La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, se encomienda a la nueva ley concursal que se está tramitando en las Cortes para evitar la temida avalancha de concursos de acreedores por parte de las empresas una vez que finalice la última prórroga de la moratoria concursal el 30 de junio.

Salvo sorpresa de última hora, el Ejecutivo no tiene previsto alargar esta medida que declaró por primera vez en 2020 con motivo de la pandemia para evitar la obligación de las compañías de declarar el concurso cuando tuvieran una situación de insolvencia, a pesar de que están legalmente obligadas a ello.

La titular de Economía sostuvo este jueves tras la reunión del Consejo de Ministros que, a pesar de que la moratoria decae el jueves, las empresas tienen un plazo de dos meses más -según la normativa vigente- antes de que entre en vigor la nueva normativa que busca favorecer la reestructuración de empresas que sean viables.

El texto debe pasar este jueves el último trámite en el Congreso antes de su paso por el Senado el 19 y 20 de julio. Aunque según Calviño es "una de las reformas estructurales más importantes" que se abordan en nuestro país, el Ejecutivo ha apurado los plazos al máximo tras la aprobación en diciembre del proyecto de Ley en Consejo de Ministros. Y pese a la intensa actividad de negociación desplegada por el Grupo Socialista en el Congreso, los tiempos son más que ajustados. De hecho, la idea era que la nueva ley entrase en vigor coincidiendo con el fin de la prórroga de la moratoria.

La nueva ley concursal parte de la directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo que debe ser traspuesta al ordenamiento español. De no hacerlo, o de hacerlo fuera de plazo (17 de julio), el Estado se expone a sanciones por parte de Bruselas. En este sentido, Calviño ha dicho que el Gobierno trabajará "intensamente" para que la ley termine "cuanto antes" su trámite parlamentario.

El texto, al que se presentaron más de 600 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, tiene como puntos fuertes la reestructuración temprana de empresas viables, la posibilidad de exoneración de deudas para los deudores de buena fe y la necesidad de elevar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia.

La preocupación para el Ejecutivo es que se pueda enfrentar a una oleada de quiebras e insolvencias, con la consecuente amenaza para la tasa de paro apenas unos meses antes de que comience un nuevo año electoral. De hecho, a pesar de la moratoria la solicitud de concursos no paró de crecer en el pasado ejercicio.

Y algunos expertos llevan tiempo alertando de que el fin de la moratoria provocará un tsunami de concursos. O, al menos, un pico de actividad que puede tener fuerte repercusión para el funcionamiento de los juzgados mercantiles. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los concursos de acreedores crecieron un 37,5% en 2021 frente a 2020, y un 57% respecto al año anterior a la pandemia.

Según un estudio realizado por RZS Abogados, España superará la cifra récord de los 10.000 concursos de acreedores, multiplicando por cinco los procesos anteriores a la crisis inmobiliaria de 2008. Durante la segunda mitad del año, prevén un aumento "desmesurado" de las solicitudes salvo que se adopten medidas de índole económico y financiero que permitan contenerlo.

"Muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas complejas pero necesarias para su supervivencia, han continuado operando en la misma situación  agravando su estado, y ahora con el fin de la moratoria, deberán enfrentarse a la realidad de su posiblemente, crítica situación", dice Javier Díaz-Gálvez, socio de Abencys.

"Lo que en principio fue una medida lógica y adoptada en la mayoría de los países de nuestro entorno, con el paso del tiempo, las sucesivas prórrogas y la no exigencia de ningún requisito para poder acogerse a éstas, se ha convertido en una medida con unos efectos contraproducentes para el futuro del tejido productivo español", abundan.

La nueva norma que deben aprobar las Cortes fija indicadores que avisarán a las empresas antes de tener problemas financieros, para que puedan declarar a preconcursos preventivos. También se contempla un procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores que eleva la posibilidad de supervivencia de las empresas viables.

La norma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez haya completado todo el trámite parlamentario. De hecho, se ha declarado hábil el mes de julio en las Cortes para poder finiquitar su aprobación.