Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, vuelve a lanzar un nuevo órdago al Gobierno de Pedro Sánchez. La política autonómica ha dejado claro que no está conforme con las nuevas restricciones que propone Moncloa para frenar el consumo del gas un 7%. Lo hizo en la noche del lunes a través de sus redes sociales. La líder del Partido Popular (PP) afirmó que el apagón de escaparates llevaría consigo una imagen de "pobreza" y que "espantaría el turismo".

Horas más tarde, el número de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio dijo que el ente regional va a analizar "seriamente el Real Decreto y si no es constitucional, lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional".

"Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar", avanzó este martes.

El Ejecutivo, que vuelve a toparse con Díaz Ayuso, no tardó demasiado tiempo en declarar, una vez más, la guerra a la presidenta autonómica. Primero, fueron las ministras Nadia Calviño y Margarita Robles. La vicepresidenta advirtió que el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética hay que cumplirlo y que "siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad".

Horas más tarde, se unió el presidente del Gobierno. Sánchez, sin mencionar a Isabel Díaz Ayuso, hizo un llamamiento "llamamiento a toda la clase política y administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario que en nada representa a España y nuestro compromiso ante Europa. Esto va de sentido común".

La estrategia de Isabel Díaz Ayuso es clara: encontrar el resquicio legal para poder ganar la partida al PSOE. Otra victoria que se sumaría a la que consiguió a cuenta de las restricciones de aforo, horarios y aperturas de locales de ocio que propuso el Gobierno durante la pandemia. La Comunidad de Madrid fue de las pocas regiones que permitieron a la hostelería abrir sus instalaciones durante los momentos más complicados del coronavirus.

Su posición hizo ganar enteros en la política y le aupó como la alternativa a Pedro Sánchez. Unas decisiones que le hizo arrasar en las autonómicas celebrada el año pasado. Estrategia que parece querer repetir porque el próximo mayo se avecinan nuevos comicios autonómicos y Díaz Ayuso quiere repetir resultados.

Obligada a acudir al Constitucional

Pero para poder salirse con la suya, Isabel Díaz Ayuso tendrá que volver a acudir a los tribunales para evitar que se produzcan los apagones en los escaparates, entre otras medidas.

Fuentes jurídicas consultadas remarcan que si una Comunidad Autónoma no se considera obligada a cumplir lo establecido en una norma del Estado no puede por decisión propia dejar de cumplirla, sino que tendrá que recurrirla ante los Tribunales dentro de los márgenes que la Constitución y las leyes permiten, alegando su inconstitucionalidad o infracción de la propia competencia. "Otra cosa no es jurídicamente posible", aseguran.

No obstante, Ignacio Fernández, abogado de Fuster Fabra Abogados, señala que "el Gobierno ha de respetar las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y si entre estas se encuentra la gestión de los edificios públicos de la Administración Autónoma quizá aquí podría existir algún punto de conflicto; si bien, parece que en el plano estrictamente técnico relativo a las Instalaciones Térmicas de Edificios, la normativa es estatal y las competencias para modificar los valores de las temperaturas mínimas y máximas sí estaría dentro de las competencias del Estado".

Con todo, el experto deja claro que "si alguna Administración Autonómica considera que esa norma es inconstitucional por traspasar el Estado las competencias que le corresponde, podrá interponer recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional". En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

¿155?

Otra cuestión es la de la no acatar las normas. Fuentes jurídicas explican a El Independiente que los expedientes sancionadores correrán a cuenta de las Comunidades Autónomas por lo que "en ellas caerá la firmeza o la ligereza de las inspecciones y de las cuantías".

No obstante, recuerdan que los gobiernos regionales y sus presidentes tienen que "respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y para ello la propia Constitución establece, en primer lugar, en el artículo 153, unos controles que atribuye a los Tribunales (Tribunal Constitucional, tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas, además del específico control del ejercicio de funciones delegadas), y, en segundo término, en el artículo 155, un mecanismo concreto para los supuestos más graves de incumplimiento de las obligaciones de las Comunidades Autónomas", señalan fuentes jurídicas a este periódico.

Si se diera el caso, tal y como sucedió con el desafío separatista de la Generalitat de Cataluña, sería el Gobierno quien intervendría y Pedro Sánchez y el resto de ministros deberían asumir el poder de la Comunidad de Madrid.