Mientras que la reforma laboral debía aprobarse indispensablemente antes de que terminase 2021 porque así estaba pactado con Bruselas y de ella dependían fondos europeos, en el caso de la de los autónomos los plazos no parecen tan importantes. Y eso que también está ligada a la recepción de millones de euros.

El Gobierno debería haber aprobado el nuevo sistema de autónomos en junio como muy tarde, porque así lo prometió en el Plan de Recuperación, el conjunto de reformas que España realizará a cambio de recibir hasta 70.000 millones de euros en transferencias -es decir, dinero que no tendrá que devolver y por el que no tendrá que pagar intereses-. Pero han pasado 18 días desde que el plazo venció y el Ministerio de Escrivá sigue negociando.

"Tenemos que publicar la norma antes del 31 de diciembre y, créanme, lo vamos a hacer", aseguró por activa y por pasiva la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el pasado otoño. "No tengan duda, España cumplirá con el componente 23 en la parte que tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo que, además, es absolutamente imprescindible para paliar los grandes déficits estructurales que tiene España, que como conocen muy bien, sustancialmente, tienen que ver con la temporalidad y la precariedad", insistió en una visita a Bruselas el mismo mes de diciembre.

Pero la urgencia de Trabajo con la reforma laboral dista de ser la misma que la de Seguridad Social con la reforma de los autónomos, a pesar de que el compromiso que el Gobierno ha adquirido para aprobarlas antes de una fecha es exactamente el mismo. El Ministerio de Escrivá, sin embargo, ha decidido que prefiere alargar el plazo acordado en pro de conseguir un nuevo sistema que esté avalado por las principales asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae.

Y por ahora Europa no se ha quejado de incumplimiento del plazo, aunque en la Comisión sí tienen claro que el hito no se conseguirá hasta que el consejo de ministros apruebe el nuevo sistema. Por ahora, descartan ningún tipo de sanción ligada con el dinero prometido, pero puntualizan que el siguiente tramo de dinero podría retrasarse si los hitos tardan en cumplirse más de lo previsto.

Incumplir el plazo en pro de conseguir un acuerdo total

La piedra en el zapato ahora es Uatae. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, cercana a Comisiones Obreras, es la única que no está conforme con el sistema actualmente planteado por el ministro. Y él quiere un acuerdo total, un sí de las tres organizaciones con las que lleva seis meses negociando el nuevo sistema.

Al principio, era ATA quien alejaba la posibilidad de un acuerdo. Esta organización, la mayoritaria del sector -formalmente, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ligada a la patronal de empresarios CEOE- consideraba que las nuevas cuotas planteadas por Escrivá eran demasiado altas para los trabajadores por cuenta propia que más ganaban. También argumentaba que no era el momento para subir las tarifas, con los autónomos aún intentando salir de la crisis del coronavirus y haciendo frente a las subidas de precios provocadas por la guerra de Ucrania.

Pero finalmente se ha mostrado favorable al último planteamiento de Seguridad Social, como también ha sido el caso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), cercana a UGT, bastante más en línea con el planteamiento del Ministerio desde un principio. Hace semanas que ambas no han exigido nada más al ministro, que aceptaron tanto el sistema de cuotas sugerido como el resto del texto del borrador del anteproyecto de ley que se les envió.

Uatae, en cambio, se resiste a aceptar una propuesta que considera injusta para aquellos que menos ganan. Por eso, el mismo ministro José Luis Escrivá se reunió el pasado jueves con la secretaria general de la organización, María José Landaburu, buscando interesarse personalmente por sus reivindicaciones para intentar cerrar un acuerdo antes de que termine julio.

Las reivindicaciones de Uatae

Uatae insiste en que no firmará un nuevo sistema de autónomos que no rebaje algo más las cuotas a aquellos que menos ganan. Según la última propuesta del Ministerio, aquellos que tengan rendimientos netos inferiores a 670 euros deberían pagar 245 euros mensuales de tarifa. La asociación no quiere hacer público hasta cuánto cree que debería bajar ese límite para dar su sí al nuevo sistema, pero sí es clara con respecto a que la propuesta actual es insuficiente.

"Hace falta un esfuerzo mayor. El sistema actual no es todo lo progresivo que debería, los de abajo están sometidos a una carga mayor", transmiten, al tiempo que recuerdan que han desistido en otro de sus objetivos, el de conseguir que quienes más ganan paguen cuotas más altas que las planteadas, en un gesto para Seguridad Social y en pro del acuerdo al entender que ATA no aceptaría más subidas para ese colectivo. La tabla actual recoge que quienes tengan 4.050 euros mensuales de beneficio deben pagar 565 euros mensuales de tarifa; que quienes ganen entre 3.620 y 4.050 euros paguen 520 euros mensuales de tarifa y que quienes ganen entre 3.190 y 3.620 euros al mes paguen 500 euros, como ya recogió este medio.

Ahora, y tras la reunión de Escrivá y Landaburu, la asociación espera una nueva propuesta formal por parte del Ministerio que se ajuste a sus reivindicaciones. Además de tarifas más bajas para los autónomo más vulnerables, también exigen más prestaciones sociales: una para los mayores de 52 años, como existe en el caso de los asalariados; permisos de paternidad y maternidad equiparables a los de los trabajadores por cuenta ajena y un cese de actividad -o "paro" del autónomo" más accesible, que suavice los requisitos del actual.

Otra petición incluye que en el anteproyecto de ley se especifique que el planteado sistema de tramos será provisional, que se utilizará solo durante tres años y que después los autónomos empezarán a cotizar por sus ingresos reales. Temen, en este sentido, que si no se detalla en la ley un posible cambio de partido en el poder haga descarrilar el sistema en el que ahora se está trabajando.

Un nuevo secretario al frente de la negociación

Se podría pensar que el acuerdo está complicándose porque al final de la negociación ha dimitido quien la estaba liderando del lado del Gobierno, el ya ex secretario de Estado de la Seguridad Social Israel Arroyo. El experto cesó el pasado 21 de junio tras casi medio año al frente de esta reforma, y después de liderar también las reuniones tras las que se aprobaron los ERTE y las de la reforma de las pensiones, entre otras.

Pero distintas fuentes del diálogo social aseguran que su salida no ha dificultado, ni alargado, la consecución de un trato con los autónomos. En parte, porque la negociación estaba ya en su última fase, con prácticamente todo cerrado, y en parte porque el sustituto de Arroyo es Borja Suárez, el hasta ahora director general de Ordenación de la Seguridad Social, una persona que también estaba en la primera línea del diseño del nuevo sistema y que trataba habitualmente con las organizaciones, como hacía el mismo secretario.

En cualquier caso, lo que sí tienen claro las diferentes partes de la negociación es que ahora mismo no hay ningún plazo límite encima de la mesa para desatascar la situación, ni tampoco hay reuniones previstas. Los contactos continúan siendo telefónicos, y el objetivo sigue siendo lograr un acuerdo con las tres asociaciones del sector. Los negociadores esperan poder marcharse de vacaciones en agosto con un acuerdo ya firmado, pero Seguridad Social deberá decidir si sucede así o si se lleva los deberes a septiembre. Por ahora, en el Ministerio solo insisten en una cosa: "Seguimos trabajando".