España ha vuelto a dar un puñetazo en la mesa de la Comisión Europea a cuenta de las nuevas decisiones energéticas. No es la primera vez que el Ejecutivo considera que las medidas propuestas por Bruselas van en contra de los intereses económicos de nuestro país.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya alzaron la voz a cuenta de la excepción ibérica, que permitió que el sistema gasista de Portugal y España tuvieran un tope al gas para frenar la escalada de los precios. En esta ocasión, el Ejecutivo se niega a reducir el consumo del gas un 15%, tal y como propone la Comisión Europea, desde septiembre a marzo.

La titular de la cartera energética dejó claro que limitar el uso de la materia prima podría repercutir en la competitividad de varios sectores que requieren del gas para poder fabricar sus productos por lo que no “permitirá” que “los ciudadanos y empresas” sufran las consecuencias de la guerra cuando “España ha cumplido” con los objetivos marcados por Bruselas. A esta teoría se aferran varios sectores empresariales, que han rechazado en rotundo los planes de Europa.

Sedigas, la patronal de las empresas del gas en la que se encuentran empresas como Naturgy o Enagás, emitió un comunicado este jueves criticando a la Comisión Europea. La asociación “comparte” comparte la posición del Gobierno de España de no considerar la hipótesis de una restricción general de la demanda, ni para los hogares, ni para los consumidores industriales españoles.

La patronal recuerda que en el caso de España, ese riesgo es considerablemente inferior (pues apenas representa el 10%) y, por tanto, deben considerarse la aplicación de medidas diferenciadas que permitan dar una respuesta eficaz y coordinada, en términos de seguridad de suministro y coste, a la actual crisis energética.

También hay otros sectores, que dependen infinitamente del gas para poder producir, que ya han alzado la voz. Es el caso de las empresas de la cerámica, que emplean hornos que tiran de esta materia prima para cocer sus productos. Así, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos considera que las industrias gas intensiva no pueden permitirse limitar el consumo. No tenemos de momento una fuente de energía alternativa. Necesitamos el gas para producir, y reducir el consumo pasaría por reducir también la producción y el empleo, cosa que no es deseable, más en un contexto como el actual, de alta volatilidad económica y geopolítica a nivel internacional”.

Días antes, las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) emitieron una nota conjunta mostrando el apoyo absoluto al Gobierno y pidieron que se opusiera al plan de Bruselas.

Para la Alianza, “no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión”.

Notas discordantes

No obstante, no todo el gran tejido empresarial quiere enfrentarse a Europa. Diversas fuentes consultadas por este periódico abogan por “rebajar el tono” ante Europa y apoyar los principios de solidaridad de la Unión Europea.

“No es momento para mantener diferentes discursos en un momento tan crucial como es el actual, por eso es mejor llegar a un acuerdo común y arrimar el hombro”, señalan fuentes empresariales a este periódico. En este sentido, recuerdan que gracias a la Unión Europea España “pudo salir a flote” en unos momentos muy delicados como los fueron los vividos en la crisis financiera.

A su vez, añaden que “gracias a la fuerza de la Unión Europea” la economía europea, y por ende la española, ha salido adelante gracias a los fondos destinados a paliar los efectos del coronavirus.

Por último, hay sectores empresariales en los que también hacen hincapié en que la actitud beligerante del Gobierno se debe a que a la vuelta de la esquina se van a celebrar elecciones generales y municipales. “No es viable decirle a ciertos sectores que habrá parones y se producirá desempleo porque se convocarán movilizaciones”, argumentan dichas fuentes.