Es un equilibrio contable en tiempos de crisis. Por el momento, son las haciendas las que mejor paradas están saliendo del incremento disparado de precios. El último dato conocido ayer, el IPC adelantado del mes de julio, sitúa la escalda de precios en niveles casi desconocidos del 10,8%, la cifra más alta desde 1983. Por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no parece dispuesto a compensar ese repunte en la recaudación en forma de ajustes en el pago tributos. No lo considera ni "solidario" ni progresista". Sin embargo, el Ejecutivo vasco que comparten PNV y PSE parece que sí. Hasta ahora el Gobierno vasco es el único Ejecutivo que ha decidido dar el paso: desde el próximo 1 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones, los contribuyentes de Euskadi verán cómo se deflacta, se ajustan, los tramos del IRPF. Afectará a todos en el mismo porcentaje, el 5,5%.

La medida supondrá una aminoración en las obligaciones tributarias de los ciudadanos pero también un recorte en la entrada de recursos públicos vía Hacienda. En concreto, en el caso vasco se ha estimado que esta medida supondrá recaudar 250 millones menos. A ello se sumarán otras bonificaciones y exenciones que se aplicarán a partir de septiembre.

La realidad, sin embargo, es que esa reducción o modulación en la recaudación de las tres haciendas vascas no tendrá gran repercusión en los planes del Ejecutivo vasco. El ajuste que beneficiará a los contribuyentes apenas resentirá a los recaudadores y la elaboración del próximo presupuesto. No en vano, sólo en los seis primeros meses de este año las tres diputaciones ya suman 527 millones de euros más de recaudación de lo previsto. La culpa es también de la inflación. Hasta abril los aumentos de entrada de recursos por el cobro de impuestos se escribía en todos los casos con dos dígitos: un 20% más en Gipuzkoa, un 18% más en Bizkaia y un 17% más en Álava.

Impuestos que no podrá recaudar... por ahora

Sin embargo, en las últimas horas los 'contables' públicos se han topado con un revés inesperado. Los nuevos tributos que las dos formaciones del Gobierno Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, quieren aprobar en la Cámara Baja para gravar beneficios y facturación de las grandes energéticas y compañías bancarias, quizá pasen de largo de las haciendas vascas. El PNV, aliado del Gobierno Sánchez, ya ha alzado la voz para exigir a los proponentes que modifiquen el documento para que los gravámenes con los que el Gobierno confía en recaudar 3.500 millones al año también puedan ser recaudado por las haciendas vascas.

El problema radica en que tal y como se han planteado los impuestos , como prestaciones patrimoniales públicas y no tributarias, no se podrán concertar. De este modo, los pagos que, por ejemplo Kutxabank o la propia Iberdrola pudieran hacer en el País Vasco, no podría recaudarlo las haciendas de Euskadi sino que irían directamente a las arcas del Estado. Por ello, exigen ahora diálogo para que en el texto normativo en el que se traduzcan estos impuestos se incluya la "salvaguarda foral", o lo que es lo mismo, la posibilidad de concertarlos de algún modo para que de acuerdo al Concierto vasco y el Convenio navarro sean los recaudadores vascos los que lleven a cabo la operación.

Los técnicos de las haciendas vascas saben que no solventar esta cuestión supondría un perjuicio para la ciudadanía vasca y navarra al privarle de la recaudación de unos fondos a los que consideran que tienen derecho por su singularidad foral y con los que se podría compensar medidas como la deflactación de los tramos del IRPF en un 5,5% a partir de septiembre anunciada esa semana.

Conflictividad laboral

Urkullu insiste en hacer encajes contables sabedor de que el ratio de la calidad de vida vigente en Euskadi, al igual que en el resto del país, comienza a resentirse lastrada por la inflación. Por ahora la agitación social se ha logrado contener. Numerosos acuerdos sectoriales, en especial algunos de los más movilizados como el metal, han logrado cerrar acuerdo con subidas salariales importantes, por encima del 6%. El último ejemplo es el acuerdo alcanzado en la mayor empresa privada de Euskadi, la factoría de Mercedes Benz en Vitoria: 5.000 empleos directos y 30.000 indirectos.

Contener el malestar social se ha convertido en una prioridad casi similar a la de lograr que la economía vasca no se frene. En el caso de la Mercedes Urkullu no dudó en viajar hasta Sttutgart para asegurar de la dirección de la multinacional alemana el compromiso de inversión de 1.200 millones de euros que condicionó a la forma de un acuerdo para el convenio laboral y que acumulaba muchos meses de conflictividad en la capital alavesa.

En este su tercer mandato, la cuestión económico se ha dado alegrías y disgustos casi a partes iguales. En el lado negativo de la balanza, la deslocalización y cierre de compañías. En el positivo, los datos de desempleo que le han permitido alcanzar y consolidar uno de los objetivo prioritarios que se marcó cuando llegó a la presidencia del Gobierno vasco: sitúan la tasa de paro por debajo del 10%. El último dato de la Encuesta de Población Activa colocaba al País Vasco como la segunda comunidad con la tasa más baja tras Cantabria. En Euskadi el paro es del 8,7% de la población activa. Territorios como Gipuzkoa logran incluso rebajarlo mucho más, hasta el 7,5%.

Una situación que en realidad no es sólo fruto de las políticas de empleo de la Administración y la empresa privada sino el resultado de un problema severo para la economía: el demográfico. La falta de mano de obra comienza a detectarse en muchos sectores. La EPA redujo en 19.500 personas la población activa del País Vasco, lo que también ha contribuido que encontrar un puesto de trabajo sea algo más fácil.