Los consumidores, si nada ni nadie lo remedia, pagarán en diferido la nueva rebaja del IVA de la factura de la luz. El impuesto, que pasará del 10% al 5%, después de que el año pasado se anunciara una reducción del 11%, se costeará a través del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y de los gravámenes que se impondrán a los beneficios de las compañías energéticas, según fuentes ministeriales. El nuevo impuesto a las empresas se ha convertido en prioridad para Unidas Podemos y podrá ser debatido en el consejo de ministros extraordinario del próximo sábado.

El FNSSE, una idea en la que llevaba trabajando el Gobierno desde hace varios meses pero que estaba paralizado por la falta de acuerdo con las empresas del sector, va cogiendo forma, una vez que la crisis energética se va a alargar más de lo deseado. En este contexto, Hacienda se ve en la necesidad de recaudar por otra vía la falta de ingresos por impuestos en el recibo eléctrico.

El fondo de Sostenibilidad tiene como objetivo rebajar un 13% el recibo eléctrico en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables. El anteproyecto de ley se diseña para frenar la sobre retribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traducirá en una reducción adicional de la factura de la luz entre un 4% y un 5%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende sacar de la factura eléctrica un total de 7.000 millones de euros en los próximos cinco años. Para ello, las empresas del sector que más energía contaminante necesiten para generar electricidad o que vendan dichas materias primas pagarán más. Y es en este punto en el que converge el gran problema. Las empresas gasistas y petroleras dejaron claro al Ejecutivo que los costes derivados del FNSSE se trasladarían a los clientes en el precio final del servicio. Es decir, en los surtidores y en la tarifa del gas.

Desde esta misma semana ya se debate en las instituciones la aprobación y las posibles enmiendas del fondo y, de acuerdo a la información publicada por El Confidencial, el Gobierno de Pedro Sánchez espera que antes de septiembre saque adelante la nueva sobre retribución a determinadas empresas energéticas.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya avisó en un informe previo a la crisis energética que este fondo tendría consecuencias negativas para los recibos del gas y para el ticket de los carburantes. El supervisor hablaba de incrementos de entre el 3% y el 5% en ambas facturas.

“Es probable que la modificación del mecanismo de financiación tenga un impacto contrario al consumidor porque las comercializadoras “trasladarán el coste o una parte del mismo al precio final que paga el cliente”, remarcaba la institución dirigida por Cani Fernández.

Con todo, desde el Ministerio dirigido por María Jesús Montero se insiste en que “aún no hay nada concreto” de cómo será el mecanismo para paliar la falta de ingresos del IVA durante esta nueva prórroga.

Además, las mismas fuentes recalcan que la rebaja del IVA del 21% al 5% supone un ahorro de unos 600 millones al trimestre. “El ahorro alcanza los 1.800 millones al trimestre con el resto de medidas (prórroga de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica”, argumentan.

Cifras que no coinciden con la de los técnicos de Hacienda. Los trabajadores estiman que el coste de bajar el IVA de la luz del 21% al 5% oscilará entre 430 y 460 millones de euros en los próximos tres meses, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que esta medida se aprobará este sábado en el Consejo de Ministros extraordinario.

Gestha calcula que la rebaja del IVA al 5% y la prórroga de la rebaja al mínimo europeo del Impuesto sobre la Electricidad y de la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica tendrán un coste entre 1.360 millones y 1.450 millones en los próximos tres meses, según cómo fluctúe el precio del Mw/h.

Impuesto a las eléctricas

Por otra parte, tal y como se mencionaba anteriormente, el Gobierno también prevé recaudar una suma importante de millones por un nuevo impuesto a las empresas eléctricas.

Por el momento, el Gobierno ha asegurado, a través de su portavoz Isabel Rodríguez, que ya se tiene en mente la creación de un nuevo gravamen. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aboga por elevar la tasa del impuesto sobre sociedades en 10 puntos a las “grandes empresas energéticas” con el objetivo de elevar la recaudación en entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de la cartera económica, aún no han dado el paso adelante y no han avanzado medidas concretas que, en cualquier caso, no entrarían en vigor hasta el año que viene puesto que no podrían ser aprobadas por real decreto ley.