El conflicto que durante más de año y medio ha afectado al funcionamiento de la mayor empresa privada del País Vasco, la factoría de Mercedes Benz en Vitoria toca a su fin. Esta madrugada el preacuerdo alcanzado por los sindicatos la mayoría del comité de empresa integrado por CCOO, UGT, Ekintza y PIM, con la dirección de la empresa ha sido ratificado por el 57% de la plantilla. Se trata de 2.601 síes frente a 1.939 noes y 14 votos en blanco. Un acuerdo al que se oponían los sindicatos nacionalistas, ELA -que preside el comité de empresa-, LAB y ESK, para los que lo pactado es insuficiente y además de continuar con las jornadas de huelga hasta finales de la semana pasada se habían opuesto a su ratificación por no ligar las subidas salariales al IPC. El preacuerdo consolidará incrementos salariales hasta 2026 que supondrán una mejora del 19% en el periodo.

El preacuerdo del nuevo convenio laboral beneficiará a los 5.000 trabajadores que en un 95% acudieron a votar. El refrendo del preacuerdo alcanza un porcentaje muy elevado, superior a otros acuerdos alcanzados en años anteriores. Una participación elevada que, según denunció la dirección de la compañía, se intentó condicionar con actos de presión contra los trabajadores en forma de pintadas y coacciones a parte de la plantilla. Días antes desde la dirección de la factoría también se advirtió que no cabría más negociación su el preacuerdo fracasaba. El director de la planta llegó a asegurar que la votación debía discurrir en la disyuntiva de asegurar el futuro o enfrentarse al "precipicio" que supondría no aprobarlo.

La aprobación del nuevo convenio suponía una exigencia que la dirección de Mercedes Benz estableció para llevar a cabo la inversión de 1.200 millones de euros para la mejora de la planta. Esta inversión permitirá asegurar el funcionamiento de la fábrica al menos hasta 2035 y facilitará la puesta al día de la planta. La inversión permitirá implantar la nueva plataforma completamente eléctrica para ir sustituyendo a medio y largo plazo la fabricación de los vehículos de combustión por una cadena de fabricación de vehículos eléctricos.

El 5% del PIB vasco

El sindicato ELA ha reaccionado con dureza a través de las redes sociales y en voz de su representante, Pello Igeregi. Denuncia que ha existido una "extorsión, manipulación y miedo" y pese al cual el no habría ganado entre los trabajadores de taller de la planta, "no han podido manipular esta farsa de referéndum en el que también ha votado Tito (el director de la planta)", denuncia Igeregi. Ha cuestionado incluso la legalidad de hasta 500 votos telemáticos: "En esta empresa hace falta el carnet de UGT y CCOO para trabajar, hay apartheid ideológico en favor de esos sindicatos, pero con el trabajo diario también le hemos dado vuelta a todo eso".

La factoría de Mercedes Benz supone un pilar estratégico en la economía vasca. Representa un 5% del PIB vasco y el 30% de la economía en Álava. Además de los miles de trabajadores que dependen de su actividad, un entramado de más de 400 empresas proveedoras dependen de modo indirecta de ella, con el sector de la automoción vasco como principal cliente de su actividad. A ello se suma el próximo proyecto de instalar una fábrica de producción de baterías eléctricas en Euskadi de la que la planta de la multinacional alemana será el cliente principal.

El nuevo convenio aprobado la pasada madrugada, cuando se cerró la última de las mesas de votación, establece una mejora salarial para este año del 6% y del 2,25 anual hasta 2026, para cuando se habrá consolidado una subida del 19%. A ello se sumaban mejoras en los turnos y el pago de varias pagas extra por importes de alrededor de 7.000 euros y la conversión de 400 empleos temporales en indefinidos.

La tensión en los últimos días había ido en aumento por la fractura sindical vivida internamente y que ha afectado a la producción de la empresa, que ha sufrido casi una decena de jornadas de huelga. La situación llevó incluso al lehendakari Iñigo Urkullu y parte de su Gobierno a visitar a la dirección de la multinacional en Stuttgart para blindar la inversión de 1.200 millones de euros, en peligro si el convenio no se ratificaba.