El sector de la construcción e inmobiliario registra una de cada cuatro insolvencias empresariales en el mes de junio y el mismo porcentaje de disoluciones de compañías en el mes de junio. Los sobrecostes de las materias primas y el alza desbocada de los precios de la energía está asfixiando a parte del tejido empresarial que tenía puestas todas sus esperanzas en el balón de oxígeno lo de los fondos europeos.

Las revisiones de precios de la obra pública puestas en marcha por el Gobierno afectan fundamentalmente a las carreteras y ferrocarriles, pero dejan fuera al grueso del sector, formado por pequeñas y medianas empresas que ejecutan trabajos para las administraciones locales, provinciales y regionales.

En el mes de junio, el sector de la construcción e inmobiliario acaparó el 25% de las declaraciones de insolvencia y de las disoluciones de empresa, según el último informe de Iberinform, la filial de Crédito y Caución. Sigue la tendencia de los últimos meses, con la particularidad de que este 30 de junio ha finalizado la prórroga de la moratoria concursal decretada por el Gobierno en marzo de 2020 con motivo de la pandemia.

A partir de ahora, los acreedores recuperan su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor y los empresarios en una situación de insolvencia vuelven a estar obligados a solicitar la declaración concursal. Si el conjunto del tejido empresarial español registra un incremento anual del 3,9% de las insolvencias, la subida en automoción es del 217%, mientras que en la construcción es del 28%.

En junio, los concursos de acreedores registrados por empresas españolas aumentaron un 13% si se compara con el mismo mes del pasado año. A la construcción e inmobiliario le siguen los sectores del comercio, con un 20% más de insolvencias y la industria manufacturera, con un 14%.

  • Revisión de la energía

"El incremento de costes está en el 32% para las empresas no sólo de los materiales, sino también de la energía. Esto está poniendo en riesgo no sólo a las empresas sino también la ejecución de los fondos europeos", dice Pedro Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

El sector lleva tiempo alertando de las dificultades que atraviesan muchas compañías para hacer frente a un alza desmedido de los precios de los materiales y de las diferentes fuentes de energía que usan para la ejecución de las obras. "Hay empresas que se están desangrando, porque siguen ejecutando obras sabiendo que van a pérdidas para ver si esto se soluciona", añade.

En este sentido, reclaman medidas adicionales al Gobierno para evitar la quiebra de muchas compañías, sobre todo en el ámbito de las pymes. Aunque el Ejecutivo aprobó dos reales decretos que contienen la posibilidad de revisar los precios de las adjudicaciones, creen que son medidas insuficientes.

"Hay muchas otras obras de un plazo de ejecución más corto y un tamaño más pequeño o de un tipo distinto, donde no se aplica la revisión en ningún caso", abunda Fernández-Alén. Los requisitos fijados, los tipos de materiales (bituminosos, siderúrgicos, acero y cobre) y los umbrales de los sobrecostes fijados por la Administración dejan en el limbo a muchas compañías que sí se ven afectadas por la problemática.

En el promoción privada de vivienda, las constructoras también están sufriendo. Si el promotor no puede o no quiere ajustar los precios de venta o la promoción ya está vendida a un precio cerrado, no se puede repercutir el coste en los clientes finales. Algunas compañías están posponiendo la puesta en marcha de proyectos o, directamente, están devolviendo las cuantías cobradas a los propietarios.

Aunque el empleo en el sector sigue creciendo, no lo está haciendo con la intensidad que se esperaba hace unos meses, porque se están frenando proyectos ante la inestabilidad que perciben las empresas. "O le damos certeza al sector para hacer ver que la Administración está haciendo algo para compensar estos sobrecostes o esto va a ser complicado", subraya el presidente de la patronal.

Entre sus principales reivindicaciones, está la inclusión de la energía entre los parámetros cuyo precio se puede revisar. No en vano, esta partida supone ya de media el 30% del coste de una obra. Aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez se muestra consciente de la problemática, los problemas para modificar la ley surgen en otros departamentos económicos del Ejecutivo.