Las empresas del Ibex 35 ven un “gran riesgo” en la credibilidad de nuestro país tras los últimos bandazos del Gobierno en el plano empresarial. El polémico golpe de timón que ha acometido en Indra ha desembocado en una grave crisis reputacional a la Sepi, compañía dependiente del Estado.

El Estado consiguió pactar con Sapa y Amber Capital el cese de los consejeros independientes de la compañía, que eran contrarios a la gestión y a los planes que tenía la Sepi dentro de la empresa estratégica. De hecho, así lo hicieron constar los propios damnificados en una carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La inestabilidad en el consejo de administración ha provocado recelos de las grandes empresas de nuestro país. “Que el Gobierno haya hecho este tipo de movimientos para asegurarse el control en una compañía no genera una buena imagen reputacional”, explica un directivo de una compañía a este periódico.

De hecho, tal es la incertidumbre que se ha instaurado dentro de Indra que la CNMV ya está a la espera de información de la propia empresa para poder activar una investigación que aclare lo ocurrido. El supervisor también tiene en su poder la visión de los consejeros cesados hace una semana. En la misiva remitida el pasado martes, todos los miembros del órgano ejecutivo señalan que la Sepi, de la mano de las dos empresas aliadas, actuó de manera dudosa y ponen en tela de juicio el código del buen gobierno de la compañía.

El regulador, mientras, ya ha dicho que el Gobierno podría haber actuado de otra manera. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, puso en relieve la importancia de este tipo de consejeros. "Es muy importante que sea auténticamente independiente y que cumpla todas las normas del código de buen gobierno; es un proceso relevante", dijo. El dirigente, a su vez, ratificó que se va a analizar el proceso en Indra: "Solo puedo decir que vamos a analizar los movimientos en el consejo por si de ellos se deriva una acción concertada".

En este sentido, fuentes del sector tecnológico recalcan que “lo normal”, en estos casos, es que “el Gobierno hubiera lanzado una OPA”, tal y como dicta la “ley” de los mercados de los valores. “Era una gran oportunidad para no enturbiar una operación que ya generaba dudas desde hace meses con el nombramiento de Marc Murtra”, prosiguen.

Las mismas voces remarcan que el querer controlar una compañía estratégica como Indra no es “ni mucho menos” una mala decisión. “Casi todas las potencias europeas y de Occidente controlan una empresa especializada en tecnología y Defensa. De hecho, es algo que debe plantearse este Gobierno o si viene uno nuevo el año que viene”, recalcan. “Indra es una compañía con mucho valor y trabaja en sectores clave para la seguridad de una nación. Por eso, seguramente, Moncloa ha querido lanzarse a por ella, pero debería haber acudido con una OPA y no con un pacto entre accionistas”, puntualizan.

Los inversores miran con lupa

La polémica, citando a fuentes empresariales, puede provocar que los inversores recelen de acometer inversiones en empresas estratégicas. Basta con mirar la cotización de Indra después de la cascada de ceses que se produjeron la semana pasada. En concreto, las acciones de la empresa llegaron a desplomarse hasta un 20%.

“Insistimos en nuestra idea de que se abre una etapa de incertidumbre en torno a Indra y a la evolución de su cotización”, sostienen desde el banco de inversión Renta 4. UBS informó a sus clientes que existe "riesgo sobre la gobernabilidad puede persistir por algún tiempo" en la compañía.

Financiera Alba, uno de los principales accionistas de la compañía, salió del capital social recientemente y vendió el 3,21% a la propia Sepi. El holding inversor de la familia March ya se había desprendido de otro 5% en Indra el pasado diciembre. Entonces se lo vendió a Sapa. Por su parte, el fondo de inversión Fidelity se deshizo de casi un 1% de sus acciones en la firma de tecnología justo después de que el Ejecutivo se hiciera con el control de la corporación tecnológica en una controvertida junta de accionistas. No obstante, fuentes de la empresa tecnológica aseguran a este periódico que este movimiento “nada tiene que ver” con la marcha de los consejeros.

El impuesto a las eléctricas, en entre dicho

No es el único motivo por el que los inversores y las empresas del Ibex 35 están preocupadas. El nuevo impuesto que barrunta el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las empresas eléctricas ya ocasionó la pérdida de más de 6.000 millones de euros en la capitalización de las principales compañías energéticas de nuestro país.

“Las eléctricas han estado restringiendo sus ofertas comerciales. Los impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre su negocio pueden provocar que sea contraproducente para el regulador, ya que las eléctricas pueden sentirse menos comprometidas con sus clientes y defender su maltrecha rentabilidad”, indican los analistas de Banco Santander a sus clientes en un informe al que tuvo acceso este periódico.

“El aumento del riesgo regulatorio en España se explica, en nuestra opinión, por el escaso impacto del precio tope del gas ibérico en la factura eléctrica y los resultados extremadamente débiles de los partidos de la coalición del Gobierno español en las elecciones autonómicas de Andalucía del pasado domingo”, sostienen los expertos de RBC.

En este contexto, fuentes del sector energético indican que debe existir “mayor colaboración entre Gobierno y empresas” para no “provocar una fuga de inversores”. A su vez, abren la puerta a que “puede tener sentido gravar los incrementos de beneficios frente a la situación anterior a la crisis” , pero “es eso lo que hay que buscar, los incrementos de beneficios”.

Cese del INE

Los movimientos en Indra y la proyección de nuevos impuestos coinciden con otros dos decisiones tomadas por el Gobierno que no han pasado desapercibidos por las principales compañías.

La marcha del presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, se produjo el día después del cese de los consejeros de Indra. “Son noticias que trascienden fuera de nuestras fronteras y no despejan el camino, que ya es demasiado angosto por el contexto macroeconómico”. Fuentes empresariales remarcan a este periódico que, a pesar de que “pudiera tener sentido los cambios, se producen en un contexto negativo y en un momento en el que varios ministros han cargado contra el instituto de estadística por sus métricas”.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, también quiso expresar su sentir y aseveró que "los organismos independientes deben ser independientes", tras conocerse la dimisión de Poo. "No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido y es muy importante para todos, para analizar los temas", dijo.