La Administración pública podrá gastar más el próximo año. Esa es al menos la previsión que maneja el Gobierno y a partir del cual arranca el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos para 2023. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el 'techo de gasto' que se fija para las administraciones. Un límite de gasto no financiero que se incrementa a una cifra récord de 198.221 millones de euros. Este aumento supone una mejora de 1,1% respecto a la ahora en vigor. En esta estimación se incluyen los fondos procedentes de la Unión Europea. Restados los recursos aportados por la UE la capacidad de gasto nacional se reduciría hasta loa 173.065 millones de euros.

El techo de gasto se establece en un escenario que el Gobierno sitúa como de crecimiento para el próximo año, si bien a un ritmo inferior al inicialmente previsto. La previsión para el próximo año se recorta en ocho décimas, hasta el 2,7% para 2023. Junto a la aprobación del 'techo de gasto', el Gobierno ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. En cuanto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión. Estima que el desajuste entre ingresos y gastos, el déficit, será del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023. Se trata de la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del Gobierno establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la tasa de referencia se incrementa en el 0,3%, en lugar del 0,1% establecido en el plan de estabilidad. Esta mayor capacidad de gasto de la que se dota a los Gobiernos autonómicos se compensa con una reducción en la misma proporción del gasto en la Administración general del Estado. De tal modo, la tasa final de referencia en las Comunidades autónomas será del 3,2%.

19.888 millones a la Seguridad Social

En el caso de la Seguridad Social se establece en el equivalente al 0,5% del PIB. Se transferirán 19.888 millones a las arcas de la Seguridad Social.

Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Acuerdo en la cotización de los autónomos

En el Consejo de Ministros también se ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado con las tres principales organizaciones de autónomos para fijar el nuevo plan de cotización. El ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, ha subrayado el grado de acuerdo que finalmente se ha logrado y que permitirá mejorar las condiciones de cotización de la mayoría de los trabajadores autónomos y dotarles de un mayor grado de protección por parte de la seguridad social.

Ha destacado que se trata de una reforma gradual, a aplicar a lo largo de los próximos tres años, y que permitirá a los trabajadores por cuenta propia adaptar su grado de cotización a su situación laboral en cada momento. "SE podrán actualizar los tramos, es más flexible y les permitirá ir adaptando su cotización". Además, Escrivá ha asegurado que se logra agilizar los trámites de bajas y altas y de otro tipo de gestiones, lo que facilitará a los más de 3,5 millones de trabajadores autónomos españoles llevar a cabo este tipo de trámites.

También recuerda que se ha logrado mejoras en la cotización por los rendimientos netos y una mejora en lo relativo a los gastos deducibles, "que permitirá que uno de cada dos trabajadores autónomos podrá cotizar menos". Entre los avances que ha destacado ha citado en alcanzado para las mujeres y los jóvenes, con una situación de mayor precariedad, con cerca de un 70 u 80% de ellos con rendimientos por debajo del salario mínimo, "todos ellos verán reducida un 30% su cotización".