El exceso de temporalidad en España fue el principal objetivo a batir de la reforma laboral de Yolanda Díaz, aprobada en diciembre. Durante los últimos 20 años, en España al menos uno de cada cuatro trabajadores tenía un contrato temporal (nunca bajó del 22%), duplicando en ocasiones la media de la Unión Europea (ahora, alrededor del 13%). La nueva legislación, por eso, introdujo más restricciones a los contratos temporales y eliminó el de obra y servicio.

Los últimos datos de empleo parecen mostrar que la medida está teniendo éxito a la hora de reducir el abuso de este tipo de contratos, más precarios que los indefinidos. Pero solo en el sector privado, el único ámbito que esta ley regula, a pesar de que cuenta con una menor tasa de temporalidad que el público. En el primer trimestre del año pasado, los contratos temporales representaban alrededor del 23% del total del sector privado, mientras que en el público suponían el 29,9%, según la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Para combatir su propio abuso de los contratos temporales en la Administración, y tras el mandato de la Comisión Europea, el Gobierno aprobó en diciembre la conocida como ley 20/2021. En abril, ese proceso continuó con la modificación del sistema de acceso a la función pública docente, y este julio, culmina con los cambios en el de los sanitarios.

Con la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a convocar alrededor de 67.000 plazas fijas de aquí a final de año. El Ministerio de Sanidad establece que los sanitarios interinos de larga duración podrán optar a una plaza fija sin necesidad de optar a una oposición, sino a través de un concurso público.

Además, limita los tipos de contratos temporales que pueden suscribirse. Desaparecen los contratos eventuales, y solo podrán realizarse temporales para sustituir a personal fijo -por vacaciones, permisos, bajas, reducciones de jornada- o para cubrir programas de carácter temporal, en cualquier caso durante tres años como máximo.

Pero la principal novedad es que aquellos sanitarios que hayan encadenado contratos temporales durante años ahora podrán optar a una plaza fija. Desde Sanidad explican que no se estabiliza a los trabajadores, sino la situación de esas plazas, por tanto, ni estos sanitarios accederán directamente a una puesto fijo, ni tampoco se prohíbe que un sanitario encadene más de tres años de contratos temporales, sino tan solo que una vacante se cubra con personal temporal más de tres años.

Así, aquellas plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal durante cinco años o más antes de 2016 deberán sacarse a concurso de méritos, es decir, que quienes opten a cubrirlas no deberán presentarse a una oposición. Sí será el caso de aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal los tres años anteriores al 2021, para las que sí se convocará un examen.

Desde el Ministerio de Sanidad apuntan que la cifra de los 67.300 que presumiblemente pasarán de tener un contrato temporal a contar con una plaza fija es tan solo una estimación. "Posiblemente sean más", señalan ante las preguntas de este medio. También recalcan que es una cifra que irá aumentando con el paso de los años y conforme se jubilen más sanitarios, y a la que hay que sumar todos los procesos que ya hay en marcha para reducir la temporalidad en la Administración Pública.

Un plan que se suma al ya aprobado en educación

De forma similar, en abril el Consejo de Ministros también aprobó la modificación del sistema de acceso a la función pública docente, donde se establecía, igualmente, que los interinos que llevasen trabajando para la educación pública desde antes de 2016 podrán acceder a plazas fijas mediante un concurso de méritos, en el que se valorará su experiencia (antigüedad, formación, etc.) sin necesidad de opositar.

En Sanidad aseguran no contar con estas cifras, pero en Educación la tasa de temporalidad actualmente es del 23%, según apuntó el propio Gobierno en abril. En CCOO, calculan que la tasa de temporalidad de la sanidad pública española es del 40%, como recogían en un informe publicado en diciembre.

Con estas medidas, el Gobierno busca llevar la tasa de temporalidad del sector público hasta el 8% en tres años, como así se lo ha prometido a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación (componente 11). Es una de esas reformas que va ligada a la recepción de parte de los 70.000 millones de fondos europeos que el Ejecutivo comunitario decidió otorgar a España sin ningún tipo de coste (que tampoco tendrá que devolver).

Además de reducir la temporalidad, el Gobierno se ha comprometido a implantar un modelo que favorezca la retención del talento en el empleo público, a captar más talento que combata el envejecimiento de las plantillas, a reforzar el sistema de evaluación de las Administraciones Públicas, a mejorar la prestación de los servicios públicos locales y a implementar un nuevo modelo de cooperación entre administraciones, entre otros.