, ya que el coste supondrá unos 7,5 céntimos de euros por litro de combustible. Si esto fuera así resultaría una contradicción que el Gobierno esté preparando una prórroga del descuento de 20 céntimos en el litro de carburante porque a la vez cargaría las gasolinas con 7 céntimos de ‘impuesto’ extra.

Además, la aplicación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico creará una desigualdad territorial, según el análisis de Sedigas. Algunos partidos y territorios denuncian que la nueva ley supondrá una transferencia de rentas desde las comunidades y provincias del interior de España a las zonas de costa, de sol y playa, y las islas. Es decir, que los clientes de zonas más frías, del interior de la península, como por ejemplo Teruel o Soria, pagarán la ‘factura’ de la reforma energética por ser territorios con más consumo de gas y carburantes, que son las energías que aumentarán su precio para que se rebaje el de la luz. El análisis advierte que este traslado de costes entre sectores provocaría una redistribución de rentas a favor de los consumidores mayoritariamente eléctricos (urbanos, de zona templada y de clase media-alta) en contra del resto de la sociedad.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dependiente del Ministerio para la transición Ecológica, que ha participado en el proceso de elaboración de esta reforma, realiza en uno de sus últimos informes una comparativa del consumo de gas en el país tomando como zonas principales la del atlántico-norte, la mediterránea y la continental. Los datos concluyen que el consumo medio de gas en la franja del cantábrico es de 7.143 kWh de media por hogar, en la España interior alcanza los 10.511 kWh por hogar y en la mediterránea y las islas se queda en 6.233 kWh.

Las provincias del interior, las más frías, consumen un 68% de media más de gas que las de costa y las islas. En base a estos datos, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que, según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “permitirá reducir al menos un 13% en la factura de la luz de los consumidores eléctricos”, podría penalizar a los territorios que más gas y combustibles consumen.