365 días y 15.000 millones de euros después, Pedro Sánchez ha presentado un nuevo paquete en el que se incluyen medidas para hacer frente a la crisis energética. El presidente del Gobierno convocó un consejo de ministros extraordinario para, entre otras cosas, rebajar el IVA de la factura eléctrica del 10% al 5%.
Según los cálculos del Ejecutivo, el ahorro total de rebajar el IVA del 21% hasta el 5% asciende hasta los 600 millones de euros al trimestre y alcanza los 1.800 millones de euros al trimestre con la inclusión del resto de medidas que ha llevado a cabo previamente: la prórroga de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que han sido extendidos hasta el 31 de diciembre.
Así, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el presidente del Gobierno ha arrancado que el Ejecutivo es consciente "de las dificultades que atraviesan las familias, las empresas y por eso aprobamos un primer plan hace tres meses, que fueron consensuadas con todos los agentes sociales de nuestro país”.
Pedro Sánchez sostiene que gracias al nuevo paquete de medias la inflación se ha contenido en 3,5 puntos. "De no haber salido adelante el plan energético que se aprobó hace tres meses, el IPC se hubiera disparado hasta los 15 puntos", ha argumentado el inquilino del Palacio de La Moncloa.
A su vez, Sánchez ha anunciado un nuevo impuesto contra los llamados beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. El nuevo gravamen se retrasará debido a que no puede ser aprobado por Real decreto-ley y se debe tramitar por ley orgánica. "Nos tenemos que atender a la legislación actual, pero el Ministerio de Hacienda ya está trabajando , ha señalado.
"Es un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinario a las empresas energéticas que avala la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, Pedro Sánchez ha lanzado un serio aviso a las compañías del sector argumentando que "no se pueden tener réditos indirectos ante una crisis sin precedentes".
El impuesto ha sido criticado por los inversores, por la CEOE y por las propias sociedades, que no descartan acudir a los tribunales ya que lo consideran anticonstitucional. De hecho, las empresas que cotizan en el Ibex 35 sufrieron grandes pérdidas sobre el parqué, por valor de 4.000 millones de euros.
Respecto al diseño de este nuevo impuesto, afirmó que se están "estudiando" los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea, aunque añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, "es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular".
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