Ha sido una constante en los últimos años. Cada día que pasaba la deuda pública se incrementaba sin fin. Las necesidades de la pandemia y la situación económica agravada lo han favorecido. En febrero pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya lanzó la voz de alarma a España por el importante incremento de deuda pública que comenzaba a acumular. Y las cifras lo confirman. Actualmente la deuda alcanza los 1,45 billones de euros. O lo que es lo mismo, sólo en los dos últimos años cada día la Administración Pública en su conjunto ha engordado su deuda, a un ritmo de algo más de 270 millones de euros cada día.
Esta velocidad de deuda ha supuesto que entre mayo de 2020 y mayo de este año el saldo se haya incrementado en más de 200.000 millones de euros. Desde que el Pedro Sánchez asumiera el Gobierno en mayo de 2018 España ha pasado de una deuda de 1,165 billones de euros a los 1,45 billones actuales, lo que supone un aumento del 24% en apenas cuatro años.
Un proceso de endeudamiento que ha venido muy determinado por la gestión de la pandemia y, más recientemente, por el impacto económico que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está teniendo en en el conjunto de Europa. Ahora la situación se complica con el encarecimiento de tipos ya aprobados y que continuarán en las próximas semanas.
Es precisamente sobre la solvencia financiera de los Estados donde la Unión Europea quiere poner el foco y el freno. Ayer la mayoría de los ministros de Economía y finanzas de los Veintisiete apelaron a la necesidad de detener los estímulos económicos y retornar a una senda de "disciplina fiscal" para poder detener la espiral inflacionista en todo el continente.
El 117% del PIB
El nivel de deuda en España ha crecido de modo muy importante en estos dos últimos años. En concreto, lo ha hecho un 16%, hasta alcanzar la cifra más elevada de su historia. Si en 2020 el endeudamiento público equivalía al 110,3% del PIB español, en la actualidad, tal y como ayer confirmó el presidente del Gobierno durante el debate sobre el Estado de la Nación, se ha contenido en el 117%. Una contención en su senda de incremento que achacó a la mejora de la economía.
Sin embargo, distintos organismos internacionales ya han advertido del peligro que el mantenimiento de esta inercia puede suponer. Más aún si se cumplen compromisos como los que el Gobierno ha reiterado de no renunciar a una equiparación de las pensiones al incremento del coste de la vida. El último dato conocido de la inflación en nuestro país lo sitúa en el 10.2%. Este miércoles conoceremos una actualización de este indicador que podría confirmar el mayor de los temores, la consolidación de la tendencia inflacionista.
La deuda pública se concentra sin duda en las administraciones dependientes del Gobierno. La deuda de la Administración General ha crecido un 12% en dos años, hasta situarse en 1,26 billones de euros. A ello se suma el incremento muy acentuado de deuda que arrastra la Seguridad Social. Así, si en mayo de 2020 la deuda rondaba los 60.000 millones dos años después rebasa los 99.000. La sostenibilidad del modelo actual es una de las alertas que de manera más urgente se vienen lanzando al Ejecutivo de Sánchez desde las instituciones europeas.
Valencia, Cataluña y Murcia, las más endeudadas
En cambio en el caso de las administraciones autonómicas y las locales el grado de incremento de sus deudas es muy distinto. En el caso de los Ejecutivos autonómicos se ha pasado en dos años de una deuda global de 302.000 millones a algo más de 310.000, un incremento del 2,6%. Las comunidades más endeudadas en relación a su Producto Interior Bruto (PIB) son la Comunidad Valenciana, con una deuda pública equivalente al 46% de su PIB, seguida por Cataluña, Murcia o Castilla La Mancha, con un porcentaje de deuda pública de entre un 34% y 35% cada una de ellas.
En el otro lado se encuentran las regiones con administraciones menos endeudadas, como son Navarra, Canarias o Madrid, con porcentajes que rondan el 14% o 15%.
En sentido contrario se ha comportado el grado de endeudamiento en los ayuntamientos. En los dos últimos años ha caído en su conjunto de los 24.000 a los 22.000 millones en términos globales.
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