Incredulidad. Esa es la palabra repetida entre las grandes empresas del sector energético. La ministra portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez aseguraba en una entrevista en La Sexta este miércoles que el Ejecutivo había transmitido a todas las compañías el nuevo escenario fiscal al que se enfrentan para rebajar los costes energéticos a los ciudadanos.

"La decisión está tomada" y "comunicada", dijo Rodríguez. A su vez, incidió en que “iría bien que las propias energéticas contribuyan con su país. Cuando vienen mal dadas, este país ha dado la mejor versión de sí mismo cuando hemos reaccionado todos a una. Pedimos a las empresas eléctricas y energéticas lo mismo que está haciendo el Gobierno: hacer esfuerzos”.

No obstante, fuentes del sector energético aseguran a este periódico que tal notificación no se ha producido hasta ahora. “No nos han explicado nada de manera oficial y formal. No se ha comunicado sobre el alcance, el cómo, el tipo de gravamen o sobre la duración del supuesto impuesto”, remarcan.

A su vez, las mismas voces consultadas por El Independiente aseveran que tampoco han explicado la fórmula que utilizarán para su aprobación. Y es que el Gobierno quería incluir en el real decreto ley que se aprueba este sábado medidas contra los beneficios de las energéticas, algo que no podrá suceder ya que deberá ser aprobado por ley orgánica y refrendado por el Congreso de los Diputados. Es decir, que como muy pronto no saldrá adelante hasta 2023.

Por otra parte, las fuentes energéticas remarcan que sí que se han producido encuentros con técnicos de Haciendo, pero fueron “conversaciones preliminares”, si bien no se pusieron encima de la mesa “detalle alguno” del aumento fiscal a las compañías.

No obstante, las principales compañías energéticas españolas ya se han reunido con sus equipos de asesoría fiscal para buscar soluciones al posible impacto económico que tengan en sus cuentas.

Los analistas llevan la contraria al Ejecutivo

El nuevo cuadro fiscal que dibuja el Gobierno tampoco gusta a los analistas financieros. De acuerdo a los diversos informes a los que ha tenido acceso este periódico, la opinión general es contraria a la versión que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El martes las empresas que cotizan en el Ibex 35 sufrieron pérdidas por valor de 4.000 millones de euros ante la inseguridad que generan los nuevos impuestos que planea el Gobierno. Esta misma situación se repitió en la sesión del miércoles y los valores energéticos sufrieron pérdidas de hasta el 4,2%, como fue el caso de Repsol.

Los analistas de Santander creen que “no es una buena idea” imponer nuevos gravámenes ya que existen “numerosos impuestos” que ya atajan los beneficios de las compañías. “Aparte de otros numerosos impuestos y gravámenes sobre las utilities (impuestos por tecnología, como la tasa del 25,5% sobre la producción hidráulica, o los 5€/MWh de la nuclear más los 8,03€/MWh de la tasa de Enresa, etc), también pagan una tasa de impuesto corporativo del 25%, más impuestos extraordinarios que limitan las ganancias de sus plantas inframarginales por encima del umbral de 67 €/MWh”, consideran.

Además, aseguran que habrá un menor apetito inversor por el nuevo escenario que se contempla dentro de la inseguridad jurídica española. Por último, alertan de que los impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre las empresas de servicios públicos “pueden contraatacar al regulador, ya que las compañías pueden sentirse menos comprometidas con sus clientes y más para defender su maltrecha rentabilidad”.

BNP Paribas, a su vez, remarca que el ruido regulatorio no cesa y, a pesar de las perspectivas muy positivas para los intereses del Gobierno, “es probable que la incertidumbre siga pesando sobre las acciones”.