El Gobierno, a través de la Sepi, deberá rendir cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el movimiento acometido en Indra la pasada semana. La empresa estatal dio un golpe de estado dentro de la empresa tecnológica para poder tener el control en el consejo de administración y eliminar a los consejeros independientes que no aprobaban los planes de Moncloa.

Tras la inestimable ayuda de Joseph Oughourlian y la empresa vasca Sapa, abanderada por la familia Aperribay, el Gobierno consiguió eliminar a Alberto Terol (vicepresidente de la empresa), Carmen Aquerreta, Ana de Pro y Enrique de Leyva (que también se opusieron al voto de calidad de Murtra en caso de empate en la toma de decisiones) gracias al 36% que había formado Sepi, Amber y Sapa.

Pero, ¿es ético y legal lo que hizo Moncloa a través de la Sepi para controlar la compañía? De momento, la CNMV ya ha dicho que deberá investigar lo sucedido ya que las maniobras podrían incumplir el código de Buen Gobierno que rige en las empresas cotizadas. Así, la empresa estatal y el resto de socios que auspiciaron la salida de los consejeros independientes deberán rendir cuentas por la forma en la que acometieron los actos.

La normativa indica que si varios accionistas, de manera individual, o concertada, superan el 30% del capital social o nombran a más de la mitad de los consejeros deberán realizar una oferta para controlar la empresa, en este caso Indra. En este sentido, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, ya avisó este viernes que “se analizará con tiempo, rigor y premura”. De hecho, el máximo dirigente del supervisor aseguró que se mantuvo en contacto con la sociedad para pedir información al respecto.

Cabe destacar que con la irrupción de Oughourlian en Indra (posee el 4,1% del capital social), el Gobierno y con el apoyo de Sapa, tiene asegurado el 34% del accionariado de la tecnológica. Es esta cuestión en la que tendrá que entrar de lleno la CNMV.

No es el único motivo por el que el supervisor podría entrar de oficio en el rumbo de Indra. El Código de Buen Gobierno de las cotizadas exige que exista independencia dentro del consejo de administración. En el texto redactado por la CNMV se apela a que el número de consejeros independientes sea superior al de los consejeros que coloca cada compañía.

En este sentido, en uno de los apartados, la institución indica que se ha de “velar también por la independencia respecto de los grupos accionariales de control que puedan ejercer influencia sobre el equipo ejecutivo. Sólo evitando la selección de candidatos que tengan vínculos sustanciales con tales grupos puede asegurarse, además, el deseable equilibrio entre consejeros independientes y consejeros dominicales”.

Una circunstancia que aún no se sabe si se podrá dar ya que las tres compañías siguen poniendo a consejeros afines para que la toma de decisiones sea favorable a sus intereses. Además, con la salida de Ana de Pro, de Isabel Torremocha y de Carmen Aquerreta, en el consejo de administración la figura femenina se reduce drásticamente y tampoco se cumple el 40% que recomienda la Comisión de Nacional del Mercado de Valores.

Versión de los hechos

Con todo, Indra deberá publicar la versión de los hechos de los consejeros. El punto 24 de la recomendación del código de Buen Gobierno obliga a las empresas cotizadas a explicar “los pareceres sobre el motivo del cese” de los consejeros que han sido apartados de sus funciones de manera permanente.

Es decir, los directivos díscolos con el Gobierno podrán expresar su parecer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alberto Terol, tal y como adelantó Expansión ya fue muy crítico con la gestión en la jornada que fue expulsado del consejo. “Venceréis, pero no convenceréis”, dijo apelando a la famosa frase de Unamuno contra el ejército de Franco.

Cabe recordar que esta directriz se incluyó en el código, precisamente, para que no volviera a ocurrir lo que pasó con Amber Capital (Joseph Oughourlian) en Prisa. El fondo expulsó a varios de sus consejeros y no dio explicación alguna, una maniobra que fue duramente criticada entre los accionistas del conglomerado informativo.

El golpe de timón que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Indra provocó la huida de los inversores en Indra. La compañía estratégica se desplomó en bolsa hasta un 20% durante el pasado viernes, dejando un daño reputacional de la empresa difícil de sacar adelante.