La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que ha habido "diálogo previo" con las comunidades autónomas antes de la aprobación de las medidas de ahorro energético. En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, ha recordado que el jueves anterior a su aprobación en el Consejo de Ministros se celebraron las conferencias sectoriales de energía y medioambiente, en la que dice haber trasladado el impulso de este paquete de "medidas inmediatas" y la construcción de un plan de contingencia previsto para septiembre, y en el que se ha pedido a las comunidades que presenten propuestas.

"Tuvimos una conversación enormemente constructiva, positiva, había un consenso muy alto sobre la necesidad de adoptar medidas que tuvieran el menor impacto posible en el tejido productivo", ha subrayado, si bien se ha mostrado predispuesta a activar todas las vías de diálogo ante la petición de algunas administraciones autonómicas.

Así, ha lamentado que estos últimos días se haya "cambiado el foco deliberadamente", subrayando cómo incumplir la normativa y evitar una sanción y no canalizar el objetivo de ahorro. Ha insistido en que las medidas de ahorro energéticas acordadas este lunes en el último Consejo de Ministros son "de aplicación fácil" y buscan que las familias y las empresas tengan que hacer un mínimo esfuerzo.

No habrá prohibición en las casas

La ministra ha descartado que el plan de contingencia contemple restricciones o prohibiciones dentro de las casas, si bien sí propondrán recomendaciones "muy conocidas y muy clásicas" relativas a los termostatos, las ventanas, los toldos y los electrodomésticos. Así, ha insistido en que el plan de contingencia previsto para septiembre busca "no dañar la necesidad ni el confort" de familias y tejido productivo.

Ha prometido que compartirán el borrador "tan pronto" lo tengan con todas las administraciones, los grupos parlamentarios y los principales sectores sociales y económicos.

La ministra ha cerrado la puerta a seguir las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que pide que sean los consumidores quienes soporten todo el incremento de los costes de energía. Ha considerado que, ante la capacidad fiscal española, la actuación del Gobierno es más adecuada, puesto que seguir las recomendaciones del FMI "requiere una gran dotación de recursos para las familias más necesitadas", para quienes ha considerado que tendría un impacto redistributivo muy duro.