Isabel Díaz Ayuso abrió paso. Y, dos días después de que el Gobierno anunciara las medidas para frenar el consumo energético, varios gobiernos regionales han rechazado la propuesta por Pedro Sánchez. Esta postura ha provocado una nueva división entre Moncloa y autonomías.

Una vez que las aguas parecían volver a su cauce, superada la pandemia del coronavirus tras las divisiones a cuenta de la gestión de las restricciones, el nuevo plan energético ha abierto una nuevo frente. A las críticas iniciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, se han ido sumando las de otros gobiernos autonómicos como Andalucía, Murcia o Castilla y León.

Pero no todas las injerencias proceden de regiones gobernadas por el Partido Popular. El País Vasco ha tirado por tierra las iniciativas del Gobierno y ha asegurado que ya trabaja en un plan alternativo de cara a septiembre.

El Gobierno Vasco ha asegurado que las diferentes formaciones políticas que conforman el Ejecutivo regional, consensuaron una serie de medidas para ahorrar energía y deja claro que que no ve "oportuno aplicar la misma medida a todos los colectivos y situaciones al mismo tiempo".

"Estas medidas van más allá de lo que propone España, en la línea de lo que nos pide Europa", Euskadi entiende que las "medidas de largo recorrido, no puntuales. Centrémonos en la responsabilidad, no en medidas efectivistas", dijo la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.

"La sociedad vasca es lo suficientemente adulta como para actuar con responsabilidad", dijo la política en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, en clara referencia a las restricciones de temperatura y la obligación de apagar las luces de los escaparates. "Tenemos nuestro plan", aseveró.

Pero, tal y como se apuntaba anteriormente, Andalucía y Murcia ya sopesan acudir al Tribunal Constitucional para evitar que se cumplan las medidas impuestas por Moncloa. Vozpópuli adelantaba este miércoles que los Gobiernos regionales estudiarán con detalle la legislación para poder a los tribunales y tumbar el Real decreto aprobado en consejo de ministros esta misma semana.

El Partido Popular de Castilla y León, por su parte, prefiere esperar y no ha desvelado su posición al respecto. No obstante, la formación en Burgos, que tiene el mandato en el ayuntamiento, sostiene que "nuestra ciudad no es como las capitales y tenemos necesidades diferentes", apostilló.

López Miras, presidente de Murcia, también ha criticado duramente el plan de ahorro energético y dijo que a son "unas medidas improvisadas, cosméticas e intervencionistas que vuelven a entrar en la libertad de los ciudadanos y de las empresas, con afecciones seguras al comercio, al turismo y a la hostelería".

Cataluña y Comunidad Valenciana no entran en guerra

La Generalitat Valenciana, por su parte, quiso dejar claro que el Gobierno también tiene su plan, pero sin entrar en conflicto con el Gobierno. El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, adelantó que ha enviado a Moncloa una extensa batería de medidas de ahorro y eficiencia energética que ya están funcionando en la administración, "como planes y programas para impulsar un modelo energético basado en energías renovables, que se han venido poniendo en marcha en los últimos años".

Climent dijo que "desde la Generalitat Valenciana venimos trabajando desde 2016 en el cambio de modelo energético de nuestro territorio. En el informe presentado al Ministerio de Transición Ecológica la semana pasada, se pone de manifiesto que en la Counidad Valenciana existe "una política muy definida sobre cómo abordar la crisis climática y energética a través de medidas para la descarbonización de la economía y el autoconsumo en todos los sectores de la sociedad".

La Generalitat de Cataluña, por su parte, no ha querido entrar en confrontación con el Ejecutivo. Las relaciones entre ambas partes parecen fluir después de la última mesa de diálogo y su presidente, Pere Aragonès, se comprometió a "no entrar en conflictos" y pidió que las instituciones vayan de la mano en medidas de ahorro "dada la gravedad de la situación".

El Govern prevé implantar nuevas medidas y favorecer el ahorro energético a través de un plan de ahorro para fomentar energías renovables, el autoconsumo y la concienciación de eficiencia energética.