El Gobierno anunció ayer que el sábado aprobará una nueva bajada del IVA de la luz y que prorrogará el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. De nuevo, dos medidas que se aplicarán de forma generalizada a toda la población (a toda la población que utilice electricidad y coches) y no se focalizarán en las rentas bajas.

Pero los economistas consultados por este medio son críticos con esta decisión y advierten de los "efectos perversos" que tienen este tipo de ayudas generalizadas. Porque son regresivas, es decir, porque benefician más a las clases más altas y no a quienes más lo necesitan, pero también porque bonificar el consumo en un momento de alta inflación impulsa la demanda, y no contribuye a frenarla.

En su lugar, abogan por medidas mucho más focalizadas, como transferencias directas a las rentas más bajas, reforzar el ingreso mínimo vital o tocar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es lo que también han pedido el Banco de España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimos informes.

Las medidas propuestas por Yolanda Díaz, en el aire

Hoy por hoy, solo está claro que el Gobierno va a aprobar una nueva bajada del IVA de la luz hasta el 5%, buscando contener la inflación, y que prorrogará la subvención de 20 céntimos por litro de combustible, que se mantendrá hasta 30 septiembre. Además, y también buscando rebajar el impacto de los altos precios en la vida de los ciudadanos, la semana pasada entró en vigor el límite al precio del gas que repercute en el resto de la factura eléctrica.

Sobre las medidas que Yolanda Díaz ha propuesto para ayudar a los más perjudicados por el incremento de los precios, el Gobierno no se ha pronunciado. La vicepresidenta y ministra de Trabajo propuso un cheque de 300 euros para los más vulnerables y reducir un 50% el abono del transporte, porque ve "impensable" que solo se esté subvencionando a quien utiliza el transporte privado y no el público. Son medidas que se financiarían con una subida de 10 puntos en el impuesto de sociedades, medida que recaudaría 2.000 millones.

La sugerencia, hecha además vía Twitter, molestó a la ministra de Hacienda que está de acuerdo en que debe apoyarse a los vulnerables pero cree que ya existe el IMV para ello, a la vez que opina que la propuesta de Díaz no es la forma más adecuada de elevar recaudación. "La fiscalidad no siempre se puede regular a través de decretos leyes, tampoco a través de los proyectos de Presupuestos. Aquellos que son expertos en esta materia me entienden perfectamente", aseguró María Jesús Montero ante los medios.

Las rentas más altas gastan más luz y combustible

"Buena parte de las medidas que se están aplicado se han aplicado a todos, y eso significa que son regresivas", explica Manuel Hidalgo, doctor y profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide. "La rebaja de los 20 céntimos de combustible se está aplicando a familias que ganan 1.000 euros al mes y a familias con 10.000 euros de ingresos al mes y con tres coches, y uno de ellos contamina mucho. Estas medidas no son tan necesarias para determinados niveles renta".

"Y aparte estás generando una sensación de que no ha subido tanto el precio del carburante. Cuando una materia prima se encarece mucho, tú lo que tienes que hacer es consumir menos, es ahorrar. Entonces estás generando efectos perversos. Si en vez de gastarme 500 millones al mes en esta política me los gasto igual pero entre la población que más lo necesita, es una medida más limpia", opina.

El argumento de la regresividad lo han esgrimido también los principales organismos económicos, que desde hace meses vienen insistiendo en que el Gobierno debe poner en marcha medidas que protejan a los hogares más vulnerables contra los altos precios, porque dar ayudas generalizadas a toda la población no es eficaz ni eficiente, en un contexto en el que los altos precios están afectando mucho más a las familias con menores rentas.

España no ha aprobado hasta la fecha ningún subsidio en este sentido. «La política fiscal, que se espera que siga apoyando a la economía en 2022 y 2023, debería equilibrar una retirada progresiva de los apoyos con medidas bien dirigidas y apoyos temporales para proteger a los hogares y empresas vulnerables a la alta inflación», apuntaba la OCDE en su último informe de previsiones.

«Teniendo en cuenta nuestros elevados niveles de endeudamiento público, es fundamental que estas medidas de apoyo se diseñen de forma muy focalizada hacia los hogares y las empresas más vulnerables», apuntaba el Banco de España en su última presentación. «En particular, en la coyuntura actual sería deseable centrar los esfuerzos en el apoyo a los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las empresas más vulnerables a esta nueva perturbación».

Subvencionar los bienes más afectados por la inflación es contraproducente

Ante un episodio de fuerte inflación ya no temporal, como en principio se preveía, sino alargado en el tiempo, otra clave es adaptar el consumo a esta situación. Es lo que señala Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador asociado del centro de estudios Fedea.

"Cuanto antes adaptemos el consumo mejor, hay que ir adaptando los comportamientos en una determinada dirección, y no es la de subvencionar el coste de estas materias primas. Parece que la inflación va a estar más tiempo con nosotros, y subvencionar fiscalmente el consumo no va a favorecer el que esto se asuma", indica.

El profesor remarca que subvencionar el precio, por ejemplo, de la gasolina, no contribuye a reducir la demanda de ese bien, por lo que se contribuye aún más "a esa presión sobre los precios". Sin embargo, si se modera el consumo, puede contribuir a frenar algo la escalada de los precio, de una forma similar a lo que consigue una subida de tipos de interés, que enfría la economía, como ya hemos explicado en este artículo.

¿Qué medidas se podrían tomar?

Entre las medidas que los economistas consideran más adecuadas en esta situación están los cheques para los hogares con rentas más bajas, las trasferencias directas a estas familias, el refuerzo del ingreso mínimo vital o incluso tocar el IRPF para adaptarlo a la inflación, si se considera que los salarios han subido con los precios, algo que todavía parece que no ha ocurrido.

A la vez, resaltan la importancia de un pacto de rentas que evite que entremos en una espiral de inflación. Este acuerdo entre sindicatos y empresarios prevendría que los agentes económicos trasladen los aumentos de costes que les supondrán subir los salarios a sus precios. Es algo que el Gobierno intentó impulsar pero que dejó de lado después de una sola reunión con los agentes sociales. Ahora, el Banco de España considera que "de facto" ya se ha llegado a un pacto de rentas, puesto que las subidas salariales están siendo muy contenidas.