El Gobierno ya tiene preparada su artillería para gravar a las "empresas que se están beneficiando de la inflación", tal y como han venido sosteniendo los ministros y el presidente del Ejecutivo. Para ello, el Estado atacará la facturación de las compañías energéticas y gravará los intereses y las comisiones de las entidades bancarias.

Las previsiones del Gobierno son que gracias a los nuevos impuestos se recauden unos 7.000 millones de euros en los dos próximos años. Las cuentas del Ministerio de Hacienda pasan por recaudar unos 2.000 millones de euros por año del sector de la energía y unos 1.500, del bancario.

¿Y cómo lo hará? En el caso de las empresas eléctricas, gasísticas y petroleras lo hará a través de la imposición de un impuesto del 1,2% de la facturación que tengan en nuestro país. Respecto a la banca, el Estado arañará el 4,8% de la cifra neta de las comisiones y de los intereses que obtengan.

En el caso de las empresas energéticas, el Gobierno ha estipulado que deberán contribuir aquellas que pasen el umbral de los 1.000 millones sobre el importe neto de la cifra de negocios para pagar el impuesto. Además, aquellas compañías que tengan negocio en el sector energético, pero que su facturación no alcance al 50%, quedarán exentas.

En el caso de la banca, la cifra desciende a los 800 millones de euros, pero se toman como referencia a los beneficios obtenidos entre la diferencia entre los intereses cobrados y pagados y las comisiones cobradas y pagadas cada año. La razón es que los intereses y comisiones bancarias, que es la parte del negocio sobre la que se aplica el gravamen, no conforman la totalidad del negocio las entidades bancarias, sino que rondan casi el 80%, según explica el Ejecutivo.

Así, el Gobierno impondrá los impuestos en las cuentas pertenecientes a los años 2022 y 2023. Las empresas, por tanto, tendrán que abonar la cantidad correspondiente en los ejercicios de 2023 y 2024. Según ha anunciado PSOE y Unidas Podemos, los cargos se materializarán en los meses de septiembre, pero se anticipará el 50% de la cantidad estipulada en el mes de febrero.

Sin cobrar a los usuarios

El Gobierno, a su vez, ha sido tajante y ha aclarado que los nuevos costes no podrán ser trasladados a los clientes. En caso de que así sea, habrá una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

En cuanto a los tiempos de aprobación, al tener que pasar por el Congreso de los Diputados, las dos formaciones esperan que a partir de septiembre se acelere la burocracia y quede aprobado a finales de diciembre. Desde ambas formaciones se asume que se producirán enmiendas y que esto podrá dilatar la tramitación.

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