El pasado viernes se cumplieron siete meses desde que el consejo de ministros aprobó el bono del alquiler joven, destinado a los que perciben bajos ingresos. Pero la medida estrella de Pedro Sánchez para impulsar la emancipación de los jóvenes trabajadores no ha llegado aún al bolsillo de ninguno de ellos.

A pesar de que en el Ministerio de Transportes, que ostenta las competencias relativas a vivienda, eran optimistas a principio de año -entonces aseguraban que las primeras comunidades autónomas podrían lanzar sus convocatorias en abril, tres meses después de aprobar el real decreto-, a diez días de que comience el nuevo curso ninguna región ha resuelto su convocatoria.

Quienes tengan que buscar piso para arrancar el nuevo curso académico deberán hacerlo sin la subvención, anunciada por el propio presidente del Gobierno el pasado mes de octubre. "Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros [finalmente, 24.318,84 euros]", aseguró Sánchez, haciendo referencia a que la edad de emancipación en España es "insoportablemente alta".

Se trataba de un acuerdo al que llegaron en el seno del Gobierno de coalición PSOE y Podemos de cara a los presupuestos generales del Estado de 2022. La intención del plan, sin embargo, quedó descafeinada por el bajo presupuesto del que se dotó -de 200 millones de euros para este año en todo el territorio nacional, por lo que llegará a entre 60.000 y 70.000 jóvenes, el 1,7% de los posibles beneficiarios- y por la oposición de algunas comunidades autónomas, como Madrid, que lo tildaron de medida electoralista.

"Suena a no ir a la raíz de los problemas y con el dinero de todos hacer anuncios de campaña", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por ahora, el plazo para solicitar el bono solo ha terminado en Cataluña, la segunda región que abrió la convocatoria, por detrás de la Comunidad Valenciana. Les siguieron Galicia, Asturias, Extremadura, La Rioja y Murcia, todas en julio.

Dos no han arrancado el periodo para solicitarlo y cuatro no han lanzado convocatoria

Pero todavía son un puñado las comunidades autónomas donde los jóvenes no han podido empezar a solicitar esta ayuda del alquiler. En dos el periodo no arranca hasta septiembre -en Castilla y León lo hará el 1 de septiembre y en Aragón, el 15-, mientras que en otras cuatro no hay convocatoria ni fechas aproximadas -Madrid, Andalucía, Ceuta y Melilla-.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recuerdan que el bono tiene efectos retroactivos. Es decir, que independientemente de la fecha de la convocatoria y de su resolución, los jóvenes que sean designados para recibir la ayuda lo harán desde el pasado mes de enero, si cumplían los requisitos entonces.

Una ayuda que solo aplica al 1% de la oferta

La ley establece dos supuestos para recibir el bono del alquiler, siempre que se perciban rentas del trabajo inferiores a los 24.318 euros -tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para las ayudas sociales-: cuando los jóvenes alquilen una vivienda en su totalidad, cuyo precio no podrá superar los 600 euros para poder beneficiarse de la ayuda. Este máximo será ampliable hasta 900 euros si las comunidades autónomas así lo deciden.

El segundo supuesto es el de las viviendas que estén alquiladas por habitaciones, en cuyo caso el máximo a pagar para poder beneficiarse será de 300 euros por habitación, ampliable a 400 si las comunidades autónomas lo deciden así. A la vez, pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta del alquiler descontado el bono.

Sin embargo, y como ya explicó este medio, estos requisitos para el bono joven de alquiler solo aplica a alrededor del 1,35% de la oferta actual de Madrid, Barcelona y Valencia, según se extrae de las búsquedas del portal inmobiliario Idealista. Concretamente, en enero solo había 274 pisos en esa web que se alquilasen por menos de 600 euros en estas tres ciudades, las más pobladas de España, de un total de 20.192 en oferta.

Asumiendo que todas las comunidades autónomas ampliasen ese límite de 600 euros a 900 euros en toda la ciudad, en Madrid, Barcelona y Valencia cumplirían ese requisito el 26,5% de los pisos ofertados. Sin embargo, en principio esta ampliación debería ser solo una excepción para zonas con precios especialmente altos, que las regiones deberán delimitar.