El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que la herramienta que está preparando el Banco Central Europeo para que el fin del programa de recompra de deuda no pase factura a los países periféricos no va a salir gratis a España. Lo que quiere decir el presidente de la patronal es que esa "ayuda" estará condicionada a algunos ajustes. Garamendi ha recordado que el organismo europeo dejará de comprar deuda pública, después de haber estado adquiriendo el 50% de las emisiones. 

Además, ha explicado en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Apie que todavía no se conocen cuáles van a ser los requisitos, pero que no va a ser todo igual. El presidente de la patronal ha apuntado que “no podemos hacer políticas populistas con el dinero capitalista de Europa”. De esta manera, ha querido señalar que no se pueden indexar las pensiones al IPC, ya que "habrá algunos países que no van a estar de acuerdo en que nosotros subamos las pensiones un 8% y Alemania un 1%". Antonio Garamendi ha añadido que España va a tener que hacer esos ajustes porque “sino nos van a tener que obligar a hacerlo”, aunque hay que matizar que hay que saber las condiciones que ponen los dueños de la deuda.

Ante esto, Garamendi ha pedido al Estado que tenga un plan para rebajar sus ratiois de déficit y deuda pública y ha añadido la necesidad de reorganizar las administraciones públicas, a través de duplicidades y otros gastos superfluos. El presidente de la CEOE ha apuntado que Bruselas exigirá rebajar déficit y deuda con la condición de los fondos europeos, a pesar de que ahora las normas de estabilidad presupuestaria están suspendidas. 

Para Garamendi no es lógico que se suban las pensiones este año al mismo nivel que el IPC, porque se situó en el mes de mayo en el 8,7%. Ante esto, el presidente de la patronal ha dejado claro que quiere que todas las pensiones sean dignas, pero ha recordado que cada punto que aumentan suponen 1.700 millones de euros, “por lo que estamos hablando de 13.700 millones de euros y habría que añadir los 4.000 millones de los nuevos pensionistas”.