El sector de la construcción amenaza con colapsar ante una subida del precio de los materiales que ha encarecido un 30% de media la ejecución de las obras. Los dos decretos aprobados por el Gobierno para compensar el alza desbocada de los precios en los contratos públicos no está llegando al tejido productivo. El 90% de las empresas del sector no se está viendo beneficiado del mecanismo, según denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

"Estamos empezando a ver retrasos en las obras, ralentización de trabajos, se abandonan proyectos, se está creando una parálisis del sector y se está produciendo el cierre de empresas constructoras", aseguraba este martes el presidente de la organización empresarial, Pedro Fernández-Alén.

Los requisitos y umbrales fijados por Ejecutivo para poder acogerse a la revisión de precios no están sirviendo como salvavidas para las pequeñas y medianas empresas, que representan la práctica totalidad de las firmas del sector. Desde hace meses, se ven ahogadas por el incremento en los precios del aluminio, la madera o las mezclas bituminosas.

También de la energía; un parámetro que no está incluido en el mecanismo aprobado por el Gobierno y que hasta marzo había escalado un 84% en términos interanuales. "Si las obras están costando a las empresas un 30% más es como si estuvieran trabajando en baja temeraria", denuncia el secretario general de la CNC, Mariano Sanz.

En concreto, Fernández Alén recuerda que el actual mecanismo "se está aplicando a una tipología de obra grande y centrado principalmente en ferrocarril y carreteras".

Y si lo aprobado ya no es efectivo a ojos del sector, las empresas también denuncian que el ministerio de Hacienda está revisándolo para recortar el ámbito de aplicación de los mismos.

Piden un nuevo decreto

Desde la patronal reclaman la redacción de un tercer real decreto que sirva para corregir las deficiencias que están dejando sin apenas aplicación a los ya aprobados por el Consejo de Ministros. Ahí piden que se incluya en el mecanismo a las obras comenzadas desde 2021 para permitir, especialmente a las pymes, acceder a la revisión de precios.

También reclaman rebajar el umbral de encarecimiento desde el 5% hasta el 2%, como máximo, para permitir que un mayor número de obras de diferentes tipos puedan acogerse a la revisión excepcional de precios; e introducir en el cálculo más materiales de los actuales. También incluir la antes mencionada energía, que puede llegar a suponer el 30% del coste total de una obra.

La patronal propone además que los ayuntamientos queden vinculados por la decisión que tomen las correspondientes comunidades autónomas. Aunque la mayoría de las regiones ya se han adherido al real decreto, una parte significativa de las entidades locales todavía no lo han hecho.

"O se aprueba un tercer Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios, o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector determinante para la recuperación del conjunto de la economía", sentencia Fernández Alén.