El actual escenario de inflación disparada amenaza los bolsillos de los consumidores y estrecha los márgenes de las empresas. Los bancos centrales están decididos a usar todas las herramientas para controlar el alza los precios. Pero esas subidas de tipos asustan y la tormenta perfecta de la que nadie sabe cómo vamos a salir amenaza con echar por tierra la recuperación tras la pandemia provocando un estancamiento de la economía o incluso una temida recesión en los próximos años.

El Banco Central Europeo decidió en su última reunión adoptar una subida de tipos del 0,25% en julio -la primera en once años- y es probable que suba otro 0,50% en septiembre para volver a evaluar la situación más tarde. La Reserva Federal estadounidense (Fed), por su parte, elevó los tipos un 0,75%. Y no parece que vayan a ser las últimas, sino que la expectativa es que ambos organismos sigan elevando tipos. "Iremos tan lejos como sea necesario,", dijo el pasado martes, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, con el objetivo de garantizar que la inflación se estabilice a medio plazo en el 2%. 

En España, los precios han subido un 10,2% en junio con respecto al mismo mes del año anterior. El dato avanzado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el más alto en 37 años, muestra que el encarecimiento de los productos y servicios sigue creciendo a un fuerte ritmo y que se sigue trasladando al resto de la cesta de la compra. Sin tener en cuenta la electricidad ni los alimentos, los productos más condicionados por la energía, los precios se han incrementado un 5,5%, lo que supondría el nivel más alto desde agosto de 1993.

¿Pero cómo afectará esto al crecimiento? De momento, el Consejo General de Economistas (CGE) mantiene en el 3,9% sus previsiones para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año y deja en el 7,1% la tasa media anual del Índice de Precios al Consumo (IPC). No obstante, se remarca que el crecimiento del PIB del 0,2% en el primer trimestre, denota que el país está asistiendo a una desaceleración. Para el conjunto de la eurozona, el BCE espera un 2,8% de crecimiento, aunque podría ser revisado a la baja.

El Gobierno, por su parte, defiende que sin las medidas que ha tomado hasta ahora como el tope del gas, rebajas fiscales en la electricidad o la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina, la inflación estaría en tasas cercanas al 14 o el 15%. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se esforzaba esta semana en atribuir la subida disparada de los precios "en dos terceras partes" a la guerra de Ucrania.

E.I. Gráficos

En este sentido, los expertos alertan de la posibilidad de entrar en una peligrosa espiral de caída generalizada del consumo, marcada por el particular contexto internacional. La guerra de Ucrania no tiene visos de concluir de manera rápida, sino que lo más probable es que el conflicto bélico iniciado por Rusia se alargue en el tiempo con las repercusiones que ya está teniendo sobre los precios de la energía y las materias primas. Esto seguirá presionando al alza los costes de producción, que después pueden ser trasladados a los precios de los productos.

Asimismo, la firma de hipotecas ya se está ralentizando ante la subida del Euribor, al que se referencian la mayoría de hipotecas variables. En concreto, la firma de hipotecas sobre viviendas aumentó un 4,5% en abril, registrando su menor crecimiento desde febrero de 2021 y un descenso de casi un 23% en comparación con el mes de marzo. Y según los cálculos de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), el euríbor podría alcanzar 1,5 puntos a finales de año.

E.I. Gráficos

Negociación salarial

En todo este contexto, el sector empresarial ve como un peligro real la posición que adopten los sindicatos en la próxima negociación salarial y de convenios, por su repercusión en la competitividad del tejido productivo. "A pesar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde 2018, donde destacan las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los datos muestran que al menos hasta 2020 no han logrado revertir la importante pérdida de poder adquisitivo que acumulan los salarios por realizar el mismo trabajo", avisan ya desde el sindicato Comisiones Obreras.

"Es de prever que con las fuertes subidas de la inflación de 2021 y 2022 esta pérdida de poder adquisitivo y sus consecuencias negativas tanto a nivel de los hogares (empobrecimiento) como a nivel macroeconómico (caída del consumo, de la actividad y aumento del endeudamiento) vayan a más. Es urgente adoptar medidas de ámbito laboral y económico para recuperar el poder adquisitivo perdido por los salarios y evitar que esa pérdida vaya a más", enfatizan desde el sindicato que dirige Unai Sordo.

Pero tampoco se puede perder de vista el tema de las pensiones, con una revalorización difícil de cumplir por parte del Gobierno. Bruselas tiene puesta la lupa en los cálculos del Ejecutivo español, que tiene la intención de elevarlas en 2023 tomando como referencia al IPC medio registrado entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Esto supondrá un incremento del gasto público de al menos 16.000 millones, según los cálculos del Banco de España. Y los funcionarios tampoco parece que vayan a quedarse con las manos cruzadas ante su pérdida de poder adquisitivo.

Pero el alza de precios registrado en España se extiende también a toda la Unión Europea. El dato adelantado de junio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se volvió a disparar un 8,6%, marcando un nuevo máximo histórico y superando las expectativas de mercado tras el 8,1% de mayo.

La incertidumbre, por tanto, es máxima en un contexto geopolítico mundial que apunta ya a una configuración bipolar que estará protagonizada probablemente por los cierres comerciales, la parálisis del comercio exterior y el fin de los mercados con mano de obra barata. El escenario a largo plazo podría ser, en definitiva, de menor crecimiento y tensiones inflacionistas sostenidas.