Los pensionistas representan un grupo cada vez mayor dentro de la población española. Pese a los esfuerzos del Gobierno por contener a los trabajadores que se suman a las filas de jubilados, e, incluso, pese a las muertes provocadas por la crisis del coronavirus, aquellos que cobran una prestación por jubilación, viudedad, incapacidad u orfandad ya rozan el 21% de los ciudadanos. Eran el 18% hace doce años, según las últimas cifras comparables del Ministerio de Seguridad Social (entonces, Ministerio de Empleo).

Según las últimas cifras conocidas, del mes de julio, 9.946.399 personas cobran ya una pensión en España. Es un récord histórico. Son el 20,96% del total de la población, lo que representa también la cifra más alta desde que existen cifras comparables; un dato que se alcanza, precisamente, en el año en que estas prestaciones se revalorizarán más de lo que se han revalorizado nunca en la historia del país por la inflación, disparada en lo que va de año.

De acuerdo con la ley aprobada por el Gobierno el pasado diciembre, que después convalidó el Congreso, ahora las pensiones deben aumentarse cada mes de enero en la misma medida en que se hayan incrementado los precios al consumo durante el año anterior. Por eso, el pasado enero las pensiones subieron un 2,5%. Este, sin embargo, aumentarán alrededor de un 7% a causa de una inflación que este mes de julio ha alcanzado un alza no vista desde 1984, de un 10,8%.

Durante los últimos 20 años la mayor revalorización que han experimentado las pensiones fue en 2008, cuando el Gobierno las subió un 4,1% -un 2% por la inflación prevista para 2008 más un 2,1% por la desviación de los precios el año anterior, en base al anterior mecanismo de actualización de estas prestaciones-. Lo que el Ministerio de Escrivá no esperaba este año era tener que desembolsar más de 12.000 millones "extra" por su medida estrella que buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo sufría desde la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy.

Hay que recordar que en otoño la Comisión Europea esperaba que la inflación media española de este 2022 se situase en el 2,8%, muy por debajo del 8,1% que maneja ahora, sobre todo a consecuencia del encarecimiento de los precios de la energía que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania. Según las últimas cifras publicadas, las instituciones y analistas económicos más prestigiosos esperan que el índice de precios al consumo (IPC) español se dispare un 7,9% este año, de media.

Escrivá intenta contener el saldo demográfico con más inmigración

En 2021, en España murieron 113.000 personas más de las que nacieron, con 336.000 nuevos bebés y 449.000 fallecimientos. Este salgo vegetativo negativo pudo compensarse con la inmigración, ya que, por esta vía, la población aumentó en casi 149.000 personas. Los españoles que se marcharon, casi 382.000, fueron menos que los inmigrantes que llegaron, más de 530.000, y así, la población aumentó en 34.000 personas.

Este flujo migratorio es el que el ministro José Luis Escrivá quiere aprovechar para introducir nueva mano de obra en el mercado de trabajo. En un momento en el que existe un problema con las vacantes en el país, con los empresarios lamentando que no consiguen cubrir ciertos puestos por más que los anuncian -se calcula que hay unos 100.000 puestos libres en esta situación, sobre todo en el transporte, campo, hostelería y construcción-, el Gobierno ha optado por flexibilizar los requisitos para trabajar.

Tuits del ministro de Seguridad Social explicando la reforma de la Ley de extranjería.

La regularización de extranjeros por formación entró ayer en vigor, permitiendo a estudiantes compaginar formación y trabajo. Aquellos que hayan vivido dos años en España podrán regularizar su situación si se forman, según el real decreto con el que queda modificado el reglamento de la Ley de extranjería. El cambio beneficiará tanto a inmigrantes irregulares ya presentes en España como a futuros trabajadores que puedan ser contratados en sus países de origen.

Las otras claves para afrontar la jubilación de los 'baby boom'

El aumento de la población en edad de jubilación, y, por ende, de los pensionistas, no es una sorpresa. El Gobierno sabe que los jubilados van a aumentar un 67% de aquí a 2050 por el envejecimiento de la generación del baby boom, la más numerosa de todas -quienes tienen este entre 45 y 65 años, nacidos entre 1957 y 1977-, y que la población activa va a reducirse, según las proyecciones del INE, alrededor de un 10% en ese mismo periodo.

Es una de las razones que motivó a llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones el año pasado, que aún debe finalizarse. Dentro del segundo bloque, que el Gobierno tiene previsto empezar a negociar con sindicatos y empresarios en septiembre, se incluirán medidas como incrementar las bases máximas de cotización -y, por tanto, las pensiones máximas-, así como modificar el periodo para el cálculo de la pensión.

En el primero, que se aprobó ya en 2021, se incluía un aumento de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, penalizaciones para aquellos que adelanten su salida del mercado laboral y mayores pensiones para quienes la retrasen unos meses más allá de la edad legal de jubilación. Con este conjunto de medidas, en Moncloa aseguran que las pensiones estarán más que garantizadas para las futuras generaciones, pero deberán convencer al resto de grupos políticos con presencia en el Congreso.

Y deberán hacerlo antes de final de año, el plazo prometido a Bruselas a cambio de fondos europeos. Lo consiguieron con la primera parte de la reforma de las pensiones, pero no fue así con la reforma laboral, que solo salió adelante gracias al voto erróneo -a favor- de un diputado del Partido Popular.