El Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador ha rescindido el contrato que había firmado con la española Acciona por 850 millones de euros para construir uno de los tramos que conformarán la nueva línea del Tren Maya, una línea ferroviaria de 1.525 kilómetros que conectará la región turística de Cancún.

Según la prensa local, las negociaciones entre ambas partes apuntan a una indemnización para el consorcio, en el que también está Grupo México, de hasta 5.300 millones de pesos (250 millones de euros), lo que representaría en torno al 30% del importe de la licitación. Consultada por Europa Press, Acciona han rechazado hacer comentarios al respecto.

Con esta rescisión del contrato, no achacable a las empresas, Acciona sale de un proyecto polémico por el cual ya ha recibido una demanda de una asociación civil (ONRE), que denunciaba al consorcio por comenzar las obras sin permisos ambientales. Se reclaman daños por valor de 1.200 millones de euros.

Las empresas ya empezaron en febrero las obras, pero un juez paralizó la construcción ante varios recursos que se presentaron contra el proyecto por el impacto ambiental que supondrá, en concreto por la devastación de la selva por la que discurrirá este tramo.

Pese a esta suspensión, esta misma semana se han retomado las obras después de que el Gobierno haya esgrimido que se trata de un proyecto de seguridad nacional, confiándole ahora las obras a ingenieros militares (Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) y a la empresa mexicana ICA y a la portuguesa Mota Engil.

Desde Greenpeace denuncian esta reanudación de las obras cuando el proyecto aún no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental Regional, que sería necesaria, tal como lo indica la ley, para poder llevar a cabo cualquier obra o proyecto de infraestructura, además de que la suspensión de juez todavía está activa.